El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, con 65 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Prevé la suspensión o revocación de permisos ante peligro o amenaza a la seguridad nacional y energética, y aquellos que incurran en el delito de contrabando de combustibles; así como demostrar capacidad de almacenamiento.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios emitieron sus opiniones respecto a esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, y que deriva de una iniciativa presidencial. Después de la votación, dieron paso a la discusión de las reservas presentadas al proyecto de decreto.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el proyecto garantizará la seguridad y soberanía energética, y al mismo tiempo, generará la libre competencia y concurrencia económica, además de que no habrá restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Señaló que el contrabando de petroquímicos es una actividad que ha debilitado, año con año, al erario de la nación. “El mercado negro de combustible -acotó- impacta de manera sustantiva al mercado lícito”.
Monreal Ávila recordó que las llamadas reformas estructurales, aprobadas en 2013, “presentan las características de la prevaricación sistemática, generalizada y recurrente, por lo que es necesario que las autoridades competentes tengan la posibilidad de suspender permisos para garantizar los intereses de la nación y de terceros.
La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, de la misma fracción parlamentaria, dijo que la mayoría legislativa se ha propuesto terminar con la corrupción y la impunidad, por lo que el huachicoleo, en todas sus modalidades, es uno de sus principales objetivos. Por ello, afirmó, se busca dar marcha atrás a la reforma energética de Peña Nieto, pues otorgó contratos leoninos y repartió permisos sin restricciones.
Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, advirtió que con esta reforma estamos en la instauración de un régimen de discrecionalidad. Pemex, la empresa que hoy más dinero pierde en el mundo y es la más endeudada, no puede ser la que ahora pretenda resolver prácticas que van en contra de los mexicanos.
Su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz enfatizó que no está contra la regulación de la industria para erradicar el huachicoleo, contrabando y el mercado ilícito; sin embargo, no se puede aprobar la facultad de suspender permisos. Al contrario, consideró, se debe incentivar confianza para la inversión privada y no eliminar la competencia.
Al emitir un voto particular, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, dijo que la reforma transgrede el principio de no retroactividad de la ley y otorga ventajas competitivas a Petróleos Mexicanos, lo que violenta la libre competencia y acuerdos internacionales. Todo ello, advirtió, provocará que se incrementen los precios de la gasolina y los derivados del petróleo.
La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta de inconstitucional, pues la Carta Magna es muy clara al establecer un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Más allá de fortalecer a Pemex, alertó, se está en riesgo de justificar prácticas monopólicas.
Por el PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso manifestó que, con un control más estricto de la importación, transporte y almacenamiento de combustibles, se brinda a las autoridades mejores herramientas para limitar la participación de grupos criminales en estas prácticas, tan dañinas para la nación.
El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, denunció que Pemex no ha podido incrementar la producción nacional de petróleo, mientras que la iniciativa privada si lo ha logrado, por lo que “dejar afuera al sector privado es un grave error para el país”. Esta propuesta, aseguró, es un retroceso, pues burocratizará y hará más ineficientes a los organismos públicos.
Qué dice el dictamen
Entre otras cosas, el dictamen señala que se busca reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
La minuta propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
También plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, también dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.
Otro de los objetivos, es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron. Para ello, se establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.
El documento indica que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Sener o de la CRE, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.
Además, eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos; y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
La reforma también elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
