El paquete de iniciativas para la Regulación y Reforma del Sector Energético y las Empresas Públicas del Estado, que ya ha sido aprobado en el Senado de la República, contiene medidas que deben ser discutidas antes de su aprobación por la Cámara de Diputados para evitar impactos negativos en el sector y en la economía del país.
De cara al futuro, nuestro país enfrenta desafíos energéticos importantes. A pesar de los esfuerzos por diversificar la matriz energética, México sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, que representan aproximadamente el 79% de la generación eléctrica, revela el estudio: Reforma energética 2025: avances, riesgos y la ruta pendiente, de México Evalúa.
En posibles entornos internacionales de precios bajos del petróleo y gas —el objetivo de la política energética que persigue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump—, esta dependencia alteraría estructuras de costos del sector energético mexicano. Esto debido a las posibles fluctuaciones internacionales de los precios y la rentabilidad de proyectos fósiles contra renovables. El resultado previsible sería que la transición hacia fuentes menos contaminantes en la industria mexicana quede limitada. Recordemos que más del 60% del gas natural consumido en México se importa desde Estados Unidos, lo que genera una vulnerabilidad adicional ante posibles tensiones comerciales.
En el sector eléctrico, la meta comprometida internacionalmente de alcanzar un 35% de energía limpia para 2024 no se cumplió. Ello aleja al país —todavía más— del objetivo firmado por México de alcanzar un 50% para 2030. A estos retos se suma el impacto del cambio climático, la crisis hídrica —41.8% del territorio nacional sufre sequía—, y la dificultad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para responder a los consumidores con suministro de calidad y asequible. Al cierre de 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró 7,837 quejas contra la CFE. Así, es ya la empresa con más reclamaciones de usuarios mexicanos principalmente por cobros excesivos, retrasos en pago de bonificaciones y apagones. Según datos de 2022, del total de quejas presentadas, el 31% fueron conciliadas, y solo en 508 casos se logró establecer alguna compensación a favor de los consumidores, esto representa una tasa del 5% de éxito a favor del consumidor.
Preocupaciones sobre transparencia, regulación y medio ambiente
México continúa generando el 79% de su electricidad a partir de combustibles fósiles, lo que lo expone a fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y el gas. Además, el país sigue dependiendo en gran medida del gas natural importado de Estados Unidos, lo que representa una vulnerabilidad ante posibles tensiones comerciales.
En ese entorno, la desaparición de los órganos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la concentración de funciones en la Secretaría de Energía generan preocupación sobre posibles conflictos de interés y una reducción en la certidumbre para los inversionistas.
Además, el paquete de reformas establece que los secretos bancario, comercial y fiscal para los permisionarios del sector de hidrocarburos no serán aplicables en los procesos de verificación e inspección, lo que podría representar una vulneración a la privacidad de las empresas y un posible riesgo de inconstitucionalidad.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dictaminado que la reforma no tendrá impacto presupuestal, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad financiera de las iniciativas planteadas. México Evalúa considera fundamental realizar un análisis detallado del impacto presupuestal para evitar afectaciones futuras a las finanzas públicas.
Oportunidades y aspectos positivos
Entre los cambios más significativos se encuentran la eliminación de permisos para inversiones en generación de hasta 700 kW, facilitando la producción de electricidad para pequeñas empresas y hogares; así como la apertura a proyectos mixtos con un mínimo de 54% de participación estatal. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la concentración del control estatal, la incertidumbre regulatoria y la sostenibilidad financiera de los proyectos.
La reforma también busca fortalecer la inversión en energías renovables, con un plan de inversión de 23,400 millones de dólares en infraestructura a lo largo del sexenio. Del mismo modo, destaca la promoción de la generación distribuida y el fortalecimiento del abasto aislado para el sector industrial, así como la creación de un nuevo esquema regulador que podría mejorar la atención a los consumidores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aspectos climáticos: ¿se cumplirán los objetivos medioambientales?
Para cumplir con los compromisos internacionales en materia climática, la reforma plantea una serie de medidas y de leyes dirigidas a impulsar la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes. Destaca la propuesta de una Ley de Biocombustibles, que fomentaría el uso de residuos orgánicos y la producción sustentable de biomasa para reducir la dependencia de fuentes fósiles. Adicionalmente, se establece la obligación para la CFE y Pemex de desarrollar programas de mitigación ambiental, orientados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover energías renovables, lo cual es muy positivo para el derecho a un medio ambiente sano para la población.
Respecto de la ley que se propone para la planeación vinculante y la transición energética, el nuevo modelo de gobernanza destaca una mayor concentración de las decisiones solamente en la Sener, Pemex, la CFE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la CNE, principalmente, y prácticamente ningún espacio de participación en el Consejo de Planeación para la iniciativa privada, la academia y las organizaciones de la sociedad civil —que sí plantea la ley vigente—. Es más, dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedarían solamente como invitados sin derecho a voto en el consejo de planeación.
Algo nuevo en el modelo eléctrico del paquete de reformas propuesto es el énfasis en la CFE no solo como una empresa prevalente sobre los participantes privados en el sector, sino el rol que se le asigna en diversas leyes como garante de la confiabilidad, seguridad, continuidad y accesibilidad del sistema eléctrico nacional. Esta cuestión se distingue del marco jurídico vigente, que acota a la CFE a un rol de competidor del mercado, mientras la garantía de las cualidades del sistema se ubica principalmente en la Sener y sus órganos desconcentrados, como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que es el operador del despacho del fluido eléctrico.
El paquete legislativo, ya votado en el Senado, se compone de las siguientes ocho leyes nuevas:
- Ley del Sector Eléctrico
- Ley del Sector de Hidrocarburos
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos
- Ley de Planeación y Transición Energética
- Ley de la Comisión Nacional de Energía
- Ley de Biocombustibles
- Ley de Geotermia
Además, se proponen modificaciones en tres leyes vigentes:
- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
