El Pleno del Senado de la República aprobó la legislación secundaria de la reforma energética que propuso el Poder Ejecutivo Federal, que recupera la rectoría de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado, así como para proveer a la población del suministro de energía a bajo costo.
El dictamen, que incluye ocho nuevas leyes y reformas a diversos ordenamientos, fue aprobado en lo general con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención; en lo particular recibió 81 votos a favor y 39 en contra, por lo que el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
La aprobación crea ocho leyes para el sector energético:
-Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE)
– Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex)
– Ley del Sector Eléctrico
– Ley del Sector Hidrocarburos
– Ley de Planeación y Transición Energética
– Ley de la Comisión Nacional de Energía
Y se reforman tres leyes vigentes:
-Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
-Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos
-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, María Guadalupe Chavira de la Rosa destacó que con la recuperación del carácter público de Pemex y la CFE se garantizará el acceso universal a la electricidad y a los combustibles, incluso en zonas que no eran rentables para los agentes privados. “México -dijo-, ya vivió los estragos de un sistema privatizador y no podemos depender de las empresas extranjeras para garantizar el acceso a un servicio universal”.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri, de Acción Nacional, consideró que esta reforma tiene ventajas como la limitación de la inversión privada, la transición energética y la simplificación administrativa, pero señaló que también se insiste en “continuar hundiendo a Pemex”, por los adeudos que tiene pendientes y que impactan el bolsillo de las familias.
Por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que la apertura al capital privado en la generación de energía puede subsistir con la participación del Estado; no obstante, criticó que con este paquete de reformas se plantea retroceder controles, eliminar órganos reguladores y concentrar el poder en el gobierno. “Lo más sensato sería fortalecer la transparencia y la competencia”, añadió.
En tanto, Waldo Fernández González, del PVEM, afirmó que las reformas tienen un carácter social y un sentido de justicia energética, además de que consideran un esquema vertical de operación por parte de las empresas, para asegurar el acceso de la energía a precios accesibles y justos, y se afirma la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos.
Por su parte, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, dijo que la reforma está encaminada a garantizar la soberanía energética y reafirmar el papel del Estado como rector de este sector, así como a revertir las consecuencias de los periodos neoliberales, que sólo promovieron el encarecimiento de los servicios, la pérdida de control sobre los recursos fundamentales y una dependencia energética extranjera que comprometió el desarrollo del país.
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, expresó que México merece una reforma energética que aliente la competitividad, sin descuidar la regulación del Estado y con controles estrictos a la corrupción, que se comprometa con la generación de energías limpias y la transición energética; sin embargo, “este paquete de reformas poco hace por corregir, mejorar y transformar el sistema energético en su conjunto”.
Las senadoras Karla Guadalupe Toledo Zamora y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante la Asamblea un voto particular en contra del dictamen.
Las reservas fueron rechazadas por el Pleno, de forma que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen, con 81 votos a favor y 39 en contra, por lo que el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.
