Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos podrían ser un riesgo de judicializar de la política energética del país, que implicará además de la destrucción de valor, un alto costo económico por las demandas legales que no pagará esta administración sino los próximos dos sexenios, advirtieron expertos del sector.
Durante un seminario virtual sobre este tema, Marco Antonio de la Peña Sánchez, coordinador de la Comisión de Energía de la Barra mexicana Colegio de Abogados, sostuvo que siempre es mejor conservar y crear valor que desgastarnos en no ponernos de acuerdo. Y “un peligro que existe es que cabe judicializándose la política energética.”
Cuando un juez por muy preparado que esté, es difícil que conozca los detalles tan técnicos y tan especializada de las nuevas leyes, dijo el especialista. Por eso sería necesario hacer una revisión integral y se tiene que reformar el marco constitucional hacerlo. Lo que no se puede hacer es que, sin tocar una coma a la Constitución, establecer actos administrativos y ahora legislativos.
De ahí que quienes resultan afectados, solo les queda interponer amparos por violación a sus garantías constitucionales. En el caso de electricidad van más de 133 amparos, la controversia constitucional de la Cofece y una acción de inconstitucionalidad.
Ahora, también están, adicional a los amparos, los tratados internacionales y arbitrajes de inversión que podrían derivar en sanciones comerciales.
Menos recursos para el Estado, mayor costo para los mexicanos
Al respecto Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sostuvo que todos estos procesos judiciales tienen un impacto sobre los recursos del estado mexicano, no solo del gobierno. Estos arbitrajes se ganarán o perderán una vez que termine este gobierno su periodo.
Eso significa que el Estado tendrá menos recursos para poder compensar a estas empresas, que tienen todo el derecho de recibir esas compensaciones. Esto no solo es en termino de los recursos, sino que en este caso se destruyó valor al eliminar la posibilidad de competencia que redundara en menores precios para los consumidores.
Además, en el futuro los mexicanos tendremos una deuda, que no va a pagar el actual gobierno, sino de los mexicanos con estas empresas, como consecuencia de decisiones completamente inviables.
A mí me preocupa muchísimo, expresó, cambiar la Constitución y las condiciones del juego para los inversionistas cada ciclo político, porque no convierte en un país donde es imposible recibir inversiones y dar certidumbre a extranjeros y también a los propios mexicanos.
Advirtió que si abrimos la posibilidad de cambiar la Constitución de esta forma sería muy peligroso para el futuro económico, social y ambiental, advirtió. Nos pone en un nivel de país que difícilmente se puede reponer de una condición de este tipo.
Más que una sanción económica
Para Santiago Arroyo Seguedo, CEO de Ursus Energy Consulting, comentó que nos “encontramos en un momento de regulación judicializada”. “Tenemos tristemente una CRE omisa, ausente, no existe en los hechos, y toda esta labor de regulación la están tomando los tribunales, que en un entorno de mercados es una aberración.”
El costo de una sanción internacional, no solo es económica sino también un alto costo en materia institucional, así como en capacitación, en mejora e incluso en cambio de legislación para hacer frente a dichas sanciones derivadas de los litigios.
Y todos estos costos, los va a asumir esta administración, sino la siguiente o quizás la que sigue, no lo sabemos; pero en algún momento vamos a recibir el golpe de una resolución de estas características.
Buscar herramientas que no están en litigio, generación distribuida
Finalmente, Guillermo García Alcocer, profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), previamente advirtió que las acciones jurídicas contra de las nuevas disposiciones en ambas leyes, y en particular la de la LIE, van a continuar.
De manera que los actores y consumidores debemos promover más energías limpias para que menos plantas “sucias” entren en operación. “Es mejor generar valor y crear valor que estarnos desgastando en ponernos de acuerdo”, propuso.
“El proceso judicial va a proseguir por su propio camino, van a ser años”, agregó. El llamado es a buscar herramientas donde no se está en litigio hoy día. Tal es el caso de la generación distribuida que va a ser toral en todo este proceso.
La LIE contempla prender las plantas más ineficientes y más caras, “que vamos a tener intermitencias, pues un llamado a apoyar al sector energético nacional porque en la medida que entren más generaciones distribuidas, menor presión va a haber para prender esas plantas más ineficientes”, expuso el también ex comisionado presidente de la CRE.
