En el mes de junio, la inflación anual fue de 7.99%, la cifra más alta en 21 años y 4.5 veces el promedio de dichos años. Cabe destacar que una fuerte inflación es un impuesto que
perjudica más a los pobres que a los ricos, en virtud de que las personas con menores ingresos gastan el 90% de su ingreso en alimentos, mientras que los estratos de mayores ingresos sólo el 10%.
En el mes de junio de este año, la inflación no subyacente, que se integra de productos agropecuarios y energéticos se elevó en 9.47%, entre ellos el aguacate y otros hortícolas que
han subido más del 70% anual. Dentro de los agropecuarios, las frutas y verduras incrementaron sus precios en 14.39% y los pecuarios (carne de res, pollo y cerdo) en 15.51%.
En tanto que los energéticos se elevaron 5.22% gracias al subsidio a la gasolina, diésel y turbosina.
En el caso de los energéticos conviene señalar que probablemente, a final de año, el subsidio llegue a los cuatrocientos mil millones de pesos; cifra semejante a la reportada en el sexenio
de Fox y de Calderón. Habría que destacar que este gasto se obtiene de los ingresos del gobierno federal y por tanto, de los contribuyentes.
Ante esta situación es probable que en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se eleve la tasa de interés de referencia 75 puntos base, lo que pondría dicha tasa en 8.50%; en consecuencia, el aumento en las tasas de interés de las tarjetas de crédito -que ya se ubican en 60%- continuará, así como el aumento en las tasas de los créditos
automotrices e hipotecarios.
En síntesis, el programa antiinflacionario tendrá que radicalizarse, pero sin castigar a las personas físicas y morales. Habrá de considerar disminuciones en el pago de impuestos o
prórrogas en las exenciones de cuotas arancelarias.
