Carlos Manzo, consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, pidió incluir en la Reforma Eléctrica un blindaje o la creación de una fiscalía que evite la corrupción de legisladores, y de todos los servidores públicos y autoridades de toda la cadena que autoriza los proyectos de energías renovables.
Al participar en el Foro 22A del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica: Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad, dijo es que un llamado de atención en el sentido de que “esta reforma no puede aséptica a todas las formas en que se han venido dando este tipo de procesos de corrupción en la historia de nuestro país, por lo menos en los últimos 10 años, como fue con la propia reforma de 2013.”
“Es de todos sabido que hay un grupo de personas intermediarias de las empresas que se dedican a ofrecer estímulos económicos a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias; a fin de orientar la discusión, el debate, los consensos, o simplemente para levantar la mano cuando el resultado de la reforma deba ser favorable a los objetivos, en este caso de las empresas.”
En ese sentido, “deberían de buscarse, por parte de la propia legislatura, alguna forma de blindaje, ya sea a través de una fiscalía especial legislativa o algo por el estilo para evitar que Iberdrola, Gamesa, Siemens, Euros, todas las empresas españolas, lleguen a ofrecer y a corromper a los legisladores en aras de aprobar una reforma” que las beneficie.
En ese sentido, “celebramos en cierto sentido que el Ejecutivo exprese como uno de sus principales objetivos la lucha contra la corrupción. Esperamos que esa lucha se vea reflejada también en la esfera de la legislatura.”
Además, “que la reforma que se está discutiendo finalmente sea una discusión con absoluta imparcialidad, donde la razón histórica, la razón política estén por encima de cualquier estímulo económico que las empresas realizan entre los legisladores de distintos partidos políticos.”
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Cómo se da la corrupción
Al hablar de dónde y cuándo se presentan los ofrecimientos de las empresas, Manzo indicó que ha habido “una cadena de corrupción desde Fox, pasando por Calderón y Peña Nieto que vienen desde el primer círculo de poder, hasta las presidencias municipales, incluidos los comisariados ejidales o los comisariados de bienes comunales; que de manera antidemocrática con menos del 50% de asistentes a las asambleas firman los contratos con las empresas, previo a la disposición de un recurso económico. “Todo esto es corrupción a todos los niveles.”
Refirió que “desde 2003-2004 es cuando se presentan los primeros coyotes para buscar los arrendamientos en el Istmo de Tehuantepec, José Murat creó un comité estatal de energía renovables que preside -y ahora su hijo-; y después llegan representantes de las empresas a integrarse a ese comité y más de 20 presidentes municipales de la región del Istmo de Tehuantepec.”
Agregó que, en dicho comité, “la línea es hagan todo lo posible para que las empresas extranjeras privaticen lo más rápido posible, miles de hectáreas donde se ha demostrado que el potencial eólico para la generación de energía es de los mejores en el mundo.”
A respecto, detalló que se trata de tierras en más de 20 municipios, la planicie costera del Golfo del Istmo, y más de 20 mil hectáreas donde ya hay establecidos aerogeneradores.
La corrupción alcanza a los de Morena
El consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, subrayo que “los legisladores han recibido beneficios económicos de parte de Gamesa, de todas las empresas, y actualmente de EDF (Électricité de France)”. Un ejemplo el municipio de Unión, Hidalgo, Oaxaca, donde en “el primer mes que llega el presidente municipal, que es del partido Morena, el hecho de que sean de este partido no los inmacula de los tentáculos de la corrupción que llegan a todos los niveles.”
Este presidente municipal, está convocando a la última parte de una consulta indígena para que la comunidad opine para saber si existen o no condiciones para el establecimiento de un parque eólico de más de 4,600 hectáreas, “en su mayoría tierras que ya están ilegalmente disfrazada como de pequeños propietarios.”
No obstante, “sabemos que el fundo legal de más de 20 mil hectáreas ocupados por eólicos hoy en el sur del istmo de Tehuantepec, en los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo, La Ventosa, Chicapa de Castro son de propiedad social, son una comunidad agraria.”
Y explicó, los bienes comunales de Juchitán se rigen por un decreto presidencial de 1964 y son más de 68 mil hectáreas y, esto de acuerdo con la Ley Agraria no puede ser revertido y, por tanto, menos privatizado por el hecho de que un presidente municipal o un coyote de las empresas intermediarias como Demex, por ejemplo, o como las otras empresas, lleguen y digan que llevando su contrato son el posesionario.
Esto, sin haber una asamblea, porque no existe la autoridad agraria comunal, que desapareció luego de una represión muy fuerte, la empresa llegue con un notario público y de la noche a la mañana, ignorando el fundo legal de bienes agrarios comunales digan que ya esa parcela o esas 4 mil hectáreas de EDF ya son privadas, y esos contratos son válidos.
Peor aún, agrega, cuando vas al Archivo Agrario Nacional (RAN), a que se te faciliten los expedientes para saber cómo fueron ilegalmente otorgadas estas parcelas, te esconden la información. Ésta última, se ha hecho de uso exclusivo de la oficialidad para exceder a esos documentos únicamente los ministros, los procuradores, pero no están abierta al público para que las organizaciones realicemos toda la investigación.
De manera que no se puede buscar información para fincar responsabilidades a los notarios públicos, “en ese ilegal proceso de privatización de tierras comunales” que se están dado en el sur del Istmo de Tehuantepec.
“Hay amparos, hay procesos que se están denunciando por la voracidad de las empresas y esta investigación es algo de lo que se debería hacer junto con otra investigación sobre las bolsas de corrupción que están desde los distintos niveles de gobierno desde el federal, desde la Secretaría de Energía, por lo menos en los últimos 15 años, para deslindar responsabilidad e iniciar la discusión sobre una reforma incluyente.”
Video completo del Foro 22 A. Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad
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