La Fiscalía General de la República (FGR) anunció las primeras detenciones de un grupo delictivo -encabezado supuestamente por Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California-, por huachicol fiscal que involucra más de 100 millones de pesos, uno de de tres casos que tienen en investigación las autoridades federales.
De acuerdo con las autoridades, el contrabando de combustible o huachicol fiscal opera a través de complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros que han permitido a grupos criminales introducir al país combustible de procedencia ilícita, evadir el pago de impuestos y comercializarlo ilegalmente.
Las organizaciones criminales utilizan diferentes rutas y medios de transporte para mover el combustible dentro del país. Una de ellas era la vía marítima, utilizando documentación falsa para simular importaciones legales. Una vez que el combustible llega a los puertos nacionales, es descargado sin ser declarado y almacenado en instalaciones clandestinas para después distribuirlo a estaciones de servicio y clientes industriales. Posteriormente, a través de transporte terrestre, el combustible es mezclado con producto de origen legal para dificultar su identificación y finalmente era incorporado al mercado mediante una red de distribución que buscaba ocultar su origen ilícito.
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Los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detectó una red de contrabandistas ferroviarios que utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o incluso declarándolo como si fueran otros productos con una carga fiscal distinta, ocultando así millones de litros de hidrocarburos y causando afectaciones a la hacienda pública, por medio de la omisión del pago de impuestos.
En este esquema participan empresas importadoras, agentes aduanales, empresas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y empresas encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos ellos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene un origen lícito.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han permitido establecer que todas estas operaciones forman parte de una misma estructura criminal.
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Estados como Coahuila, Durango y Zacatecas funcionan como nodos logísticos que conectan las operaciones marítimas, ferroviarias y terrestres para insertar el combustible en el mercado nacional.
La estrategia de la FGR no se limita al aseguramiento del combustible. El objetivo es desarticular por completo estas organizaciones, identificar a quienes las financian, localizar a las empresas utilizadas para simular operaciones, investigar a los responsables de la logística, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.
Los resultados de la estrategia reportan tres investigaciones en curso:
1.- En la modalidad marítima, destaca el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento, así como la detención de dos personas. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos.
2.- En Ensenada, Baja California, fue asegurado el combustible descargado del buque TORM AGNES, con ocho millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo localizados en un predio de El Sauzal. En esta operación también fueron aseguradas pipas cargadas con combustible de procedencia ilícita, fueron detenidas tres personas y continúan vigentes órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 154 millones 920 mil 363 pesos.
3.- En la modalidad ferroviaria, la autoridad aseguró en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros, así como una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 238 millones 818 mil pesos. Permanecen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades del país.
Los resultados de las indagatorias lograron el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de diversas órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización criminal, así como el seguimiento de una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.
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Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en un mensaje a la nación, anunció la detención de Ernesto “N”, ex gobernador de Baja California, socio mayoritario de la empresa Ingemar, especializada en actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, relacionada con actividades de huachicol fiscal.
“Hoy damos a conocer los resultados de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo”, dijo ayer la funcionaria en mensaje televisivo.
Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.
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El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos de América, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
De acuerdo con la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.
Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
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Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.
La FGR amplio las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025, detectando que la organización investigada habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
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Como resultado de este primer bloque de la investigación, desplegamos una operación de amplio alcance, con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos.
Ernesto «N» y cuatro personas más, han sido asegurados en el transcurso del día. Trabajamos para cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales.
Aquí, quiero destacar que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año, hemos llevados a proceso a 407 personas, relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Las acciones fueron planteadas para ejecutarse en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
