La reforma a la Ley de Hidrocarburos (LH) aprobada por la Cámara de Diputados otorga un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos para que empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
De aprobarse en la Cámara de Senadores la iniciativa tendría implicaciones negativas para la competitividad, que para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) son 4 consecuencias principales:
- Menor competencia económica en la cadena de valor de los petrolíferos.
- Daño al clima de inversión en el país, al generar incertidumbre jurídica para las empresas.
- Violación a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.
- Riesgo para las finanzas públicas por el costo de indemnizaciones en caso de una revocación definitiva de permisos a privados.
Esto representa una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectará el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho.
De igual manera, se tendrían ciertas amenazas, ya que se podría expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos (p. ej. gasolineras) cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
Y finalmente, pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
