La escasez y gestión del agua, así como contar con energía cada más más limpia y suficiente son la nueva matriz de preocupación, que se debe enfrentar con recursos económicos y tecnología, pues de ello depende el sector agroalimentario, aseguró El diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
Durante la inauguración de The Green Expo, el Congreso Internacional Ambiental de Conieco, Aquatech e Intersolar Mexico, dijo que el tema del agua, energía y alimentos se tiene que abordar a partir de un nuevo paradigma de seguridad hidroalimentaria y energética. “Los países deben ver el agua y la energía como un tema de seguridad nacional.
Tenemos que hablar de agua y energía, juntas, “tenemos que incorporar los avances tecnológicos que se están haciendo en muchos países para acercarnos a las realidades nacionales y encontrar una solución integral porque hoy el tema del agua es uno de los mayores desafíos que estamos enfrentando.”
En principio, debemos “conocer las áreas de oportunidad que México tiene para la generación de energía, cuál es la capacidad de generación en el centro y norte del país, dónde están las adversidades de energía eólica.”
Indicó que una de las primeras acciones del gobierno fue determinar el tamaño del problema de los recursos hídricos disponibles para el uso humano, y estos os los resultados:
El primero problema al que nos enfrentamos, es la disposición y abasto de agua para los mexicanos, ya que 21.3 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua potable. Se trata de 185,314 comunidades rurales de menos de 1,500 habitantes. Además, 28.9 millones de mexicanos que no cuentan con una red de drenaje.
Asimismo, un segundo problema lo tenemos en la calidad del agua a disposición de los sectores productivos del país. Hoy contamos con 3,960 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. No obstante, 1,330 de esas plantas se encuentran fuera de operación porque los municipios no cuentan con la capacidad económica para pagar el servicio de energía eléctrica.
Adicionalmente, 1,255 que no tratan el agua con la calidad que estable la Norma 01 de la Semarnat, lo que significa que dos terceras partes de la infraestructura de tratamiento de agua en el país no funciona adecuadamente. Es decir, de cada 100 porciento del agua utilizada solo se trata 32%.
En ese sentido, consideró necesario abrir el diálogo entre expertos para determinar cómo se va a crear el nuevo mercado secundario de aguas residuales para darle agua a la agricultura, a la industria y modificar la Ley en la materia si es necesario para que las aguas residuales también podamos usarla para consumo humano.
“Hoy tenemos que preguntarnos cuándo y cómo vamos a empezar a tecnificar el campo mexicano. México tiene 86 distritos de riesgo donde se siembran 6.4 millones de hectáreas, y solamente tenemos tecnificado uno de esos 86 distritos. Tenemos que tecnificar el campo porque ahí se consume 76% de agua que produce el ciclo hidrológico del país.”
A este escenario se suman los organismos operadores del agua. Tenemos 2,471 municipios en el país, de los 2,300 organismos operadores que funcionan en el país, solamente 20 funcionan con números negros, el 99.2% de los éstos hoy están en quiebra técnica y financiera. ¿La razón? No cobramos el agua en este país, no se cobra el agua sino el servicio de conducción para llevar el vital líquido.
El diputado agregó que proyecciones actuariales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el país deja de cobrar cerca de 155 mil millones de pesos al año en materia de fiscalización de agua y saneamiento.
“Necesitamos un sistema de macromedición para saber cuánta agua producimos en México, y luego establecer sistema de micromedición para el agua y el saneamiento para saber cuánta agua tenemos que capturar y de esa agua cuánta tenemos que recaudar.”
Finalmente, destacó que el Congreso de la Unión aumentó el presupuesto en este año, al pasar de 34 mil 500 a 68 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, faltan todavía 50 mil millones de pesos para lograr la meta acordada con Naciones Unidas a fin de que representan 1% del PIB en infraestructura hidráulica.
