Indemnizaciones y represalias comerciales son algunos de los riesgos que prevé BBVA Research con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la posible aprobación de la Reforma Eléctrica, por estar claramente en contradicción con tratados internacionales.
De acuerdo con un análisis de BBVA Research “Reforma Energética. Reforma Eléctrica y Tratados Internacionales”, La LIE aprobada en 2021, así como el proyecto de reforma constitucional que busca hacerla viable, “se ubican en clara contradicción con los compromisos internacionales de México en tratados comerciales y de protección de inversionistas.”
Lo anterior, “aumenta el costo (en indemnizaciones y represalias comerciales) de una iniciativa que, en caso de ser aprobada, minaría la confianza de los inversionistas en el país, al tiempo que produciría energía eléctrica más cara y contaminante, perjudicando a toda la actividad económica, a los hogares y al erario.”
El documento, de los autores: Alfonso Gurza, Gabriela López y Carlos Serrano; señala que los cambios propuestos, vulneran el marco institucional que al día de hoy dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad. Esto, al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto.
Asimismo, dichas reformas “violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio – los cuales, bajo ley mexicana, están a la par de los derechos otorgados por la Constitución Mexicana-.”
Sobre todo, “en la medida que evidentemente vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México (cuota de mercado de CFE, abandono de subastas, suspensión de permisos de generación, licencias y contratos, alteración del despacho, etc.)”.
Represalias comerciales y pagos indemnizatorios
Lo anterior, abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al Trato Nacional, Nivel Mínimo de Trato y Empresas del Estado. También debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y de defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales.
Además, derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, “tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables.”
Igualmente, nuestros socios comerciales al verse afectados por estas reformas podrán solicitar el establecimiento de paneles de solución de controversias, con los cuales “adquirirían el derecho a imponer represalias comerciales.”
El análisis refiere que recientemente, la Representante Comercial de los EEUU Katherine Tai, estimó en 10 mil millones de dólares las inversiones estadounidenses en riesgo por la reforma.
El gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector eléctrico como pretende. Sin embargo, estas acciones vulneran claramente lo establecido por los tratados comerciales. Por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el “daño tanto a la reputación del país como socio confiable, como al ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros.”
Finalmente, BBVA Research, indica que “aprobar la reforma constitucional al sector eléctrico en los términos en que se presentó al Congreso, implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento que es el T-MEC.”
