Organizaciones Ambientalistas advirtieron que priorizar la generación de electricidad de las plantas de CFE -como parte de la Reforma Eléctrica-; implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida; así como una mayor práctica del fracking y a una mayor dependencia del gas proveniente de Estados Unidos.
Señalaron que las energías renovables no son consideradas en la Iniciativa de Reforma Eléctrica como prioritarias en el despacho. Esto, pese a que su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero.
Por el contrario, se plantea ahora que las plantas de la CFE sean las primeras en ser despachadas. Sin duda conllevará al “desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense; o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos.”
Así lo advirtieron las organizaciones firmantes del comunicado: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA); Colectivo Ecologista Jalisco A.C.; Colima 2030, Conexiones Climáticas A.C.; Greenpeace México; Iniciativa Climática de México (ICM).
Las consecuencias
El incremento de precios de la energía eléctrica; afectaciones a la salud de las personas, contaminación de las fuentes de agua; empeoramiento de la calidad de aire en diversas zonas del país, son solo algunos de los efectos directos de la iniciativa de reforma eléctrica.
Las centrales de generación eléctrica con combustibles fósiles de la CFE, han afectado impunemente el derecho humano a la salud de las personas que habitamos este país y sus ecosistemas durante décadas.
Quemar carbón y combustóleo implica emitir gases y compuestos tóxicos como el dióxido de azufre; material particulado; óxidos de nitrógeno; mercurio; plomo, entre otros. Mismos que dañan la salud de las personas. También contribuyen al alza en enfermedades respiratorias y al incremento en muertes prematuras por la mala calidad del aire.
Las comunidades
Las comunidades cercanas a las centrales termoeléctricas de carbón y combustóleo son aquellas que sufrirían directamente los impactos negativos de esta reforma; indirectamente, todas las personas padeceremos la agudización de los efectos del cambio climático.
En el caso del carbón, la contaminación por su combustión expone a más de 540,000 personas a vivir con niveles de contaminación. Los números exceden los límites de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que 7 millones de muertes ocurren cada año debido a la contaminación atmosférica.
A pesar de ser poco ambiciosas, México no logrará cumplir con sus metas climáticas establecidas en acuerdos internacionales y en la legislación nacional si mantiene y prioriza la generación de energía eléctrica con carbón y combustóleo, y afectará el derecho humano a un ambiente sano.
En este sentido, la iniciativa de reforma eléctrica es un retroceso, una regresión en nuestras acciones dirigidas a cumplir con las metas climáticas y de transición energética.
¿Queda duda de que la crisis climática en México está relacionada con el consumo excesivo de petróleo? La crisis climática es real: nómbrala y firma para combatirla: https://t.co/DdSkbwCNgp#CrisisCliméxico pic.twitter.com/k8cWylQEKi
— Greenpeace México (@greenpeacemx) October 9, 2021
Transición energética
La actual iniciativa de reforma concentra nuevamente todas las decisiones en el Estado y obstaculiza el derecho humano a la participación ciudadana, reconocido en el Acuerdo de Escazú.
Para enfrentar la crisis climática, tenemos que cambiar la forma de generar, consumir y decidir sobre el sistema energético nacional y transitar más allá de los combustibles fósiles y de la centralización de las decisiones del sector.
Una transición energética justa implica la democratización del sistema energético, donde se integren todas las voces y se fomenten distintos esquemas de propiedad, desde lo colectivo hasta lo estatal.
También implica que se haga justicia por los impactos sociales y ambientales pasados y presentes de la industria eléctrica y garantizar los derechos de las generaciones futuras. La posibilidad de participación de los distintos actores, consumidores y generadores en el futuro del sistema energético se ve limitada con la propuesta de reforma.
Más pendientes
Finalmente cabe recordar que esta propuesta de reforma se suma a otros grandes pendientes en la política y normatividad mexicana en materia de cambio climático y de emisiones con graves impactos a la salud.
Destaca la no publicación de una norma de límites de dióxido de carbono a la nueva flota vehicular (Norma Oficial Mexicana, NOM-163); y la suspensión de la NOM 044 que establece los límites máximos de emisión de contaminantes de vehículos pesados nuevos, que incluye una mayor penetración de diésel de ultrabajo azufre.
Estas ausencias comprometen, aún más, los esfuerzos de México para atender la crisis climática. De igual forma, la posibilidad de incrementar la ambición en la contribución nacionalmente determinada (NDC) tras la suspensión definitiva de la NDC de 2020 por su regresividad.
La crisis climática, pone en riesgo a cientos de miles de personas, especialmente a aquellos grupos menos responsables de las emisiones y tradicionalmente excluidos. Tal es el caso de las personas viviendo en la pobreza y marginación.
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