Los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza otorgaron suspensiones definitivas y con efectos generales, a empresas que impugnaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Al ser de carácter general la suspensión, implica que se beneficiarán todos los actores afectados por la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a las quejosas, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.”
Gómez Fierro, juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; requirió a la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, para que en el plazo de tres días dé a conocer la medida en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Picos obtuvieron la medida cautelar que frena las modificaciones a dicha legislación publicadas el 4 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Gómez Fierro, señaló en su resolución que las reformas podrían abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo cual implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector.
Subrayó que los artículos 57, así como el cuarto y sexto transitorio, además de generar incertidumbre jurídica para los permisionarios, podrían ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, otorgando poder de mercado a Pemex y reduciendo las condiciones de oferta.
Esto podría derivar en el aumento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con el correspondiente impacto negativo para los consumidores finales.
De la Peza, juez primero Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, argumentó que la reforma genera un cambio imprevisible e intempestivo contra los inversionistas privados, ya que la reforma energética de 2013 pretendió generar un “estado de confianza legítima” para proyectos de largo plazo.
“Existe la posibilidad de que la parte quejosa demuestre que es contrario al texto constitucional, que Pemex recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional.”
