En México, ante los cambios estructurales presentados por el Poder Ejecutivo al Legislativo, presenta un gran reto y disonancia sobre la continuidad que puede tener a lugar en la nación, referenciado a tener una transición energética con el acceso a tecnología, y conocimiento para poder ser parte de los cambios geopolíticos respecto al uso de combustibles fósiles.
La propuesta presentada indica que la transición a dejar los combustibles fósiles, y cambiar la forma del mercado que dé acceso a mejores prácticas, quedará cancelada en el dado caso de que estas sean aprobadas.
Esta aseveración radica de las siguientes observaciones encontradas, y principalmente tiene que ver con los órganos reguladores que pretenden desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, referente a su autonomía de estos para el mercado mexicano en el sector energético:
- Al pasar a estas dos comisiones, a ser parte de la Secretaría de Energía, podría haber un conflicto de interés en el mercado energético, debido a que:
- SENER, es parte de los consejos de CFE y PEMEX. Convertiría en juez y parte, al determinar a quién dar, quitar, ampliar los permisos o contratos en el sector energético. Pudiendo beneficiar a las empresas del Estado.
- México podría caer en conflicto ante el TMEC. Debido a que el tratado fue suscrito en conformidad entre las partes, bajo las normas de mercado vigentes en su momento. Donde estaba plasmada la autonomía de los órganos reguladores vigentes en su momento de la firma, y una separación de las empresas productivas del estado de la SENER, en la parte operativa y financiera.
- Al revisar el tratado en 2026, podría haber nuevas cláusulas de protección o términos que hagan más complicado, el permitir las inversiones entre los países. Aludiendo a un posible conflicto de interés que podría haber en el mercado mexicano a las inversiones de Canadá y Estados Unidos. Pero podría haber otra posibilidad de no renovar el tratado, y convertirse en acuerdos bilaterales, bajo otras condiciones del mercado entre los países. Recordemos el TMEC, es acuerdo comercial no político.
- Crearía un entorno de incertidumbre para las inversiones. Dependerá, si la SENER otorga los permisos en el tiempo, y forma. Con la duda de que ésta, no caiga en el otorgar alguna ventaja a las empresas del Estado. Ahora todo regresaría como antes del 2013, adonde solo PEMEX y CFE podrían invertir en el sector energético y operar. Esto se podría convertir en una tentación, derivada a que, en los últimos años, la mayoría de los contratos han sido asignaciones directas, aludiendo a que son de interés público llevar a cabo, y no hacerlo pondría en riesgo a la autosuficiencia energética.
- PEMEX y CFE, dejarían de poder ser demandadas bajo la ley mercantil, y en el dado caso de tener una demanda internacional, esta tendrá que ser realizada, no con las empresas, sino con el Estado. Esto en los mercados, actualmente, no es del agrado. Además, que ahora ha surgido la figura de expropiación de activos, ante la premisa que son de interés público, como reza la ley de expropiación, y cuyo precedente es la DECLARATORIA de causa de utilidad pública de la Planta Productora de Hidrógeno, ubicada en la Refinería de Tula, a favor de Pemex Transformación Industrial. Cuando las empresas pasen de nuevo a ser estatales, cualquier contrato firmado con estas, podría convertirse en interés público. Podría haber un incremento de los costos de las licitaciones, o cualquier forma de contratación. Hoy, ante la falta de pagos a proveedores, altos riesgos sobre el nivel de las calificaciones crediticias en los mercados financieros, y la posible cancelación anticipada de un contrato; complicarán el apalancamiento para las empresas que quieran contratar con estas. Estando expuesta a altos costos financieros por las tasas de interés altas, y términos y condiciones severas, garantías o fianzas altas que cubran el negocio, ha realizarse con las empresas del Estado. Al fin y acabo, el presupuesto aguanta. Recordando que algunos de los contratos, PEMEX y CFE, no dan anticipos para un servicio, obra o producto.
- El sector energético, la mayoría de los proyectos, desde su concepción hasta su operación, puede durar entre 3 a 5 años el desarrollo de estos. Si los permisos tardan más del tiempo estipulado, muchas inversiones no serán realizadas, ante el riesgo de no dar, ante la decisión unilateral de la Secretaría de Energía. Creando un conflicto de interés, ante la posible tentación de asumir que puede debilitar a las empresas del Estado.
Es irónico e incongruente que la administración actual en recientes días haya emitido el ACUERDO por el que se aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. En la cual, una de las acciones indica que las regulaciones, y las instituciones son parte garante del mercado. Diciendo: “Las reglas que emite el Estado y que norman las actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medioambiente, a los recursos naturales o a la economía. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales”.
Entonces no caería en un conflicto de interés, ante decisiones que solo competirían a la SENER. Esto no deja a la transición energética en letra muerta. No es acaso que las regulaciones, deben ser coordinadas por órganos autónomos para que ayuden a las instituciones.
El TMEC, morirá debido a que la pugna actual vigente expresada por uno de los socios radica la falta de piso parejo en el mercado eléctrico, y la falta de tener permisos en tiempo y forma por parte de algunos reguladores dentro del mercado energético.
Conclusión: El TMEC depende de la incertidumbre que sea creada en 2024, y cómo esta pueda ser disminuida a partir del 2025, si mantiene las mismas reglas del mercado actual, y si la figura de expropiación toma un radicalismo alto al pretender decir que el todo es de interés público.
