Por falta o deficiencia en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y omisión de la autoridad durante su ejecución, obras como el Tren Maya podrían aplazarse o ser suspendidas indefinidamente como consecuencia de los amparos promovidos por particulares, ambientalistas y organizaciones sociales, señaló Tania Mijares, responsable de las Relaciones Institucionales del despacho Bustamente + Freyre.
Explicó que la Manifestación de Impacto Ambienta, permite evaluar a través de estudios técnicos los impactos potenciales que la construcción y operación de una obra o la realización de actividades, pudieran causar al ambiente y esto propone medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales.
“A partir del desarrollo de la MIA se solicita la autorización ambiental para la ejecución de los proyectos, con la manifestación de las características de las obras y actividades del proyecto propuesto, las condiciones ambientales del sitio, la región en la que se pretende desarrollar dichas actividades, la vinculación y congruencia de las obras y actividades”, comentó la abogada del despacho Bustamante + Freyre.
La abogada, especialista en temas ambientales y energéticos, destacó que México cuenta con una normatividad robusta en materia ambiental que debe ser cumplida por gobiernos y particulares pues, de lo contrario, terceros pueden fácilmente acudir a la justicia y detener las obras, tal y como está sucediendo con el Tren Maya.
“Una de las piezas clave para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de SEMARNAT son las consultas a las comunidades, que en muchas ocasiones se dejan de hacer provocando que los habitantes de las zonas impactadas rechacen el proyecto y se amparen” comentó Tania Mijares.
En este sentido, citó como ejemplo la consulta realizada a los pueblos Yaquis del sur de Sonora para la construcción de un acueducto que conducirá agua de la presa El Oviachic hasta la comunidad de las Guásimas, así como la edificación de una planta tratadora. El proceso para obtener la MIA fue bien ejecutado y por eso se logró la resolución positiva.
Destacó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que cualquier persona tiene el derecho de inconformarse y ampararse ante una obra que considere pone en peligro el ecosistema, la fauna local, o su derecho humano a un medio ambiente sano, creó un parteaguas en la defensa del medio ambiente y obligó a autoridades y particulares a cumplir con la normatividad ambiental de manera rigurosa.
“Si no queremos que nos frenen una obra debemos cumplir con la norma, como es la realización de las Manifestación de Impacto Ambiental y la consulta a comunidades, pueblos originarios y a todo aquel actor cuyo interés pueda ser afectado”, explicó Tania Mijares.
Además del Tren Maya, existe otra obra de ampliación del Puerto de Veracruz, que, al no cumplirse con las nomas, llevó a que dos particulares lograran un amparo. Lo anterior ante la falta o deficiencia de los impactos ambientales, lo que derivó en que el juez concluyera que existe un riesgo de daño al ambiente significativo.
