Leopoldo A. Salinas
Director de Operaciones y Riesgo
Acclaim Energy México
Los legisladores iniciaron el pasado día 17 de enero los trabajos de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica con la sociedad civil y el sector privado para repasar los argumentos a favor o en contra de la eventual promulgación de la reforma eléctrica presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado mes de septiembre.
Para estas reuniones de discusión y valoración de elementos técnicos, jurídicos, económicos, ambientales y políticos, entre otros, fue que se convocó a varios líderes que podrían compartir su perspectivas.
Es importante resaltar que la referida reforma (i) prioriza las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aunque sean más caras y contaminantes que las de los particulares, así como a repartición de la capacidad de generación señalando un 54% de esa capacidad de generación para la CFE y el 46% restante para los privados, (ii) dejando en área gris lo que pasaría exactamente con los permisos y contratos de privados, así como la generación distribuida. La redacción del texto de la referida reforma provocó que se encendieran las alarmas dentro del sector privado y, obviamente, sirvió como premisa inicial para el rechazo frontal de gran parte de la oposición.
Se espera que estos debates duren cuatro semanas, terminando el próximo día 15 de febrero. Antes de comentar lo que ha sucedido a la fecha de redacción de este reporte, debemos recordar que el partido oficial, promotor de esta reforma, tiene que convencer a 54 diputados para alcanzar los 333 que necesita, esto es, las dos terceras partes de la cámara baja. Como sabes, por ahora, el partido y sus aliados (PT y Verde) cuentan con 279, ¿De dónde pudieras salir esos votos faltantes? Fuentes y medios informativos especulan que podrían provenir del PRI; casi inmediatamente algunos de sus antiguos dirigentes expresaron su rechazo a la iniciativa, sin embargo, otros miembros del partido mostraron una actitud propositiva o prudente; dando señal de que de aprobarse la reforma no lo sería de la manera en que se propuso originalmente.
Se espera que la votación de la reforma en la cámara baja suceda entre finales de febrero y principio de marzo de este año, para luego enviarla al Senado. El proceso podemos pensar podría finalizar en el mes de abril.
El pasado día 20 de enero se recibió la visita de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, para tener una serie de encuentros con su homóloga mexicana, así como con el titular del poder Ejecutivo; coincidiendo con las fechas en las que se está dando el parlamento abierto, pero también así con la compra de Pemex de la refinaría Deer Park, ubicada en Texas.
Esta visita llegó acompañada de una serie de reclamos por parte del mercado energético en Estados Unidos en torno a la política energética que se está debatiendo, en la que señalan que se estaría poniendo en riesgo los acuerdos del T-MEC, pues ha tenido un trato discriminatorio hacia las empresas estadounidenses, aunado al informe del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, que depende de la oficina de la secretaria Granholm, en el que se sostiene que la reforma eléctrica podría generar que el uso de combustóleo aumente en 823% en un panorama conservador, el cual podría llegar hasta 1,109% en un escenario máximo.
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Algunos medios consultados señalan que existe temor ante la entrada de esta reforma, la cual asumen implicará el control absoluto del mercado eléctrico mexicana de la CFE.
Este último punto encontró apoyo en el sector privado mexicano, el cual realzó su campaña contra esta iniciativa: en un documento de análisis del CEESP -el Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial- siguieron sus advertencias de que será un retroceso y pondrá en riesgo al sector y las inversiones.
El representante de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), el hidalguense Omar Fayad, propuso que se incluyera a los gobernadores en el desarrollo e implementación del sistema eléctrico mexicano, que se reconociera el derecho a la accesibilidad de la energía y que se elaboren y entreguen propuestas técnicas y sociales, más allá de ideologías políticas.
Algunos participantes enviados por Morena afirmaron que la legislación vigente no se ha traducido en beneficios directos para la sociedad mexicana ni para la misma CFE y sus trabajadores, e insisten en que la iniciativa privada acapara la generación de energía en el país y, de aprobarse la iniciativa, se detendría la “privatización” del sector eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE.
Por otro lado, la bancada de oposición reafirmó su postura argumentando que la propuesta es un modelo agotado que, de aprobarse, el país retrocedería al menos 60 años en la operación del modelo eléctrico, al margen que no se resolverían los problemas de fondo que lo aquejan, y que se afectaría la calificación crediticia del país, sumado al daño reputacional del país derivado de la potencial condena por el pago de las indemnizaciones a particulares con cargo al erario público al momento de cancelarse todos los contratos que se mantienen vigentes, y que representan cerca del 62 % de la energía eléctrica que se genera en México. El argumento de la bancada opositora señala que lo anterior puede traducirse en probables interrupciones del servicio de energía eléctrica que afectarían de sobremanera a la industria y al comercio de bienes y servicios.
El domingo 23 de enero, la bancada del Partido Acción Nacional pidió replantear la reforma con el objetivo de que esté a favor de las energías limpias, la protección a la salud, el cuidado al medio ambiente y la promoción de las inversiones productivas del sector, señalando que la reforma costaría hasta 512 mil millones de pesos, según los datos proporcionados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El líder blanquiazul Marko Cortés señaló que impactaría a las familias mexicanas causándoles un encarecimiento de la energía ya que la CFE se convertiría en un monopolio, y que México sería identificado junto con los países con gobiernos autoritarios, por lo que se ahuyentarían las inversiones productivas en el sector.
A la fecha en que se está redactando este informe (24 de julio de 2022), y que coincide con el inicio de los trabajos de la segunda semana del referido ejercicio parlamentario, se estará discutiendo sobre el papel del Estado en la construcción del Sistema Eléctrico Nacional, y en el que se incluirán algunos de los aspectos que más preocupan a los grandes consumidores:
- Nacionalización de la Industria Eléctrica
- Liberalización de la generación y comercialización eléctrica
- Participación del sector privado en la Industria Eléctrica
Es importante seguir el avance del debate y exhortar a nuestros legisladores para que voten de forma razonada, motivados por lo que podría suponer un importante impacto para el país, su población y su reputación como destino de inversión de las compañías extranjeras. El mundo se está electrificando, y si lo que buscamos es competir y crecer como país, debemos contar con la infraestructura eléctrica y una regulación que sirva a los mejores intereses del país, incluso si debemos hacer algunos sacrificios en el corto plazo en aras de los beneficios a largo plazo para nuestra nación.
