Desde 2013, el Gobierno Federal ha destinado más de 2.8 billones de pesos en apoyos fiscales y patrimoniales de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este flujo constante de recursos ha buscado fortalecer a la Empresa Productiva, ahora Empresa Pública, pero también plantea retos en transparencia, sostenibilidad fiscal y gobernanza.
La clasificación de las aportaciones patrimoniales como «inversiones financieras» ha permitido que estén exentas de los requisitos de transparencia que se aplican a los proyectos de infraestructura. Esto genera duda sobre la eficacia y efectividad en el uso de los recursos públicos.
La dependencia de la empresa a dichos apoyos podría comprometer otros rubros prioritarios del gasto público. Ante las recientes propuestas de cambios en las leyes secundarias del sector energético, existe una oportunidad única para revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión, asegurando que los apoyos contribuyan efectivamente a la estabilidad operativa y financiera de Pemex sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
Además de fortalecer la transparencia y la supervisión en el otorgamiento de apoyos a Pemex, es necesario promover una mayor evaluación de impacto y eficiencia en los procesos administrativos. Urge analizar alternativas para que la empresa cuente con una estructura financiera más sostenible y menos dependiente del presupuesto público.
