La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó que por los riesgos de afectación a consumidores y empresas, recomienda no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
En comunicado, explica que la aprobación de la Iniciativa suprimiría la competencia en el sector y eliminaría los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente.
El cambio de modelo afectaría a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras; también podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios.
La Cofece recomienda no aprobar la Iniciativa y consolidar un modelo eléctrico competitivo que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones y apoye el desarrollo del país.
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética (Iniciativa) y reitera la importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público.
La Cofece advierte que la Iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas.
El modelo propuesto en la Iniciativa representa un retroceso en contra del bienestar social, ya que de aprobarse implicaría:
- Instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad;
- Crear un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE);
- Desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas; y
- eliminar distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias.
Más aún, en la propuesta no se advierten mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema sea la menos costosa. Por el contrario, un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente.
Cabe agregar que la Iniciativa contempla la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado, lo que necesariamente se traduciría en una restricción de la oferta, inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión. Si bien la Iniciativa prevé que los privados podrán generar “hasta” el 46 por ciento de la energía requerida por el país, esta generación sería únicamente para venta a la CFE y en los umbrales, términos y condiciones —aún desconocidos— que esta última determine, lo que la convierte en un monopsonio en la compra de energía eléctrica y con ello le permite monopolizar toda la cadena de valor.
De esta manera, el cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente. En resumen, la Iniciativa comprometería el funcionamiento eficiente del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras. Ello afectaría negativamente tanto a los consumidores como a las empresas, la competitividad del país y con ello su crecimiento económico.
