La subasta más reciente de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) en el principal centro comercial regional del noreste de EE. UU. alcanzó precios casi récord, ya que se redujo el número de derechos disponibles. La última subasta trimestral de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), celebrada el 6 de septiembre de 2023, dio como resultado un precio de compensación de 13.85 dólares por tonelada para las emisiones de CO2, superando el precio de compensación del trimestre anterior en un 9 % y acercándose al precio récord, 13.90 dólares por tonelada, establecido en marzo de 2022. Los precios de las asignaciones han aumentado desde la subasta de RGGI de marzo de 2023, ya que se han puesto a disposición menos asignaciones con el tiempo, indica la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).
Lanzado en 2009, RGGI es un esfuerzo cooperativo entre 12 estados del este para reducir las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. Los estados involucrados en RGGI incluyen Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia, aunque la regulación RGGI de Pensilvania está bajo una orden judicial, por lo que el estado no liberará ninguna asignación hasta nuevo aviso.
Los estados participantes establecen un límite regional para las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas reguladas. Los estados exigen que las centrales eléctricas compren una asignación de CO2 por cada tonelada corta de carbono que emiten. RGGI ofrece nuevas emisiones de carbono a través de subastas regionales trimestrales de emisiones de CO2, donde se venden un número fijo de emisiones. Estas subastas son subastas de precios uniformes y de licitación selladas abiertas a todos los participantes calificados que dan como resultado un único precio de compensación trimestral. RGGI reduce el número de derechos de emisión disponibles en las subastas a lo largo del tiempo con el fin de reducir las emisiones regionales y ajusta el total para tener en cuenta los derechos de emisión no utilizados de las subastas anteriores. Estos cambios en el límite del número de asignaciones han ejercido presión al alza sobre los precios de las asignaciones.
Para 2023, el límite regional ajustado de RGGI sobre las emisiones que se venderán en cuatro subastas para los 12 estados miembros suma asignaciones de 168.9 millones de toneladas cortas de CO2. Después de eliminar Pensilvania, el límite ajustado para los 11 estados participantes restantes totalizará las asignaciones de 93.4 millones de toneladas cortas de CO2.
Los estados de RGGI decidieron ajustar el límite para las asignaciones no utilizadas a partir de 2012 después de experimentar años sucesivos de grandes superávits, debido a las suposiciones al inicio del programa de que los precios del gas natural seguirían siendo altos y el crecimiento de la demanda de electricidad continuaría.
En la subasta de septiembre de 2023, RGGI vendió derechos de emisión de 21,9 millones de toneladas cortas de emisiones de CO2. Los estados de RGGI invierten la mayor parte de los ingresos de la subasta en programas de beneficios para el consumidor para mejorar la eficiencia energética, acelerar el despliegue de tecnologías de energía renovable y apoyar los programas de asistencia eléctrica al consumidor. Los ingresos de la subasta ascendieron a 303,9 millones de dólares en la subasta de septiembre y han totalizado 6,7 mil millones de dólares desde el inicio de las subastas en 2009.
Además de comprar derechos de emisión en una subasta, las entidades también pueden comerciar con derechos de emisión en mercados secundarios, ya sea directamente a través de operaciones extrabursátiles con terceros o a través de contratos de futuros negociados en bolsas. Los mercados secundarios dan a las empresas la capacidad de obtener derechos de CO2 en cualquier momento durante los tres meses entre las subastas de RGGI, lo que permite a las empresas protegerse contra la posible volatilidad de los futuros precios de compensación de las subastas y proporcionar una base para tomar decisiones de inversión en los mercados afectados por el costo del cumplimiento de RGGI.
