Las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Energía del Senado aprobaron la minuta de la Ley de Hidrocarburos para su discusión y posible aprobación en la sesión del Pleno de este martes o jueves. El documento solo incluye algunas reservas sobre la revocación de permisos.
En la tarde del lunes, y luego de más de tres horas, la iniciativa fue avalada por 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como con 9 votos a favor, y 6 en contra en la Comisión de Energía.
Las reservas admitidas son las relativas para eliminar las modificaciones propuestas para los Artículos 56, relativo a la facultad de las autoridades energéticas para revocar un permiso ya que no cuentan con facultades para determinar un ilícito, ya que esto corresponde a los responsables de la seguridad según el Código Penal; además del Artículo 86, en el mismo sentido para la suspensión de permisos.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez consideró que condicionar los permisos a contar con un nivel mínimo de almacenamiento elevará la desconfianza de los inversionistas, lo cual no abonará a generar empleos.
Y cuestionó “¿Qué banco va a financiar a alguien que no tenga permiso? En el 2020, ha salido capital del país por 10 mil millones de dólares porque los inversionistas no están convencidos de México cuando se ha perdido el empleo por la desconfianza generada en el sector privado. De aprobarse esta reforma, la desconfianza seguirá aumentando”.
El senador Julen Rementería, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, señaló que la reforma a la Ley de Hidrocarburos resulta confiscatoria y expropiatoria. Aseguró que lejos de disminuir los precios de los combustibles, la reforma podría incrementarlos, además de que “instaura la discrecionalidad” y la incertidumbre, ya que “da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en este sector.”
Sostuvo que “se genera un clima de incertidumbre total, va a tener afectaciones y repercusiones legales, y no pocas y no solamente en México sino también en el extranjero”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, del partido de Morena afirmó que con esta Ley de Hidrocarburos se pretende evitar el robo y contrabando de combustibles, así como fortalecer el marco regulatorio.
Para la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la Constitución vigente no permite los planteamientos hechos por el gobierno en materia de política energética por lo que se ha buscado darle la vuelta mediante modificaciones legales.
“La mal entendida soberanía nacional, la supuesta seguridad energética y el falso combate a la corrupción no pueden ni deben ser el pretexto para violentar los principios constitucionales sobre los que se funda el Estado de Derecho”.
Refirió que en el caso de que se suspenda una concesión, debe antecederle una notificación al permisionario en la que se indiquen las causas que motivaron la suspensión, “las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso.”
“El permisionario contará con un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes”.
La senadora del Partido del Trabajo (PT) Nancy De la Sierra, indicó que el dictamen está viciado y que la mayoría de los legisladores se ha rehusado a escuchar opiniones técnicas como la que dio la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que indicó que la reforma viola derechos a terceros y afecta la competencia.
Agregó que las medidas incrementarían los precios en los mercados de hidrocarburos, por lo que propuso un parlamento abierto, así como definir un plazo de un año la suspensión de permisos.
