Organizaciones no gubernamentales y de gobierno anunciaron la creación de una Comunidad de Práctica de empresas con presencia en México para fortalecer sus capacidades en la fijación de objetivos que contribuyan a no superar el incremento de temperatura media global de 1.5°C con respecto a la etapa preindustrial, y evitar así impactos irreversibles del cambio climático.
El bloque de organizaciones señaló que, de acuerdo con los resultados del «Ambiciómetro» publicado por WWF México en 2020, sólo el 2% de una muestra de 151 empresas mexicanas tiene estrategias climáticas ambiciosas relativas a sus metas de reducción de emisiones y están alineadas con el Acuerdo de París, además de contar con objetivos de energía renovable.
Agregaron que, aún si todas las empresas mexicanas estuvieran motivadas para establecer objetivos de reducción de emisiones GEI alineados con la ciencia, la implementación no podría ser efectiva sin las políticas e instrumentos normativos y de mercado necesarios. Por lo que resulta imprescindible la construcción de alianzas y alineación de esfuerzos entre los distintos actores sociales.
Dominic Curran, director de Financiamiento Climático en México de la Embajada Británica en México, mencionó que el sector privado es fundamental para conducir la transición hacia una economía baja en carbono.
Posteriormente, Mauricio Bonilla, Director Ejecutivo de Pacto Mundial México, afirmó que este sector también es clave para lograr los objetivos de la Agenda 2030, y aseguró que se necesitan acciones ambiciosas y alianzas entre la sociedad, el gobierno y los agentes económicos para lograrlo.
“Conocemos los impactos del cambio climático y los beneficios de integrar la sostenibilidad en las estrategias de negocios, sin embargo, la acción ambiciosa es necesaria para asegurar la sobrevivencia de nuestra sociedad […] Sin metas definidas no hay un camino, y sin metas ambiciosas no hay un futuro”, aseguró.
Los retos de la ONU
Alex Howe, Senior Policy Advisor de la COP26, habló de los 4 objetivos de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a celebrarse en noviembre de este año: asegurar compromisos globales que permitan alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo; incrementar los esfuerzos de adaptación climática para proteger a las comunidades y ecosistemas; acelerar la movilización del financiamiento climático para alcanzar la meta global de 100 mil millones de dólares anuales y aumentar el acceso a financiamiento público y privado; y fortalecer la colaboración entre actores para acelerar la acción climática, y aseguró que vivimos en una década crítica para la acción.
“El argumento a favor de la acción es más fuerte que nunca. La enorme reducción del costo de la energía solar y eólica proporciona una gran oportunidad para la transición. Al mismo tiempo, el costo de inacción está creciendo significativamente”, dijo.
El gobierno contribuye
Marco Heredia, director general de Políticas para el Cambio Climático de SEMARNAT, destacó que a través de estas actividades se asegura el ‘tocar base’ con el sector privado, y enumeró los instrumentos que existen en la política nacional que sirven de incentivos al sector privado.
Explicó que el país cuenta con un registro de emisiones GEI, un sistema de comercio de emisiones, y una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) con los compromisos climáticos del país -la cual fue actualizada recientemente-, y agregó que actualmente se encuentran formulando una hoja de ruta para su implementación.
Alfredo González, encargado de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía, dijo que un lugar en el que pueden trabajar mucho más desde el gobierno es incrementando el estímulo a la oferta y demanda de bienes y servicios verdes. Agregó que desde el sector público se tiene que trabajar también en el acceso a cierto tipo de financiamiento, y reiteró que en México ya tenemos dos bonos sostenibles emitidos.
“Hay muchos inversionistas privados que buscan cada vez más empresas que integren sus criterios sociales, ambientales y de gobernanza en su operación sabiendo que hay fuentes de riesgo”, dijo.
La IP también aporta
En representación del sector privado, Paula García, Gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de América Móvil, señaló que las empresas tienen que asumir cada vez más compromisos sociales, ambientales y de gobernanza para mantenerse en el negocio, pues tanto los clientes como los inversionistas están pendientes de esos factores.
“Este tema es sumamente relevante para las empresas, los inversionistas y los consumidores… Las nuevas generaciones quieren lograr un impacto en el mundo a través de sus decisiones de compra. Esta población representa el 50% de la población económicamente activa, y para 2030 será el 70%.”
Las Pymes necesitan ayuda
Sobre los retos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, donde se encuentra el grueso de los empleos y productores del país, Jaime Rodríguez, Líder del Grupo de Trabajo de Cambio Climático del Pacto Mundial México, señaló al desarrollo de capacidades, el otorgamiento de metodologías y al financiamiento como los grandes temas a resolver para incrementar las capacidades de reducción de emisiones de las empresas, sobre todo de las PyMES.
La banca hace su parte
Introduciendo la visión y trabajos del sector financiero, Alba Rodríguez, directora general de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habló sobre el recientemente creado Consejo de Finanzas Sostenibles del país, el cual, a través de cuatro grupos de trabajo, discute el diseño de una taxonomía para el financiamiento sostenible.
También se incluye a las metodologías para identificar y mitigar riesgos climáticos, el desarrollo de oportunidades de inversión y el establecimiento de reglas para la revelación de riesgos no financieros.
Añadió que son parte de la Red para el Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés) y del Pacto Mundial de Naciones Unidas, además de impulsores de la iniciativa SBTi.
Programa Nacional de Auditoría Ambiental
Enrique Castañeda, Subprocurador de Auditoría en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se refirió a los aprendizajes emanados de la implementación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
Castañeda contó que, si bien el programa voluntario se creó en 1992, este ha ido ampliando su cobertura a lo largo de los años, y explicó que su objetivo es que las empresas se autorregulen y mejoren su desempeño ambiental y su competitividad.
Aún en el contexto de la pandemia, comentó, hubo una participación de más de mil 300 empresas en este programa, con lo que se evitaron 2.4 megatoneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera (alrededor del 0.5% del total de emisiones del país); se ahorraron mil 700 millones de kWh de energía, se obtuvo un ahorro de 25 millones de metros cúbicos de agua y de 340 mil toneladas de residuos.
Comunidad de Práctica
El Lanzamiento de la Comunidad de Práctica para empresas mexicanas, en donde, a través de talleres de aprendizaje y experiencias el sector corporativo en México, se obtendrá una visión clara sobre el ritmo y volumen necesario de reducción de emisiones GEI para contribuir a limitar el aumento de la temperatura global a 1.5° C. Entre los beneficios de formar parte de esta Comunidad se encuentran:
-Capacitaciones sobre métodos, herramientas y temas relacionados con el establecimiento de objetivos corporativos de reducción de emisiones en línea con los objetivos nacionales e internacionales de cambio climático.
-Diálogos entre empresas nacionales e internacionales parte de la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia para compartir y conocer experiencias y,
-Paquete de capacitación en línea para el sector empresarial mexicano.
La convocatoria para ser miembro de la Comunidad de Práctica cerrará el lunes 26 de julio de 2021.
El anuncio se realizó durante un evento en línea, contó con la participación de Dominic Curran, Director de Financiamiento Climático en México de la Embajada Británica en México; Marco Heredia, Director General de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Alex Howe, Consejero Senior en Política de la COP26.; Alfredo González, Encargado de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía; Enrique Castañeda, Subprocurador de Auditoría en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Alba Rodríguez, Directora General de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Paula García Sabido, Gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de América Móvil; Jaime Rodríguez, Vicepresidente de Planeación, Finanzas y Nuevos Negocios de la División Química de Grupo Cydsa y líder del grupo de trabajo de Cambio Climático del Pacto Mundial México; Mauricio Bonilla, Director Ejecutivo de Pacto Mundial México; y Avelina Ruiz, Gerente de Cambio Climático de WRI México.
