Expertos independientes propuestos por todos los grupos parlamentarios externaron sus puntos de vista En la Mesa de Diálogo “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal”, con el fin de comprender los alcances de la iniciativa del Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, mencionó que las aportaciones en la Mesa de Diálogo serán importantes en el análisis y, en su momento, dictaminación de la iniciativa.
Preguntó cómo ha afectado el huachicol a la importación de combustible en Nuevo León. Solicitó opinión respecto a los marcadores de combustible y los actuales sistemas de medición de hidrocarburos y petrolíferos.
El coordinador del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía, diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena), señaló que las experiencias y aportaciones de las y los participantes ayudarán a comprender de mejor manera los alcances de la iniciativa del Ejecutivo.
Video de la Mesa de Diálogo “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal”
Diputadas y diputados exponen inquietudes a ponentes
Ana Lilia Guillén Quiroz, diputada de Morena, cuestionó de qué manera la iniciativa beneficiaría directamente a los consumidores. El grupo parlamentario de Morena cuestionó cómo se puede hacer para aumentar la capacidad de almacenamiento, qué es lo que aporta la iniciativa a la medición de petrolíferos y cuál es el impacto que tiene en relación con los empresarios que venden combustible.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) preguntó si la iniciativa desplaza al sector privado integrado a las actividades petrolíferas, si desde el punto de vista jurídico tiene elementos de inconstitucionalidad y qué opciones le ofrecerá a los pequeños gasolineros, al no existir permisos por parte de las autoridades. Pidió conocer si la reforma va a provocar disminución de la inversión nacional y extranjera en la materia.
Cuestionó si se considera que la negativa ficta transgrede en forma directa los derechos fundamentales de seguridad jurídica y el debido proceso establecidos en la Constitución. Solicitó explicar si la iniciativa cuenta con elementos claros y suficientes para que se cumpla con la capacidad de almacenamiento y de no ser así cuáles serían los criterios necesarios.
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) preguntó cómo ayudará este cambio a combatir el robo de combustible o el tráfico ilegal. “Si ya hay sanciones establecidas, ¿no es más fácil cumplir la ley?” Consideró que más que ayudar a evitar el robo, evita la atracción de inversionistas en el sector. Cuestionó qué se puede adicionar para mejorar las condiciones de Pemex ante la falta de presupuesto y qué hacer con los funcionarios involucrados en el robo de combustible.
Pidió conocer cuál será la certeza jurídica sobre las inversiones en almacenamiento, transporte y expendio al público de hidrocarburos y petrolíferos, y si la ley propuesta está alineada con lo firmado dentro del T-MEC en lo que se refiere a la expropiación. Cuestionó si se debe adicionar una parte que indique la función de cada agencia o comisión y la pertinencia de hacer autónoma a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que pueda ejercer su función de origen. Preguntó si la iniciativa busca acrecentar el poder de mercado de las empresas estatales en el sector energético anulando la apertura a los particulares.
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) subrayó que la instancia legislativa tendrá que citar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para conocer su opinión sobre la iniciativa. Además, pidió detallar cómo ésta afecta las actividades de extracción de petróleo y gas natural; cómo corregir la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de Hidrocarburos.
Dijo que si Pemex sólo produce un tercio del gas natural que consume México, cómo la iniciativa ayuda a incrementar la producción. Cuestionó si la reforma afecta el cumplimiento de tratados internacionales de los cuales México forma parte y si permitirá que Pemex aumente la producción de gas natural, capacidad de almacenamiento de petrolíferos y refinados
También del PRI, el diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado preguntó si la iniciativa, en caso de aprobarse, tendrá el mismo destino en tribunales que la pasada iniciativa preferente interpuesta por el Ejecutivo Federal.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) señaló que la propuesta del Ejecutivo no especifica mecanismos de combate al huachicol, ni al contrabando, además en los últimos años se han aprobado reformas para castigar con penas más altas el robo y tráfico de hidrocarburos. Preguntó: ¿no sería mejor combatir la corrupción al interior del Ejecutivo Federal, incluidas las empresas productivas del Estado?
A su vez, el grupo parlamentario de Encuentro Social quiso saber cuál fue el papel de la medición en los gobiernos anteriores, y cuáles son las principales causas que impiden que se establezca una política de medición en el sector energético.
Del PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata expresó su interés por conocer cuáles son los principales beneficios de la propuesta y, en dado caso, cómo podría mejorarse la iniciativa.
La diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo (PRD) externó su preocupación sobre las modificaciones que se sugieren para que, derivado de la propuesta de reforma, la CRE y la CNH puedan mejorar su operación.
La propuesta de reforma es necesaria y urgente
Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, propuesto por Morena, afirmó que “la reforma es necesaria y urgente, aun cuando es solamente una actualización y armonización con relación a los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético”. Subrayó que la iniciativa es precisa y tiene propósitos claros, dirigidos, definidos, alcanzables y medibles.
Detalló que se restringe el acceso a la energía debido a la corrupción y robo de combustible, y consideró que debe fortalecerse a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, asegurar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, buscar disminuir el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y combatir la corrupción.
Comentó que lo que se propone es que realmente se analice cada uno de los permisos. Indicó que “uno podría pensar que va a ser una amenaza para los inversionistas porque se van a revisar los contratos, pero no deben tener miedo”. Estimó que sí se puede mejorar esta ley, “pero sería más dura”.
Evitar la discrecionalidad y dar fortaleza al nuevo marco jurídico
César Humberto Cadena Cadena, presidente de Clúster Energético de Nuevo León, propuesto por el PAN, refirió que respecto al artículo 57 “sienten temor” de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales. En cuanto al artículo 53 dijo que si la decisión es la “negativa ficta”, están a favor.
Sugirió que en el artículo 59 Bis se establezca que las resoluciones las realice una autoridad jurisdiccional, es decir, con facultades para juzgar, como un juez de distrito o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para evitar la discrecionalidad y darle fortaleza al nuevo marco jurídico; en el artículo Cuarto Transitorio propuso fijar un plazo de 30 días para la revocación de los permisos que incumplan con el requisito de almacenamiento.
En una de sus respuestas, refirió que se arriesga confiando en que es un país de leyes. Recurrir al extranjero para que rija nuestras leyes no es el camino correcto; “debemos esperar la justicia en nuestras propias leyes”. Agregó que en Nuevo León el contrabando empezó por ferrocarril y afectó al grado de que había días en que Pemex casi no vendía. Consideró que la ley pondrá orden respecto a que se necesita construir infraestructura.
La propuesta tiene problemas constitucionales
Rosanety Barrios Beltrán, analista independiente de temas energéticos y propuesta por el PRI, señaló que la revocación de permisos ya es una facultad que existe por parte de la autoridad; no obstante, precisó que para incidir de mejor manera en el combate al robo de combustible y la evasión fiscal se debe investigar quién le vende a quién y cómo.
Conjuntamente, buscar un acuerdo de colaboración entre las autoridades que investigan estos delitos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ya que ésta se encarga de vigilar que las instalaciones operen eficazmente y posteriormente reporta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que revoque los permisos.
También propuesto por el PRI, Raúl Pérez Johnston, miembro del Colegio de Abogados de México, dijo que los objetivos de la iniciativa son loables, ya que nadie puede estar en contra del combate al robo de combustibles ni al fraude a la ley en términos generales por parte de empresas que no cumplan al momento de obtener permisos o que los hayan obtenido sin cumplir con los requisitos, pero la forma en que se está planteando en la iniciativa, sobre la manera de atenderlos, presenta toda una serie de problemas constitucionales
Señaló que los cambios que se prevén a los artículos 51, 53, 57 y 59 bis, así como los transitorios cuarto y sexto, podrían generar nuevas interpretaciones que introducen nuevas causas para poder considerar conceptos que estaban en el pasado como seguridad nacional, energética, seguridad en cuanto a la economía nacional, que pudiera darle una mayor amplitud y margen de aplicación a estas disposiciones.
Al dar respuesta, Barrios Beltrán indicó que, aunque la propuesta del Ejecutivo cumple con el procedimiento legal necesario para combatir el robo de combustible, como está redactada se omite la certeza jurídica a los particulares, lo cual puede repercutir en la inversión al sector. Agregó que los marcadores de combustible son una práctica que se ha utilizado en otros países, pero no ha dado resultados favorables y tiene costos elevados.
En tanto, Raúl Pérez Johnston dijo que se debe trabajar la parte de la implementación administrativa en el ámbito de cada una de las autoridades que ejerzan efectivamente sus facultades en cuanto a la revocación de permisos y el control y vigilancia de todas estas actividades. También establecer candados, sobre todo en el artículo 59 Bis, para vincularlo a causas de utilidad pública y establecidas en la ley de expropiación.
La propuesta es limitada, aunque habla de soberanía energética
Silvia Ramos Luna, ingeniera de Inspección Técnica en Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó que la iniciativa únicamente modifica de manera parcial y elemental seis artículos de la Ley de Hidrocarburos. “Me da gusto que no hay objeción para reformar el artículo 56 para que se revoquen los permisos otorgados cuando se compruebe que los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos hayan sido adquiridos por contrabando; estamos de acuerdo en que no haya huachicol”.
La ponente, propuesta por el PT, aclaró que no se modifica el Título Segundo de la Ley de Hidrocarburos relativo a la exploración, por lo que “las rondas que entregaron nuestro petróleo siguen vigentes”. Añadió que la iniciativa sólo se limita a los permisos y deja sin modificar las reservas petroleras. La propuesta es limitada, aunque “hay que reconocer que por fin se vuelve a hablar de soberanía y seguridad energética; esperamos pronto discutir una reforma constitucional que nos regrese el patrimonio de todos los mexicanos: nuestro petróleo”.
Al responder a los cuestionamientos de diputadas y diputados, expuso que para aumentar el almacenamiento se deben aprovechar las 870 hectáreas de la Refinería Bicentenario. Para la soberanía energética, propuso regresar los artículos 25, 27 y 28 a como estaban antes de aprobarse la Reforma Energética, la cual violó la Constitución; “estamos por su abrogación”. Además, llamó a sancionar a los funcionarios involucrados en el robo de combustible con todo el rigor de la ley.
Existen coincidencias, pero se deben realizar modificaciones
La ponente propuesta por MC, Abril Moreno, socia-directora de Perceptia21 Energía, precisó que coincide con varias de las intenciones que tiene la reforma como combatir la corrupción, el robo de combustibles, el desabasto de gasolinas, que se sancione a las empresas que todavía no han cumplido con la acreditación de la infraestructura para almacenamiento, sancionar a los expendedores que despachan combustible incompleto y el contrabando de combustible.
Planteó algunas propuestas de modificación al artículo 59 Bis. En principio, ajustar la iniciativa al marco constitucional. En cuanto a las facultades de la competencia de la autoridad, dijo, el Consejo de Seguridad debe atender la seguridad, Sener la seguridad energética y la SHCP la seguridad económica. Otra propuesta, indicó, es que los motivos o razones de la suspensión temporal o definitiva del permiso queden bien sustentadas, fundamentadas y justificadas.
Al dar respuesta, Abril Moreno estimó que se debe hacer un análisis profundo al interior de Pemex sobre si existe gente vinculada al huachicol y que se aplique la ley. Consideró que la propuesta sí provocaría una disminución en la inversión nacional; “vamos a tener una pérdida y esto va a implicar no solamente en materia económica, sino en empleos, y vamos a tener fuertes repercusiones”.
Que el SAT autorice proveedores de servicios de verificación
Al plantear la propuesta de Encuentro Social, Roberto Villeda Suárez, socio fundador de CalPro, empresa distribuidora de instrumentos de medición y control de temperatura, presión y vapor, propuso que el SAT autorice “proveedores de servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos”.
Propuso adicionar artículos transitorios con el fin de eliminar de los Acuerdos A/008/2019 y A/009/2019 donde se exime a los permisionarios entregar a la CRE Certificado de Cumplimento por Empresas Especializadas; emitir la NOM que sustituya a las DACG RES/776/2015 y RES/811/2015 en un lapso no mayor a tres meses; que la NOM-14-CRE-2016 sólo sea evaluada por Unidades de Inspección acreditadas en su alcance respectivo; asimismo, que las competencias del personal verificador, tanto en cantidad como en calidad, sólo sean evaluadas por el Centro Nacional de Meteorología.
Al responder, Roberto Villeda dijo que al hacer auditorías y encontrar permisionarios, los Certificados de Cumplimiento o de falta de cumplimiento podrían ayudar a evitar actividades delictivas. Mencionó que en el gobierno anterior se crearon muchas regulaciones que no fueron aplicadas. Respecto a que si la negativa ficta transgrede la seguridad jurídica y sobre el tema de competencia, dijo que su intervención es sobre temas de medición de hidrocarburos, por lo que la respuesta se la deja a abogados.
Impulsar la capacidad de almacenamiento de combustibles
El ponente propuesto por el PVEM, Arturo Carranza Guereca, analista del sector energético, mencionó que ante alta dependencia de las importaciones de energéticos y un sistema frágil es necesario impulsar la capacidad de almacenamiento de combustibles en el país.
Añadió que para garantizar la seguridad energética es fundamental que Pemex y el sector privado participen de forma conjunta, además se tendrá que especificar de forma transparente y clara que todos los participantes del mercado estén en condiciones parejas.
Al dar respuesta a las y los diputados, el analista comentó que la propuesta acierta al elevar a rango de ley la obligación de contar con capacidad de almacenamiento, pues evita problemas causados por la falta de combustibles; no obstante, reiteró que es preciso que se evite la sobrerregulación.
Necesario, que México cuente con los recursos energéticos
Oscar López Velarde, abogado de la Universidad Iberoamericana, propuesto por el PRD, dijo que las discusiones en torno a cualquier reforma relacionada con el sector de hidrocarburos parten del hecho de que los mexicanos tienen visiones distintas sobre el tema. “Yo no creo que nadie busque garantizar la seguridad energética de los mexicanos ya que queremos que México cuente con los recursos energéticos que requiere su población y la economía, y para que la industria tenga los insumos necesarios y a precios competitivos para que prospere”.
Comentó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos prevé la obligación de que los permisionarios cumplan con la capacidad de almacenamiento que establezca la Secretaría de Energía, lo cual va en línea con la búsqueda de la seguridad energética; sin embargo, pierde de vista que ese cambio en esencia es meramente aclaratorio pues de la ley vigente ya se infiere dicha obligación.
Al dar respuesta, López Velarde señaló que la razón por la que se está previendo este artículo 59 Bis para suspender permisos es para que las empresas del Estado tengan un rol más activo. También, que la iniciativa tiene cosas buenas que en la medida en que se implementen y se ejecuten correctamente pueden traer eficiencia al mercado mexicano.
