El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) debería convertirse en un mecanismo clave de financiamiento climático para acelerar la transición energética de México.
La propuesta es utilizar la renta petrolera para que el Estado financie programas y proyectos de inversión que permitan transitar desde un sistema energético sustentado en combustibles fósiles hacia uno basado en fuentes renovables, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
FMP debe evolucionar
La apertura del sector energético en 2013/14 para transitar hacia mercados competidos tanto en hidrocarburos como en electricidad trajo consigo la creación del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para la Estabilización y el Desarrollo, que tiene como objetivo administrar los recursos provenientes de la renta petrolera (procedente tanto de Pemex como de privados).
El espíritu del Fondo fue por una parte transparentar el origen y destino de los ingresos petroleros, fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y beneficiar a las generaciones futuras con un ahorro de largo plazo, es decir, se creó con la finalidad de ser un fondo soberano del Estado mexicano.
De cada 100 pesos que ha recibido el Estado mexicano desde inicios de 2015, se han ahorrado poco más de 50 centavos. No obstante, el diseño del Fondo ha privilegiado el gasto corriente en detrimento de la reserva de largo plazo. La renta petrolera debería generar inversión productiva, especialmente en infraestructura de transición energética.
No obstante, el objetivo de generar un ahorro de largo plazo no se ha materializado, ya que el diseño del Fondo no permite el ahorro de largo plazo, sino que se usa principalmente para financiar el gasto previsto en Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto debido al orden de prelación establecido en la ley que determina el destino de los ingresos petroleros.
Al cierre de octubre de 2023 la reserva del FMP es de 18.9 mil millones de pesos (mmdp). Esta cantidad equivale al 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 20222 o al 0.53% del total de ingresos petroleros que ha obtenido el Estado desde enero de 2015.
Es decir, de los 3.56 billones de pesos que ingresaron al Fondo durante ese periodo, 99.5% (3.55 billones de pesos) se transfirió el mismo año en el que ingresó para financiar distintos rubros de gasto.
Incrementar reserva de largo plazo
El IMCO propuso un rediseño del Fondo de tal forma que se permita crecer la reserva de largo plazo, y al mismo tiempo, convertirse en un mecanismo clave de financiamiento climático para acelerar la transición energética de México.
En este sentido, el IMCO estimó los recursos que se habrían ahorrado si se redujera el porcentaje de ingresos petroleros para financiar el PEF a partir de tres escenarios: 1.0%, 1.5% y 2.0%:
Para lograr esta meta, sin embargo, es necesario redefinir las reglas bajo las cuales opera actualmente el Fondo:
1.- Rediseñar el FMP para acumular recursos provenientes de la extracción de hidrocarburos
Actualmente, solo se ahorran recursos en la reserva de largo plazo del FMP si los ingresos anuales que obtiene el Estado por la extracción de hidrocarburos son mayores al 4.7% del PIB, lo que en la práctica se traduce que los ingresos petroleros no se ahorren e inviertan en el sistema financiero en beneficio de las generaciones futuras.
Por ello, se propone reformar la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMPED).
El objetivo es reducir este umbral al 1.5% del PIB y garantizar que una proporción significativa de la renta petrolera se ahorre en el FMP con miras a invertir dichos recursos y emplear los intereses generados para financiar inversiones productivas vinculadas con la transición energética.
2.-Rediseñar el FMP para financiar la transición energética
De acuerdo con el diseño actual del FMP, el principal beneficiario de los ingresos petroleros del país es el Gobierno Federal, que emplea una proporción significativa de estos recursos para financiar el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De ahí la necesidad de reformar la Constitución, la LFPRH y la LFMPED para que se etiquete un porcentaje relativamente alto de la renta petrolera para que el Estado costee inversiones directamente relacionadas con la transición energética.
Bajo este nuevo diseño, el Estado podría financiar proyectos de inversión que permitan una mayor penetración de energías renovables en la red eléctrica, como la modernización y ampliación de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD).
3.-Incrementar la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que paga Pemex
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de Pemex, la tasa del DUC que paga la empresa productiva del Estado se ha reducido de manera progresiva: del 65% en 2019 al 30% en 2024. Si bien esta medida busca mejorar la situación financiera de la petrolera, lo hace a costa de los recursos que recibe el Estado mexicano en el FMP y que podrían ahorrarse en su reserva de ahorro de largo plazo.
De acuerdo con estimaciones del propio Pemex, la petrolera dejó de pagar al FMP 457.1 mmdp entre enero de 2020 y septiembre de 2023 como consecuencia de esta política. Por este motivo, se plantea reconsiderar los beneficios fiscales para Pemex en aras de incrementar el potencial de ahorro de la renta petrolera del país.
