Por Alejandro Montufar Helu y Sergio Rivas de PETROIntelligence
El sector gasolinero mexicano podría estar frente a uno de los cambios regulatorios de mayor alcance de los últimos años en materia de control de emisiones, ya que se encuentra en elaboración la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM-004) de Sistemas de Recuperación de Vapores (SRV), una modificación que, aunque de carácter técnico, podría tener repercusiones directas sobre la operación, equipamiento, mantenimiento, costos y obligaciones de cumplimiento de miles de estaciones de servicio en gran parte del país.
La función de los SRV consiste en recuperar los vapores desplazados durante la carga y despacho de gasolina en las estaciones de servicio, y evitar su liberación a la atmósfera, reduciendo así las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), sustancias que contribuyen a la formación de ozono troposférico y al deterioro de la calidad del aire. Actualmente, la NOM-004 establece la obligación de instalar y operar estos sistemas a las estaciones de servicio en determinadas zonas del país, así como los métodos para evaluar su eficiencia, mantenimiento y parámetros de operación. Su alcance territorial se encuentra limitado a determinados municipios de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
De acuerdo con la información preliminar disponible, se espera que la zona de aplicación se amplie progresivamente a otras ciudades y municipios del país. En total, se espera que se añadan 234 municipios, llevando la presencia territorial de esta regulación a las 32 entidades federativas. Más que ampliar una lista de ciudades, la potencial modificación de la NOM-004 significa transformar una obligación concentrada en determinadas zonas metropolitanas y corredores industriales en un esquema de alcance prácticamente nacional.
Es de mencionar que el futuro cambio no sólo consiste en una ampliación territorial sino también en un aumento en la carga regulatoria. Al respecto, se escucha que se plantea elevar las exigencias técnicas de los mecanismos para comprobar el funcionamiento de los SRV, así como aumentar la trazabilidad operativa y endurecer los parámetros técnicos relevantes.
Para el sector gasolinero, la dimensión del cambio es significativa. De acuerdo con la información analizada, las estaciones sujetas a esta regulación pasarían de aproximadamente 3,063 a 9,038. En otras palabras, casi 6 mil estaciones adicionales tendrían que incorporarse al régimen de recuperación de vapores.
Aunque el desafío no consiste únicamente en instalar equipos sino también en gestionar el esquema de cumplimiento durante la operación de estos ante las distintas autoridades, la inversión estimada para nuevos equipos se encuentra en niveles altamente relevantes: se estima una cifra entre 5 mil y 8 mil millones de pesos.
Este impacto adquiere mayor relevancia al considerar el contexto económico que enfrenta actualmente el sector gasolinero: menores márgenes y distorsión competitiva por el Pacto Voluntario, congelamiento de nuevos permisos y posible pérdida de clientes de diésel, debido a la regularización poco rigurosa del autoconsumo.
En primer lugar, los márgenes de las estaciones se han visto presionados por las medidas implementadas para contener la volatilidad internacional en los precios de la gasolina regular y el diésel. En estas condiciones, la operación de una estación ofrece una rentabilidad insuficiente para justificar nuevas inversiones, además de existir algunas con precios fuera del mercado, ante la imposibilidad de desplazar su suministro al proveedor con los precios más competitivos.
En segundo lugar, el congelamiento de permisos incrementa el riesgo de mantener capital comprometido en proyectos cuya apertura no tiene una fecha definida, y en tercero, la regularización del autoconsumo puede generar una posible pérdida de clientes, lo cual disminuye la certidumbre sobre los ingresos futuros y debilita la viabilidad financiera de nuevos proyectos.
En conjunto, los márgenes insuficientes, el congelamiento de permisos y la posible pérdida de clientes por el autoconsumo reducen los recursos para mantener y modernizar la infraestructura de expendio lo que no sólo implica un reto para la inversión en nuevos proyectos para 2027 y próximos años, sino también para la implementación misma de los SRV.
Ante este contexto, es que surge la necesidad para el empresario y el gobierno de profundizar en el análisis de los SRV. Por un lado, el empresario debe saber que existen sistemas que queman el vapor del combustible y otros que lo convierten en combustible aprovechable, lo que implica que el costo del equipo, en el segundo caso, puede llegar a ser recuperado en un plazo de 3 a 5 años a través de producto aprovechable. Por el otro lado, el gobierno, ante una posible baja implementación de los SRV, debe regular cuidadosamente los requisitos técnicos para que no se permitan equipos que sólo desplacen la contaminación y no generen producto aprovechable, y que eviten la materialización del beneficio que se busca ambientalmente.
Aquí es donde se encuentra el punto central de la discusión para el sector. El debate no debería reducirse a si se amplía o no la recuperación de vapores a casi seis mil nuevas estaciones, sino a cómo implementar esta obligación de manera técnica y económicamente viable, con plazos suficientes y criterios que aseguren la implementación, efectividad y adecuado funcionamiento de los sistemas que deberán instalarse. La regulación debe procurar que las inversiones realizadas por los gasolineros se traduzcan en una recuperación efectiva de los vapores y en una reducción real de emisiones, privilegiando soluciones que acrediten su desempeño técnico, operativo y ambiental y evitando que el cumplimiento se convierta únicamente en una obligación documental.
El reto será lograr que esta transición alcance los beneficios ambientales previstos sin perder de vista su viabilidad técnica y económica para las estaciones de servicio.
