Ramses Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos
Los contratos de PEMEX orientados a incrementar la producción de la empresa estatal buscan abastecer adecuadamente las refinerías nacionales y posibilitar la exportación de crudo hacia 2030. Sin embargo, actualmente se enfrentan a un contexto geopolítico complejo en el sector de hidrocarburos, especialmente ante la rápida adaptación y resurgimiento de Venezuela en este ámbito. Este país se posiciona como un competidor de México en el sector de hidrocarburos a corto plazo.
El 15 de enero pasado, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó una propuesta para la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de incorporar el modelo de Contratos de Participación Productiva (CPP) establecido en la Ley Antibloqueo. Esta iniciativa busca fortalecer el sector energético nacional. El modelo CPP reemplaza los contratos mixtos implementados en 2007, luego de la expropiación de activos, campos e infraestructura de empresas que operaban en el país hasta ese momento.
Como resultado del bloqueo impuesto por Estados Unidos al petróleo venezolano en 2020, surgieron los CPP, permitiendo incrementar la producción, que no superaba los 600 mil barriles diarios. Cabe destacar que los contratos mixtos no ofrecieron solución ante la caída de más de 2.4 millones de barriles de producción durante su vigencia.
Los contratos mixtos continuarán vigentes en muchos casos, mientras que otros serán ajustados de acuerdo con el nuevo modelo definido por la política y relación comercial con Estados Unidos. Este enfoque dará lugar a nuevos contratos del tipo CCP, cuya implementación será conforme a la legislación recientemente presentada y se orientará hacia campos que no han recibido inversiones previas ni cuentan con infraestructura existente. Asimismo, se destacó que, bajo este esquema, en el año 2025 realizo una inversión aproximada de 900 millones de dólares, resultado del esfuerzo conjunto de inversionistas nacionales e internacionales.
Para incrementar la producción petrolera en Venezuela a corto plazo, es fundamental realizar reparaciones en los pozos existentes y enfocar los esfuerzos en aquellos lugares donde exista infraestructura disponible para exportar el crudo de manera eficiente. De esta forma, se facilita la comercialización y, a través del control ejercido actualmente por Estados Unidos sobre las ventas, se podrá restablecer el flujo correspondiente a Venezuela de acuerdo con el contrato o modelo de explotación vigente.
Previo a continuar, es importante aclarar la diferencia entre un Contrato Mixto —basado en la figura de la Empresa Mixta— y un Contrato de Participación Productiva (CPP). Dicha distinción radica principalmente en el marco legal que los regula y el nivel de control operativo que se otorga al socio privado. Explicamos en un resumen breve:
Contrato Mixto (Empresa Mixta): Este esquema se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y contempla la constitución de una nueva sociedad anónima, en la que PDVSA mantiene una participación accionaria mayoritaria no inferior al 51%.
Contratos de Participación Productiva : En este modelo, no resulta indispensable la creación de una nueva entidad jurídica, dado que consiste en un acuerdo contractual entre PDVSA y una contraparte privada, autorizado por la Ley Constitucional Antibloqueo. Dicho instrumento fue desarrollado para adecuar las condiciones frente a sanciones internacionales y estimular la inversión directa bajo mecanismos flexibles. Bajo este esquema, los inversionistas privados pueden recuperar hasta el 55% del crudo producido como retribución por su inversión y costos operativos.
Contrato Mixto: Por lo general, PDVSA mantiene el control sobre las decisiones estratégicas y operativas; sin embargo, en determinadas situaciones, como el modelo adoptado con Chevron, se han delegado mayores responsabilidades al socio.
Contratos de Participación Productiva: Este modelo otorga a la empresa privada o transnacional una mayor autonomía operacional. El inversionista privado asume el manejo de las decisiones y operaciones del yacimiento, lo que permite optimizar la gestión y rentabilidad del proyecto. Además, suele encargarse directamente de la producción y venta, asegurando eficiencia y retorno de inversión.
Contrato Mixto: Los dividendos se distribuyen conforme a la participación accionaria una vez satisfechos los pagos de regalías e impuestos. El flujo de caja depende directamente de los procedimientos administrativos establecidos por la empresa mixta bajo control estatal.
Contratos de Participación Productiva: Este esquema permite a los socios de PDVSA una recuperación acelerada de la inversión, autorizando el cobro del capital invertido (CAPEX) mediante la producción de crudo desde el primer año de operaciones, lo que representa un plazo considerablemente más corto respecto a los modelos convencionales. Adicionalmente, ofrece mayor flexibilidad fiscal y porcentajes impositivos más adaptables, disminuyendo la carga tributaria frente a otros esquemas y favoreciendo así la recuperación de la inversión.
Hacia finales de 2025 e inicios de 2026, los Contratos de Participación Productiva(CPP), han incrementado sustancialmente su participación, alcanzando hasta un 70%, equivalente a más de 700,000 barriles diarios de la producción de crudo en determinadas zonas operativas de Venezuela.
Las empresas mixtas continúan representando la principal estructura formal para la gestión de activos a largo plazo. Sin embargo, los Contratos de Participación Productiva (CPP) se emplean como mecanismo operativo para optimizar la producción en pozos maduros y campos específicos de manera inmediata. En este contexto, la EMPRESA privada lleva a cabo actividades de prospección, exploración, extracción, tratamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, asumiendo íntegramente los costos, la gestión y los riesgos asociados dentro del área geográfica asignada.
Los contratos CPP podrían representar un incentivo económico relevante para Venezuela, al ofrecer mecanismos de comercialización más directos y evitar la necesidad de otorgar grandes descuentos en la venta de petróleo. Esto permitiría a las empresas asignadas recuperar su inversión de manera más eficiente, gracias a la posibilidad de incrementar rápidamente el volumen de producción.
De continuar el acuerdo con Estados Unidos, sería posible observar una reactivación económica, especialmente en el sector de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las compañías que administran campos petroleros, así como las empresas de servicios asociadas, requerirán insumos como alimentos, hospedaje y transporte, generando oportunidades tanto para las comunidades locales como para quienes se trasladen por motivos laborales. Adicionalmente, los 23 estados y los 335 municipios del país podrían beneficiarse mediante un aumento en la actividad económica y el desarrollo regional. No obstante, dichos resultados estarán condicionados a la existencia de un entorno fiscal competitivo, la minimización de la corrupción y la agilización de trámites administrativos para facilitar, el acceso a recursos generados de las actividades petroleras para la sociedad, y mejora del país.
Venezuela tiene potencial para desarrollarse, siempre que se evite la concentración del poder y los recursos en manos de una sola persona o grupo. Es fundamental promover una distribución equitativa que permita a todos participar y acceder a las oportunidades dentro del nuevo mercado de hidrocarburos y, posteriormente, al desarrollo del sector eléctrico. Con la reactivación económica, será indispensable garantizar la provisión eficiente de servicios básicos como agua y electricidad, cubriendo así las necesidades derivadas del aumento de actividades y población, actualizando con esto al país para el futuro energético dentro del mundo.
Se espera que la ciudadanía venezolana pueda aprovechar esta segunda y última oportunidad ante la posible inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, en lo relativo a nuevos proyectos de inversión. Estas iniciativas podrían favorecer el aumento de la recaudación fiscal, la generación de empleo y una mejora en el poder adquisitivo de la población. Asimismo, se prevé que estos efectos se reflejen en una reducción de la inflación, como resultado de una mayor oferta en los distintos sectores económicos del país.
En México, los contratos mixtos representan una estrategia clave para incrementar y mantener la producción conforme a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, que contempla alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios al cierre de la década, resultado del esfuerzo conjunto entre PEMEX y operadores privados. Surge la interrogante de si los contratos implementados desde 2015, a través de rondas y los esquemas mixtos, continúan siendo adecuados frente a la actual coyuntura geopolítica y las nuevas tendencias en atracción de inversiones.
Si México establece una producción máxima, destinando parte de ésta para el envío a refinerías con el propósito de alcanzar la autosuficiencia únicamente en diésel —y no en gasolina, turbosina, GLP— surge la pregunta sobre la viabilidad de modificar los modelos actuales. ¿No sería posible replantear esta estrategia, como lo ha hecho Venezuela, para que la Secretaría de Energía pueda adaptar el modelo de Contratos de Participación Productiva? El objetivo sería incrementar la renta petrolera nacional ante la falta de ingresos a corto plazo para cubrir el gasto presupuestal y reducir el nivel de deuda causada por el déficit anual.
El actual modelo de contratos de extracción en México, que incluye rondas, asignaciones, esquemas mixtos, contratos de obra pública financiada y otras modalidades, carece de relevancia en el nuevo contexto geopolítico proyectado para 2026, donde el petróleo seguirá siendo un recurso clave en las transacciones económicas globales. Es imprescindible que México revise y adapte su modelo para responder eficazmente a las necesidades y demandas de quienes requieran y deseen acceder al petróleo.
