El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el asunto de las suspensiones definitivas contra la nueva Ley de Hidrocarburos, concluirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque además de ser una ley aprobada en el Congreso, se busca defender la economía popular y es también combatir la corrupción.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que “todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso.”
Según el ejecutivo federal, “los particulares empresarios que recibieron contratos, y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público, pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias.”
Sostuvo que “nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción.”
En el caso de esta Ley de Hidrocarburos, “si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol que se da.”
Agregó que en la pasada administración entregaron más de mil permisos para la importación de gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad.
Para Lopez Obrador, es algo similar a las placas para dar el servicio de taxis. Había hasta políticos con 50, 100, 200 -o siguen habiendo- placas que las administran. Los choferes no tienen permiso, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas, de diésel, y también mucho contrabando utilizando esos permisos, mucho huachicol.
“Por eso tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y; cuentan con el apoyo de los jueces, que esa es su función”, atender a todos los ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando para amparar y de proteger al pueblo.
“Esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Pero sí, es legal; también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles.”
Reiteró que es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen teniendo contratos en donde cobran mucho por la luz que le venden a la Comisión Federal de Electricidad, incluso reciben hasta subsidios.
Entonces, “ahora también pues llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos privilegios, y nosotros pues vamos a seguir defendiendo que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.”
