Idally Pedroza de Grupo Mictlán
En las conversaciones sobre el futuro energético de México surge con frecuencia un factor fundamental: la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento que permitan avanzar hacia una verdadera resiliencia. Garantizar la seguridad del suministro no depende únicamente de la generación, sino también de la capacidad de almacenar energía de distintas formas para enfrentar contingencias, atender picos de demanda y fortalecer la confiabilidad del sistema.
La resiliencia energética, además de un objetivo técnico, se ha convertido en un componente esencial de la seguridad nacional y de la transición energética justa. Su desarrollo no solo mitigará los efectos de crisis de suministro, sino que también permitirá una integración más ordenada de las energías renovables.
El debate actual reconoce diversas alternativas. Por un lado, el almacenamiento de gas natural se presenta como un componente indispensable para asegurar el suministro. Por otro, los sistemas de baterías a gran escala comienzan a tomar protagonismo, como ya ocurre en países como Australia, donde han logrado mantener el equilibrio entre generación y consumo. En el mediano y largo plazo, el hidrógeno verde se perfila como una opción clave para almacenar energía renovable en forma química y diversificar la matriz energética nacional. Sin embargo, en un país donde los fenómenos geológicos e hidrológicos como hundimientos o socavones recuerdan constantemente la fragilidad del subsuelo, resulta indispensable fortalecer la infraestructura mediante estudios especializados que garanticen la seguridad y la viabilidad de cada proyecto.
La política pública de la Secretaría de Energía establece que para 2026, México contará con un inventario estratégico mínimo de gas natural capaz de abastecer al menos cinco días de consumo nacional. Aunque representa un paso relevante, esta meta parece insuficiente frente a las necesidades reales del país y generacuestionamientos legítimos sobre cómo se resolverá técnicamente este reto, en qué experiencias se basará y qué mecanismos garantizarán su implementación.
La extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han delineado las bases regulatorias de seguridad y operación, mientras que la política de almacenamiento mínimo publicada en 2018 fue un primer intento por construir reservas estratégicas. Sin embargo, el avance ha sido limitado. La experiencia internacional muestra que existen modelos más robustos que podrían adaptarse a México. Estados Unidos y Canadá por ejemplo, han desarrollado esquemas que no dependen de un único tipo de almacenamiento, sino que combinan grandes volúmenes en yacimientos agotados para seguridad estacional, cavernas salinas en zonas estratégicas para alta capacidad de respuesta y terminales de gas natural licuado para atender picos en centros urbanos.
En Estados Unidos, el consumo diario de gas natural se ha mantenido en un rango cercano a los 90 a 100 Bcf/d en los últimos años, con un almacenamiento que otorga alrededor de 43 días de suministro. Canadá, por su parte, cuenta con una capacidad total de almacenamiento de entre 900 y 1,000 Bcf de working gas frente a un consumo promedio nacional de entre 10 y 11 Bcf/día (Miles de millones de pies cúbicos), lo que equivale a un respaldo de 90 a 100 días. Estos modelos funcionan con eficiencia porque reducen la dependencia de importaciones en tiempo real, diversifican las tecnologías, ubican estratégicamente las instalaciones cerca de los centros de consumo y, sobre todo, cuentan con regulaciones claras y mercados abiertos que fomentan la participación de la inversión privada. Estas cifras ilustran no solo la magnitud del desafío, sino también el potencial de aprendizaje para México. Mientras Norteamérica consolida un sistema interconectado con almacenamiento diversificado, México aún puede aprovechar su posición geográfica y su red de ductos existente para diseñar un modelo propio, adaptado a sus realidades geológicas y regulatorias.
México podría avanzar de manera progresiva ampliando su capacidad de almacenamiento de cinco a quince y posteriormente a treinta días. Para ello existen recursos y oportunidades en distintas regiones del país. Los yacimientos agotados en el noreste y sureste, las cavernas salinas en Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, así como el desarrollo de terminales de gas natural licuado en Monterrey, Ciudad de México y corredores logísticos representan alternativas viables. No obstante, el éxito de cualquier proyecto dependerá de la existencia de reglas claras, transparencia en los inventarios mínimos y mecanismos de mercado competitivos que ofrezcan certidumbre.
Cuando hablamos de yacimientos agotados, nos referimos a campos de gas o petróleo que ya no son económicamente rentables para producir hidrocarburos, pero que mantienen sus características geológicas de almacenamiento. El gas puede ser inyectado nuevamente en estas formaciones porosas y permanecer atrapado bajo la roca sello, tal como lo estuvo durante millones de años. Las ventajas de esta opción son significativas, ya que permite aprovechar infraestructura existente como pozos y ductos, y reducir costos frente a desarrollos desde cero. México cuenta con yacimientos en declinación en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, aunque hasta ahora no se ha materializado ningún proyecto comercial de almacenamiento subterráneo, debido a la histórica dependencia de las importaciones de Estados Unidos y del almacenamiento en ductos.
Existen también estados que podrían convertirse en candidatos estratégicos para desarrollar sistemas de almacenamiento de gas natural. Zacatecas por ejemplo, destaca por su ubicación en el corredor centro-norte y su cercanía con los principales gasoductos, lo que lo convierte en un punto logístico clave para reforzar la seguridad energética del Bajío y del norte industrial. Puebla, por su parte, está conectada al sureste gasífero y a centros de alta demanda en el centro del país, lo que la posiciona como un nodo atractivo para equilibrar el sistema.
Una estrategia nacional de almacenamiento debería reflejar esta distribución regional, articulando proyectos en el norte, centro y sur para garantizar redundancia operativa y resiliencia del suministro. Este enfoque territorial permitiría también optimizar el transporte y reducir pérdidas energéticas, creando un sistema más equilibrado y eficiente. Ambas entidades además podrían integrarse en el futuro a proyectos de hidrógeno verde, aprovechando tanto su acceso a fuentes renovables como la posibilidad de adaptar la infraestructura gasífera para mezclas progresivas de gas con hidrógeno.
Otra alternativa relevante son las cavernas salinas, ampliamente utilizadas en países como Estados Unidos, Alemania y China. Estas cavidades se generan mediante un proceso de lixiviación, inyectando agua dulce en formaciones de sal y extrayendo la salmuera, lo que deja un espacio hueco ideal para almacenar gas.
Su gran ventaja radica en la seguridad geológica, ya que la sal tiene una condición plástica que permite que sea auto-sellable, evitando fugas. Además, ofrecen rapidez en los procesos de inyección y extracción, lo que resulta ideal para responder a picos de demanda. Sin embargo, requieren condiciones geológicas muy específicas, infraestructura de apoyo y un manejo responsable de la salmuera. En México, las zonas más prometedoras para este tipo de almacenamiento se encuentran en el Golfo de México, particularmente en Burgos, Veracruz y Tabasco.
El desarrollo de estas soluciones comparte un denominador común: la necesidad de infraestructura subterránea respaldada por estudios geotécnicos de alta precisión. Evaluar la capacidad del subsuelo, la dinámica de las aguas subterráneas y los riesgos asociados a hundimientos diferenciales o fallas activas no solo permite seleccionar los sitios más seguros, sino también definir medidas de mitigación que garanticen la integridad de los proyectos a mediano y largo plazo. Estos estudios también son la base de manifestaciones de impacto ambiental, dictámenes de seguridad y autorizaciones regulatorias ante SENER, ASEA y ahora la CNE, lo que otorga certeza técnica, ambiental y financiera.
Además, la certidumbre geotécnica y la trazabilidad técnica generan confianza entre inversionistas, aseguradoras y operadores, al demostrar que el riesgo del subsuelo puede ser cuantificado, mitigado y monitoreado a lo largo de la vida útil del proyecto.
La experiencia internacional demuestra que los proyectos de almacenamiento que carecen de estudios detallados corren el riesgo de enfrentar sobrecostos, retrasos o incluso inviabilidad. En cambio, cuando se incorporan desde el inicio, permiten optimizar recursos, definir la capacidad real de inyección y extracción, proyectar escenarios de respaldo realistas e incluso planificar un crecimiento gradual.
Además, reducen riesgos de contaminación, mitigan emisiones fugitivas y generan confianza social en las comunidades donde se desarrollan. Integrar soluciones de gas natural, baterías e hidrógeno verde bajo una misma visión estratégica permitirá a México avanzar hacia una resiliencia energética que no solo garantice el suministro, sino que también construya confianza en la transición frente a riesgos geológicos, climáticos y de mercado. El almacenamiento es, sin duda, el nuevo corazón de la seguridad energética. La discusión no debería centrarse únicamente en elegir entre gas o electricidad, sino en cómo integrar ambos para garantizar resiliencia en el corto plazo y sostenibilidad en el largo. Reflexionar sobre ello implica reconocer que la transición energética no se logrará únicamente con voluntad política, sino con ciencia, ingeniería y planeación responsable. México cuenta con el talento técnico, la capacidad institucional y los recursos naturales necesarios para convertirse en un referente latinoamericano en almacenamiento energético, siempre que la ciencia, la ingeniería y la política avancen de manera coordinada y con visión de largo plazo.
