Por Ramses Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos
Según la información disponible acerca del derrame, es posible concluir que la gestión del evento fue deficiente. Esto se debió a la ausencia de protocolos estandarizados, la falta de un centro de respuesta inmediata, los tiempos extendidos para la activación institucional, la insuficiencia de inventarios de equipos, la ausencia de mediciones técnicas precisas sobre el volumen derramado y la imposibilidad de cuantificar el impacto real por falta de datos verificables.
Actualmente existe desinformación sobre el origen del derrame y sus posibles consecuencias. Se afirma que se han recolectado manual y mecánicamente 889.4 toneladas de hidrocarburo, pero esta cifra no indica si corresponde a un producto específico o a residuos contaminados.
El término “hidrocarburos” se usa como medición general del material retirado. Dentro de ese peso total es necesario desglosar componentes como emulsiones (aceite y agua de mar), chapopote, residuos de crudo envejecido, arena y sedimentos impregnados, restos vegetales contaminados y materiales utilizados en la limpieza. Separar cada fracción es fundamental para determinar el origen del hidrocarburo derramado y orientar las acciones adecuadas. Este análisis permite cuantificar los contaminantes removidos y estimar el tiempo necesario para que el ecosistema recupere sus condiciones previas.
Se puede confirmar que las 889.4 toneladas corresponden a residuos contaminados, no a petróleo puro depositado en las playas. El cálculo representa el peso total del material retirado, no el volumen inicial del derrame.
Desde una perspectiva técnicocientífica, resulta poco profesional basar la declaración de un gran derrame únicamente en imágenes satelitales. Estas imágenes solo muestran la presencia de hidrocarburos en un área, pero no permiten cuantificar barriles derramados desde el origen del incidente. Sin información precisa sobre el volumen, las acciones de contención, tratamiento, seguimiento y control de arribos a playas carecen de fundamento sólido, pues se basan en estimaciones sin identificar el tipo de hidrocarburo involucrado. Esto incrementa los costos de remediación. Conocer desde el principio el volumen y tipo de hidrocarburo permite implementar medidas de contingencia oportunas. En pleno siglo XXI, no es aceptable que un país cuya producción marítima supera el 80% no cuente con protocolos efectivos para contener un derrame en menos de 72 horas, realizar seguimiento adecuado y aplicar acciones que eviten su llegada a las costas.
En Estados Unidos se han perfeccionado los métodos para contener derrames en pozos tanto en aguas someras como profundas. Estas prácticas deberían integrarse a los protocolos de la industria mexicana, ya que ante incidentes como el supuesto derrame en costas nacionales, las acciones correctivas suelen implementarse solo después del evento. Ahora que México pretende perforar en aguas profundas, es indispensable contar con un plan de contingencia real.
En Estados Unidos, la medición de derrames marinos se realiza mediante un proceso técnico, verificable y estandarizado. No se recurre a estimaciones visuales ni al análisis de fotografías. El procedimiento consta de tres etapas obligatorias: delimitación del área afectada, clasificación del tipo de mancha según su espesor y cálculo del volumen derramado. Surge la pregunta: ¿México emplea también este método?
Los pasos operativos generales que realiza Estados Unidos son: detección inicial (satélite, reporte marítimo, avión), sobrevuelo de verificación, trazado del polígono, clasificación del espesor, cálculo del volumen (área × espesor), modelación de deriva del derrame, estimación de llegada a costa, actualización continua con nuevas imágenes y reportes oficiales continuos. El protocolo establece que la empresa responsable debe pagar todos los costos, desplegar equipos de contención de inmediato, presentar planes aprobados y cooperar bajo mando unificado.
Las primeras 72 horas son críticas. Estos son los tiempos estándar en Estados Unidos:
La falta de contención en este periodo incrementa los costos de remediación y los daños ambientales.
Estados Unidos opera con un sistema centralizado, eficiente y estandarizado, con autoridad única de mando, asesoría científica especializada y protocolos definidos. México opera bajo un modelo colegiado con múltiples instituciones y procesos más extensos, lo que genera una respuesta menos uniforme. En Estados Unidos, la estabilización suele concluir en tres días; en México puede requerir entre cinco y siete días, dependiendo de la región y disponibilidad de equipos especializados.
Respecto a derrames en el mar por razones operativas en áreas de extracción, producción y control de petróleo crudo y gas, así como emanaciones naturales (chachapoteras) en Cantarell, no se cuenta con el cálculo total del volumen derramado en barriles. Sin estos datos, es imposible determinar cuánto del crudo se ha convertido en emulsión, precipitado, evaporado, dispersado o contenido mecánicamente. Por lo tanto, no es posible establecer si las más de 889 toneladas reportadas representan efectivamente la cantidad de crudo vertido. En consecuencia, nunca se conocerá el impacto real, solo se tendrán conjeturas hipotéticas.
Contener un derrame en el mar es siempre la opción más barata y menos dañina. Cada barril que llega a la playa puede multiplicar los costos entre 10 y 20 veces respecto al costo de estabilización en mar abierto, además de obligar a remediar ecosistemas sensibles durante largos periodos. Esto es lo que actualmente ocurre en las costas mexicanas: pueden desplegar miles de personas, equipos, monitoreo y mensajes públicos, pero el costo total es mayor y utiliza recursos que podrían haberse destinado a otros rubros si existiera una cultura de protocolos activables de inmediato.
En Estados Unidos existen empresas certificadas que operan como “bomberos del mar”, disponibles 24/7 para atender cualquier derrame. Estas compañías cuentan con embarcaciones, barreras y personal capacitado para intervenir de forma inmediata. La normativa obliga a la industria petrolera a financiar estos servicios, no al gobierno, lo que asegura una respuesta ágil y profesional. En México no existe una figura equivalente que garantice disponibilidad inmediata.
