El interés económico de privados es la razón del rechazo a la Iniciativa de Reforma Eléctrica, ya que tienen muchos incentivos y subsidios que les permiten recuperar más rápido sus inversiones en autoabastos y energías renovables, sostuvo Héctor Alonso Romero Gutiérrez, jefe de la oficina del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Linares Zapa.
El también ingeniero en desarrollo sustentable participó en el Foro 6 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. “El estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional”, donde respondió a la pregunta de por qué existe un rechazo de las empresas privadas a la Reforma Eléctrica si podrán tener participación a casi la mitad d la demanda eléctrica nacional.
Aclaró de entrada que existe diferencia entre expectativa de derechos y derechos adquiridos. Además, recordó que se intentaron hacer modificaciones para solucionar las problemáticas que se han planteado.
“Antes de llegar a la reforma constitucional, se llevaron a cabo al menos tres resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que fueron la 1094, 1193 y la 1194 de 2020, con las que se quiso atacar todas las problemáticas”. No obstante, “ya conocen la historia: amparos y amparos dados de una manera universal como nunca antes había pasado.
Y para explicar el rechazo a la reforma, agregó, hay que regresar al tema de los autoabastecimientos, donde se subsidia de manera indirecta por los todos los usuarios, casas y los pequeños negocios, con alrededor de 7 mil millones de pesos anuales. Y esto claramente no se encuentra en las leyes, sino en toda la legislación secundaria. La ley (LIE) son 130 páginas, pero la legislación son más de 10 mil.
Romero Gutiérrez explicó que también en manuales existen mecanismos de transferencias, solo autoabastos se les dan 7 mil millones de manera directa; luego “están los sobrecostos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por estos mecanismos que se instalaron y donde se llenan de fórmulas y teoría económica que cuando uno lo analiza no tiene sentido, pero nos genera un sobrecosto de 69 mil millones de pesos en los últimos tres años.”
De ahí que, al “ver todo este tipo de beneficios que se tienen, uno empieza a entender que ‘el interés es económico’ básicamente. En México podemos ver inversiones que se recuperan en 4 a 5 años en el sector eléctrico; porque además se les permiten depreciaciones aceleradas; y deducciones del 100% en un año de los costos.”
Y al ir sumando todo ese tipo de cosas, “encontramos justamente que ¡claro! Por eso México era uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables, porque casi, casi, les pagábamos su inversión a través de subsidios e incentivos, a través de los medios fiscales.”
Subrayó que “queda muy claro que el interés es meramente económico. Estamos intentando cambiar el sistema de excesivas ganancias, a un sistema con base en un enfoque más social y de acceso a derechos humanos que no se va a regir por un tema de ganancias de la iniciativa privada.”
Estrategia de despojo
El funcionario de la CRE también sostuvo que la estrategia energética actual es un despojo del control energético que debe ser recuperado a través de la reforma que está a debate.
“Dicen que, con esta reforma, la CFE tendrá demasiado poder para fijar las tarifas, pero ¿Por qué deberíamos dar el poder a la iniciativa privada? Debemos recuperar la rectoría, el Estado debe ser el que garantice la distribución energética y no los privados, ello permitirá avanzar hacia una mejor economía, bienestar, soberanía y seguridad energética del país.”
Insistió en la importancia de que el Estado retome las funciones que perdió en la reforma del 2013, evitar que el control del mercado termine en manos de privados y que la industria eléctrica opere sólo como un negocio.
“La reforma de 2021, la que estamos discutiendo en este momento, propone que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado y que en su lugar se vuelva un organismo del Estado. Su objetivo será potenciar el desarrollo nacional, elevar el nivel de las personas y garantizar el abasto de la energía eléctrica y sobre todo garantizar el a través del acceso a la electricidad confiable, segura y asequible, una vida digna para todos los mexicanos.”