La Iniciativa de Reforma Eléctrica, es una reforma constitucional que estaría por encima de los tratados internacionales, es decir, no los violaría y en caso de una demanda hay cláusulas específicas para tratar el tema, y en el último de los casos, de llegar a un panel internacional, se pagarían las indemnizaciones, señaló Eduardo Andrade Sánchez, director general de Profesiones de la SEP.
El abogado participó en el Foro 13 del Parlamento Abierto de la Reforma Energética, con el tema “Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”, donde afirmó que la Constitución no puede ser inconstitucional, por tanto, no se violenta ningún derecho adquirido; la Constitución puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes. La reforma eléctrica no violaría tratados internacionales.
“Los tratados no pueden estar sobre la Constitución”, si ésta “cambia es la norma suprema”, y si en algún momento se afecta el contenido de un tratado, hay varias soluciones contenidas en las cláusulas de los tratados, y pueden ser materia de una discusión en un Panel Internacional, y “si hay necesidad de cubrir alguna indemnización el Estado lo puede hacer, y los costos serían de todos modos muchos menores.”
Además, hay excepciones porque “nadie puede eternamente atarse al contenido de un tratado”, y es más hay varios principios generales de derecho internacional, uno que señala que “mientras las condiciones sean las mismas”, si las condiciones cambian se puede también cambiar el tratado.
Es necesario cambiar la Constitución para dar certeza, para que el Estado tenga la certeza en el manejo y el control de un área estratégica que se puede y se debe definir en la Constitución y no dejarla a interpretaciones secundarias que ya irán haciendo las adecuaciones.
“Se necesita reformar la Constitución por el Estado de Derecho, la certeza jurídica y por la protección del interés nacional.” Se trata de volver a colocar las cosas en su lugar, que el Estado ejerza las funciones que tiene que ejercer, eso garantiza el Estado de derecho.
“La Constitución, una vez que se reforma es la base del Estado de Derecho, y esas reformas no pueden ser inconstitucionales.” Pueden existir condiciones fácticas, sociológicas, politológicas, económicas que establezcan una posible limitación a la voluntad del constituyente, en ese caso será la política la que defina el contenido de la Constitución.”
Y aquí es justamente de lo que se trata, de que la realidad política en México, con abasto de electricidad se ha visto afectado con la privatización porque no hay confiabilidad ni siquiera en el despacho, si se va a quedar 54% en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) eso permitirá que se regule.
En ese sentido, aclaró que “no es un problema de discrecionalidad sino de eficiencia y de utilidad para que se coloque la llegada de la energía de los privados, en un punto de ingreso al sistema que no lo desestabilice, esa es la función que debe ejercer la CFE.”
Agregó que l Estado mexicano es quien debe regir los aspectos estratégicos y funciones básicas como el abastecimiento de electricidad, el cual no debe estar en manos de privados. “Es fundamental retomar el modelo orientado al beneficio social y no a la ganancia particular”.
Subrayó que la CFE pierde dinero por las transferencias que realiza a las empresas privadas desde que se aprobó la reforma de 2013. Tiene que pagar, de manera injustificada, más de 400 mil millones de pesos al sector privado. Por estos motivos, dijo, es necesario que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico.
Video completo del Foro 13. “Aspectos constitucionales y legales de la propuesta de reforma eléctrica”
Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica
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