La expropiación indirecta y litios multimillonarios serían los costos de aprobarse la Iniciativa de Reforma Eléctrica, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México). Afirmó que la cancelación de permisos y contratos llevará a la inanición de las empresas.
Litigios multimillonarios
En conferencia, los integrantes de la ICC México consideraron que el riesgo de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos” se multiplicará; con indemnizaciones de hasta 20 veces sobre la inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos, que podrían alcanzar los 44,000 millones de dólares.
El monto podría multiplicarse porque los inversionistas toman en cuentan la inversión que han realizado en el país, además de que calculan las ganancias que habrían tenido en los años planeados por explotar.
También se debe tener presente que la Reforma Eléctrica no se limita al sector de la electricidad. Se trata de una transformación más amplia de las leyes porque involucran también al sector e hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de transición energética.
Recarbonización del modelo energético
Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años.
En este modelo energético, se pretende utilizar las grandes cantidades de combustibles fósiles, incluido el combustóleo que tiene almacenados, debido a que el año pasado dejó de utilizarse cuando entró en vigor el Convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques.
Reputación internacional
El problema de reputación internacional para la Nación tampoco es un asunto menor porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos.
Además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia, proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad.
Viola los principios de tratados internacionales
En el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.
Es una reforma que busca restringir a los sectores afectados la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional.
Además, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales contra la eventual reforma, por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales.
Expropiación indirecta del sector
Aun cuando tampoco se contempla una expropiación directa para evitar las indemnizaciones, la inanición económica de las empresas y los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, de los contratos de compraventa de energía y de auto-abasto celebrados con particulares, así como la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s), sí constituirían una expropiación indirecta del sector.
De esta manera, se pone en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno (que incluyen cambios regulatorios en el sector). Es claro que procederá la protección a la inversión contenida en los diferentes tratados firmados por México. Incluso, si un país considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para sus inversionistas, podría darse un litigio Estado-Estado, incluyendo la afectación mediante la imposición de aranceles.
Llamado al Congreso para rechazar reforma
La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores en el Congreso de la Unión para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República.
La razón: no sólo es una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.
El sector presenta retos por demás importantes en materia de infraestructura en transmisión y distribución y en la necesidad de continuar generando con gas natural, para contar con una matriz energética diversificada.
También existe la necesidad de modernizar las centrales de generación de energía de la CFE para hacerlas más competitivas y se transite a esquemas de generación de energía más limpia, eficiente y competitiva.
Existen alternativas y estamos a favor de apoyar a las Empresas Productivas y Subsidiarias del Estado, así como a los Órganos Reguladores Coordinados y al CENACE con miras a fortalecer al sector, impulsar una transición energética sostenible e inclusiva de todos los sectores, y velar por la Seguridad Energética de nuestro país.
Necesaria una consulta popular
Tampoco omitimos mencionar que cualquier proceso de reforma constitucional necesariamente debe de cumplir con el desarrollo de estudios en materia de impacto social y, en su caso, desarrollar la consulta previa, libre e informada, prevista en el convenio 169 de la OIT, para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos ejerzan su derecho humano a entablar un diálogo intercultural respecto de tales decisiones legislativas.
Este mismo derecho humano deberá ser piedra angular para la toma de decisiones para el posible desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos que pudieran impactar susceptiblemente los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Preocupa que esta iniciativa, de ser aprobada, los invisibilice sin haber agotado el diálogo intracultural que corresponda.
