Reforma Eléctrica. Gobierno austero enfrentaría costos de litigios e indemnizaciones los próximos 20 años

La Reforma Eléctrica causará un gran impacto regulatorio y económico, en un gobierno austero que deberá enfrentar costos de litigios e indemnizaciones en los próximos 20 años, advirtió Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista.

Al participar en el Foro 13 del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, con el tema “Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”, indicó que el “Estado puede reformar la Constitución y puede violar tratados internacionales, es su potestad soberana, pero tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.”

“Se deberá tomar en cuenta las indemnizaciones que se tendrían que cubrir, y hasta el momento, no he visto un análisis serio por parte del Gobierno del costo-beneficio que representan los cambios constitucionales que se proponen. Necesitamos evaluar si esta Reforma es realmente necesaria.”

Además, el tema de revocación de los permisos de autoabastecimiento por parte de la Comisión Reguladora de Energia (CRE) es algo que se está ejecutando hoy en día, y que el tema está a discusión e interpretación de los jueces de si hay o no un fraude a la ley.”

“Me parece que ese tema no necesitamos subirlo a la Constitución para tener certeza jurídica, una vez que los jueces competentes, y conforme a la Constitución, el Poder Judicial de la Federación se pronuncie.” Y obviamente, estos temas con reforma o sin reforma van a seguir judicializándose.

Agregó que para solucionar los problemas que plantean los defensores de la iniciativa, no es necesario reformar la Constitución, sin necesidad de afectar derechos constitucionales, ya que la mayoría de ellos se pueden atender mediante regulación secundaria.

“Un órgano revisor de la Constitución, sin límites, puede atropellar derechos “y eso me parece que en el siglo XXI no es aceptable”, consideró el abogado constitucionalista.

Estimó que el modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de inversión pública que van a tener que ser sacados de los impuestos o a base de endeudamiento público.

“Yo quiero ver en esta República austera, de dónde se sacarán los recursos para indemnizar a los privados; y para destinar los fondos públicos necesarios para que CFE pueda cumplir con la demanda eléctrica en los próximos 30 años.” Sobre todo, cumpliendo compromisos internacionales vinculados a la protección ambiental.

La Constitución tiene todavía, una serie de disposiciones, que no aclaran al 100% cada uno de los temas y que dejan, ahorita, a gran margen de discrecionalidad la interpretación de la Constitución para definirse las reglas por parte de los legisladores y reguladores.

Esto va a generar controversias y una serie de necesidades interpretativas por parte de los jueces. Refirió que hay que recordar las grandes reformas del pasado a partir de la Constitución de 1917 con la disolución de los latifundios, las haciendas del porfiriato; con los cambios y revocación de concesiones en materia petrolera.

Estas reformas constitucionales, expuso, dieron pie a 20-30 años de litigios, el tema petrolero se saldó hasta 1938 cuando se cambió a todos los ministros, y hubo que indemnizar a todas las empresas petroleras. Lo mismo sucedió con los grandes hacendados en Yucatán hasta 1935 se seguían litigando en la Suprema Corte.

“Todos esos grandes cambios van a traer un gran impacto regulatorio, un gran impacto económico, en la impartición de justicia, porque es un tema que va a estar en los tribunales en los próximos 20 años”, concluyó.

Video completo del Foro 13. «Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”