Los conflictos sociales de los pueblos orginarios y los dueños de las tierra es un tema por demás polémico que no se incluyó en la reforma del 2013, pero tampoco en la iniciativa de reforma que se discute actualmente, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
En una jornada en la hubo dos foros en el día, en el Foro 22 A: “Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad”, se alertó sobre la conflictos sociales que implicaría concentrar la transición energética en la CFE.
Pero además, hay que incluir en la reforma eléctrica los dos sistemas aislados de la península de Baja California, así como poner en claro, la generación distribuida.
Sistemas aislados deben incluirse en la reforma
Jaqueline Valenzuela Meza, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C-La Paz, Baja California Sur, consideró importante atender a los usuarios de los sistemas aislados que existen en Baja California Sur; es el único estado que cuenta con dos sistemas aislados que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre sí.
El consumo de electricidad y la capacidad instalada se centra principalmente en el municipio de La Paz, con dos centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad y en el municipio de Comondú, donde hay otra central. Se calcula que en la entidad hay 63 comunidades que ascienden a una población de 4 mil 411 personas que siguen sin contar con el servicio de electricidad y no están conectadas a la red.
Planteó establecer un esquema de democratización de la energía, instalar techos solares en comunidades rurales con esquemas justos de financiamiento, implementar microredes comunitarias de generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades productivas, y crear entidades locales para el mantenimiento y sustitución de los sistemas de generación de electricidad en comunidades.
Valenzuela Meza señaló que la iniciativa comete el mismo error que se hizo en 2013 de no incluir a las comunidades de una forma horizontal.
En Baja California Sur, destacó, se han explorado diferentes perspectivas y propuestas ante los sistemas aislados que hay; por ello, se propone un esquema denominado “Comunidades energéticas”, que funciona en otras parte del mundo y pone en el centro a los participantes de las comunidades y fomenta la productividad.
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Comunidades indígenas en la reforma eléctrica
José Abel Manuel Carrasco, ingeniero mecánico en térmicas hidráulicas y representante de ejidatarios de La Venta, Juchitán, Oaxaca, dijo que empresas transnacionales los discriminan y despojan de sus derechos y tierras al utilizar sus parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a cambio. Consideró que es tiempo de aprobar la reforma eléctrica. “Seamos considerados con las comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que han causado los proyectos eólicos”.
Detalló el problema que enfrentan los ejidatarios con la empresa española Acciona, que se niega a pagar el usufructo de las tierras para generar energía eléctrica a través del viento. “La empresa contrató dos mil 600 hectáreas en el ejido para construir un parque eólico con capacidad de 250.5 megawatts”, dijo.
Solicitó la intervención de los gobiernos Federal y estatal, de las y los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el despojo de tierras y la violación de los derechos.
Manuel Carrasco puntualizó que no se ha visto ningún cambio con la reforma energética de 2013 y consideró que se debería dar la oportunidad a los ejidatarios de instalar su propio parque eólico. Agregó que en ningún momento se les hicieron consultas para ello.
Definir con claridad en la ley a la generación distribuida
Manuel Gómez Herrera Lasso, director ejecutivo en Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica A.C, expresó que en la iniciativa y en la discusión se ha hablado poco de la generación distribuida, no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se plantean para su instalación y operación; se ha mencionado, pero solo como paneles en los techos de casas y en el sector agropecuario. Es necesario definirla con claridad, pues es la generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilowatts.
Además, precisó, es necesaria para suministrar electricidad a las comunidades alejadas de la red, entre las que se encuentran muchos pueblos indígenas y tiene múltiples ventajas, como es reducir las pérdidas de energía del sistema. En México se pierde alrededor del 15 por ciento de la energía que se transmite en la red.
Hizo votos por impulsar la generación distribuida de manera ordena y sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación. Puntualizó que la reforma de 2013 tiene áreas de oportunidad y se pueda trabajar de manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía, “pero creemos que no se requiere un cambio constitucional para lograrlo.
Gómez Herrera Lasso afirmó que la generación distribuida es la que se requiere para atender las necesidades energéticas de comunidades alejadas de la red. Abundó que la discusión está en torno al beneficio que puede traer la generación distribuida a los pueblos indígenas y, por supuesto, “ellos tienen derecho a gestionar sus necesidades energéticas y va en la medida del alcance de los recursos naturales”.
Consideró importante que la generación distribuida sea tomada en la reforma para beneficiar a los pueblos indígenas y a todos los ciudadanos en la posibilidad de tener su derecho y libertad de aprovechar los recursos naturales y gestionar su propia energía.
Pueblos originarios piden tarifas preferenciales y condonación de adeudos
Magdalena Morales García, activista y promotora cultural de Chiapas, dijo que los pueblos originarios exigen que se apruebe la iniciativa, porque “necesitamos que nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudos, la renacionalización de la industria eléctrica y el litio.
Apuntó que la energía eléctrica es un derecho de todos los ciudadanos sobre todo de los pueblos originarios que son los que más han sufrido atropellos y pagan altos costos.
No es justo que la condonación se le dé a empresas transnacionales, mientras que los pueblos originarios han perdidos sus tierras y no reciben ningún beneficio. Pedimos a los diputados que pongan énfasis en esta iniciativa, agregó.
Morales García afirmó que el movimiento de pueblos originarios en resistencia desde hace años hemos pedido tarifas justas. “Nuestra lucha es plantear nuestras necesidades y que se nos tome en cuenta”
Respecto a la iniciativa de reforma, consideró que, si se vigilan los pasos de la Comisión, “tengo la esperanza de que sí nos podría ir bien, por eso pido que se nos incluya en esta reforma y sus beneficios”.
Control de CFE multiplicaría conflictos sociales
Mario Castillo Quintero, en representación de la Red de Pueblos y Energía de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, argumentó que no es posible construir un sector energético justo, sustentable y democrático sin la participación de los pueblos y comunidades, “pero hemos sido dejados a un lado en esta discusión. La reforma eléctrica es urgente y necesaria, pero debe ser mejorada”.
Se debe, afirmó, reconocer y reparar la profunda deuda que el Estado tiene con los pueblos y comunidades, ya que el desarrollo de dicho sector “se ha basado en la explotación de recursos ubicados en gran medida en territorio de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; sin embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los impactos los sufren nuestras comunidades”.
Externó su preocupación de que la CFE esté a cargo de la ejecución de la transición energética. “Es inaceptable para las fuentes de energía renovables, pues la CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales; esta visión centralizada no tiene cabida en el momento histórico actual ni es conforme a derechos colectivos reconocidos por la Constitución ni en tratados internacionales”.
Castillo Quintero indicó que el peligro de los territorios trasciende con la reforma. Los conflictos que ya viven las comunidades contra los diferentes proyectos que se han instalado y se pretenden instalar “se agudizarían y se centraría todo en la CFE, en donde ya existe una conflictividad por todos los daños acumulados; una de nuestras mayores preocupaciones es la violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
Añadió que en el proceso de la transición es vital incluir al sector social de las comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables a los núcleos agrarios y comunidades urbanas en estado de vulnerabilidad y marginación para “poder tener nuestros propios procesos de generación comunitaria que sirvan para desarrollar los planes de vida colectivos, en acuerdo con las asambleas y comunidades y que no haya violencia política”.
Lo que se pide, si el objetivo es fortalecer a la CFE, subrayó, “es que no se abuse de ese poder que se le dará para violentar derechos colectivos y territoriales. Como pueblos y comunidades, le apostamos a seguir viviendo y ejerciendo nuestra libre determinación, una autonomía energética que permita la sustentabilidad”.
Reforma eléctrica incluyente
Carlos Manzo, consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, expresó que la reforma tiene que ser incluyente y no puede ser aséptica a todas las formas en que se han dado estos procesos en el país.
Celebró que uno de los objetivos de la iniciativa de reforma sea la lucha contra la corrupción, y confió en que ésta se refleje en la esfera de la Legislatura.
“Que la reforma se discuta con absoluta parcialidad en donde la razón histórica, jurídica y política estén por encima de cualquier estímulo económico; además, se deben fincar responsabilidades en notarios públicos involucrados en el ilegal proceso de privatización de tierras comunales que se da en el Istmo de Tehuantepec”, agregó.
Manzo sugirió que la Semarnat realice un estudio de impacto ambiental a nivel regional. Agregó que no sería muy difícil saber cuáles han sido las consecuencias jurídico-agrarias en el establecimiento de los parques eólicos sobre tierras de propiedad social.
Consideró que así como están las condiciones, con o sin reforma, la iniciativa privada no puede garantizar la energía eléctrica a menos que se tengan redes privadas de distribución aérea, terrestre, subterránea. La accesibilidad a estas redes por parte del sector social debería ser incondicional.
Video completo del Foro 22 A. Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad
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