México Evalúa considera que la iniciativa de reforma constitucional en materia energética refleja una incomprensión de los cambios profundos en el sector energético que en la última década han habilitado derechos y libertades para una mayor autodeterminación de las personas en su vida diaria. Llevar a cabo la reforma propuesta iría en sentido contrario a estos avances, y afectaría severamente el bienestar general de la población, al trastocar múltiples esferas de la economía, el medioambiente y las finanzas públicas.
México Evalúa está convencida de que un replanteamiento tan drástico del rol del Estado como propietario de empresas públicas en una estructura tan centralizada, al punto de excluir a los sectores privado y social, no puede ejecutarse sin una deliberación profunda de todos los impactos que podría provocar en el corto, mediano y largo plazo.
La iniciativa de reforma implicaría, principalmente:
- Un estatus legal para la CFE superior al de las secretarías de Estado, que dibujaría un nuevo esquema de gobernabilidad en el sector público.
- La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
- Una CFE autorregulada, sin contrapesos y sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- Un limbo jurídico, político y regulatorio para Pemex, al no proveer más información sobre el diseño de su estructura y mandato.
- Aumentos sustanciales en el costo de la electricidad que, junto con la promesa del presidente López Obrador sobre no aumentar las tarifas domésticas de bajo consumo, derivarían en un alza en el monto de recursos que el gobierno destina a subsidios eléctricos, que ya suma en promedio 74.4 mmdp.
- Un freno a la innovación en el sector por rigidez financiera de la CFE, dada la magnitud de sus pasivos, que al primer semestre del 2021 sumaban 1.6 billones de pesos.
- Pérdida de competitividad del país y del bienestar de la población reflejados en incremento de precios con su respectivo impacto en los precios generales de la economía. Por ejemplo, un aumento promedio del 30% en las tarifas eléctricas implicaría un aumento promedio del 20.4% en los precios de insumos intermedios de la industria.
- Mayor dificultad para atraer inversiones por falta de condiciones para proveer a la industria de suficiente energía limpia que les permita disminuir sus propias huellas de carbono, según la normatividad internacional.
- Dificultad para ampliar inversiones en el campo de las fuentes de energía renovable.
- Afectaciones ambientales y complicaciones diplomáticas para el país, a causa de la imposibilidad de alcanzar los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Incertidumbre jurídica para el sector privado en la venta de energía a la CFE, dada la ambigüedad en el mecanismo para el despacho eléctrico y por el régimen de excepción al artículo 134 constitucional, el cual dicta en condiciones normales que las licitaciones son el mecanismo prioritario para las compras públicas.
- Esquemas arbitrarios para la toma de decisiones de la CFE, que podrían promover nuevos y mayores patrones de corrupción.
- Quiebra de empresas proveedoras de la CFE, que podrían configurar los requisitos para calificar como expropiaciones indirectas en los términos del T-MEC y otros tratados internacionales.
- Arbitrajes internacionales y litigios para reclamar indemnizaciones que podrían sumar alrededor de 1 billón de pesos.
- Litigios por cancelación de contratos y permisos vigentes con la CFE.
- Afectaciones a los planes de negocio en el subsector de generación distribuida (paneles solares) ya que, bajo la figura de “área estratégica”, podría adueñarse del derecho exclusivo de uso del sol y del viento, recursos que son bienes públicos bajo el marco legal vigente.
