El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la ceremonia de exposición de iniciativas de reforma a la Constitución, anunció un paquete de 20 iniciativas de reforma orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista; todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias al interés público.
En una de las propuestas, en la iniciativa 14, que se entregó al Congreso de la Unión, se busca devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en el paquete de iniciativas que entregó en el Congreso de la Unión, destaca la iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de industrias estratégicas del Estado, especificamente del sector eléctrico.
En la iniciativa se propone que, en el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no contituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como área estratégica. Sin embargo, no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control y, por tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En este vacío, son las leyes secundarias las que regulan el sistema, sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer.
Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado. Con lo anterior, se aclara que el resposable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado Mexicano, adicionando funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México. Este principio de planeación y control bajo responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberán verse reflejados en la legislación secundaria.
Por su parte, establece que el servicio público de internet que preste la empresa del Estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que, debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño.
Por otro lado, el artículo 27 establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en la demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social. De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pùblica del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Finalmente, en el artículo 25, quinto párrafo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporando el texto constitucional por recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estados de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y reduciendo su finalidad a la mera obtención de utilidades, sin ninguna función social. Asimismo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las “mejores practicas” porque, de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública.
