La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) aseguró que las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa. Además de que otorga beneficios exclusivos a empresas productivas del estado: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Dichas reglas -publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de junio-, limitarán el acceso de las empresas privadas del sector a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos.
Para la Coparmex, la medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Pemex y a la CFE, frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales.
Además, viola el principio de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético, pues generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado.
Consideró, que la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos; limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento; la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país.
La nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, puesto que restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera, en la que se establecen los requisitos para para obtener la autorización o prórroga de la LDA. Lo que cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada.
También genera desigualdad, atenta contra la libre competencia; afecta la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y volverá inoperantes terminales marítimas de importación privada, que al no ser empresas del Estado, no podrán renovar su LDA, lo que viola el derecho de libre empresa y atenta contra la seguridad energética.
Adicionalmente llama la atención la inclusión de restricciones a la exportación de minerales -que no está relacionada con la actividad y objeto de las empresas productivas del Estado- mismas que afectan la competitividad e incrementan los costos de un sector que exporta el excedente del mercado nacional.
En Coparmex consideramos que esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación. Por ello, reiteramos la importancia de contar con reglas claras y equitativas que respeten el marco jurídico, que impulsen el sano desarrollo de la economía y el óptimo funcionamiento del sector energético nacional.
