La calificadora Moody’s Investors Service aseguró que la iniciativa de Reforma Eléctrica tiene implicaciones crediticias negativas para el sector; ya que podría disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad.
Eliminar la transparencia operativa
La iniciativa propone eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los órganos reguladores independientes del sector energético en México.
La existencia de estos reguladores es un elemento clave en el desarrollo de este sector, ya que proporcionan seguridad y estabilidad en el mercado. La eliminación de la CNH y la CRE afectaría la confianza de los inversionistas porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector.
¿Qué podría pasar?
Para Moody’s no se puede descartar la aprobación de la propuesta de López Obrador, pero este no es el escenario más probable porque requeriría una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y una mayoría simple en los congresos locales de los 32 gobiernos regionales de México.
Además, de ser aprobada, es probable que la propuesta desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas. La propuesta se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados, que tiene 180 días para aprobarla o rechazarla.
Energía más cara
La propuesta apunta a fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, Baa1 negativa) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); y priorizando el despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, que incluyen centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, las cuales suelen ser más limpias y baratas.
La medida desincentivaría la inversión en generación de energía renovable, lo que probablemente aumentaría el precio de la electricidad. Si bien el Gobierno de México (Baa1 negativa) podría subsidiar el aumento de los costos de la electricidad, los subsidios existentes ya han incrementado significativamente en los últimos años.
Se limita la participación privada
La iniciativa también establece que la participación del sector privado en la generación eléctrica se limitaría al 46% del consumo total de electricidad, frente al 62% actual.
Esto se lograría mediante la cancelación de los permisos de generación de energía y los acuerdos de compra de energía, así como la invalidación de las plantas de autoabastecimiento, los productores de energía independientes y las plantas a las que se adjudicaron contratos de largo plazo mediante licitación.
Si se aprueba la reforma propuesta, la CFE compraría parte de la electricidad a las plantas privadas de energía existentes, según el despacho económico u orden de mérito, y estaría sujeta a la confiabilidad del sistema, lo que podría desplazar la generación privada eficiente, renovable y de bajo costo.
Rechazo a inversión privada
La propuesta rechaza la inversión privada en el sector eléctrico, y las empresas propietarias de plantas de generación de gas, como Cometa Energía S.A. de C.V. (Baa3 estable) y FEL Energy VI S.a r.l. (Baa3 estable), podrían estar expuestas a precios y niveles de despacho más bajos, lo que podría afectar su capacidad para generar ingresos.
Los emisores que operan en el marco de un acuerdo de autoabastecimiento energético como México Generadora de Energía S. de R.L. (MGE, Baa2 estable) pueden enfrentar cambios importantes en su modelo de generación de ingresos, lo que aumenta el riesgo de negocio. Sin embargo, las posibles implicaciones crediticias son difíciles de determinar hasta que se avance más en el desarrollo del marco regulatorio.
Combustibles fósiles
La intención de utilizar la capacidad instalada de la CFE que utiliza combustibles fósiles desplazando la energía privada renovable, aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad de gas natural.
Según la Secretaría de Energía, los combustibles fósiles representaron aproximadamente 74% de la generación eléctrica de México en el período enero-octubre de 2020, y de ésta, el gas natural representó alrededor del 81%. México ha reducido la producción local de gas natural, y las importaciones representaron 72% del consumo total de gas a junio de 2021, según la Secretaría de Energía.
El fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural y un incremento de los precios, lo que generó sobrecostos de USD 2,500 millones para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa.
En ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que desde junio de 2021, por decreto, las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.
Inalcanzables metas de la Agenda 2030
La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia.
De acuerdo con los compromisos del gobierno de mitigación y adaptación al cambio climático para el período 2020-30, el objetivo de México es generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 y el 43% para 2030, cifras superiores al 25.5% observado en el período enero-octubre de 2020.
Si bien la CFE podría compensar parte de la inversión privada perdida en energía renovable reemplazando parte de su generación de energía contaminante y más costosa, no ha anunciado nuevas plantas de energía renovable. Solamente sus inversiones en centrales hidroeléctricas existentes y la construcción de un proyecto fotovoltaico en el estado de Sonora (B1 estable).
La propuesta menciona “dos grandes proyectos de energía limpia”, pero los detalles aún se desconocen.
Además, las enmiendas propuestas incluyen la anulación de los certificados de energía limpia, lo que dificultaría aún más los objetivos de descarbonización de México, al mismo tiempo que afectaría la confianza de los inversionistas en las instituciones locales, específicamente en el sector de energía renovable.
Antecedentes
La propuesta de López Obrador es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que opera el mercado eléctrico mexicano. En 2021, la Suprema Corte de México dictaminó la inconstitucionalidad de los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes. Éstas tenían por objeto modificar las reglas de despacho de energía eléctrica, lo que sentó un precedente para futuras controversias. Una iniciativa para cambiar la ley de la industria eléctrica presentada en febrero y aprobada por el Congreso poco después, está siendo discutida en la Suprema Corte.
