Ayax Gutiérrez Villascán
El uso y aprovechamiento de las energías renovables en las actividades realizadas por el ser humano resulta indispensable para poder lograr la sustentabilidad energética y mejora ambiental que toda sociedad requiere para su bienestar. Ante tal situación, el desarrollo de proyectos derivados de este tipo de energías debe ser prioridad para todos los gobiernos alrededor del mundo y México no debe ser la excepción.
Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha aprovechado las fuentes de energía renovables para el desenvolvimiento de sus actividades, desde el uso del sol para temas de calefacción hasta el uso del viento para cuestiones de movilidad, por citar un par de ejemplos, sin embargo, a raíz de la revolución industrial en el siglo XVIII, se dio prioridad al uso de los hidrocarburos como fuente primaria de energía para la mayoría sino es que todas las actividades realizadas por el ser humano.
Lo anterior derivo con el paso de los años en un uso excesivo de las fuentes de energía fósiles, y con ello, se generó un deterioro mayúsculo en los ecosistemas del planeta, poniendo en riesgo el bienestar de los seres vivos en todo el mundo.
En la actualidad, el desarrollo sustentable debe ser uno de los ejes centrales de la política energética y ambiental del gobierno mexicano. Por ende, la implementación de proyectos derivados de energías renovables debe ser una tarea primaria para obtener una matriz energética más amigable con el medio ambiente, a la par de conseguir paulatinamente el desprendernos de la dependencia de los hidrocarburos para llevar a cabo nuestras actividades diarias tanto a escala doméstica como industrial.
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El desarrollo sustentable se comprende como el uso eficiente de los recursos naturales disponibles en un determinado territorio sin que esto implique una sobreexplotación de dichos recursos y se comprometa su disponibilidad a futuro, es decir, que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser racionado de manera que permita el desarrollo pleno de la sociedad y a su vez se propicie la correcta regeneración de esos recursos, derivando en una disponibilidad continuacon el paso de las generaciones.
Este concepto se basa en la interdependencia de tres vertientes esenciales, mismas que son la: A) Social, B) Ambiental y, C) Económica.
Estas vertientes del desarrollo sustentable implican que se debe procurar la participación de toda la sociedad en las acciones de mejora ambiental, aunado a que se permita el desarrollo económico en múltiples industrias, priorizando en todo momento el cuidado y preservación del medioambiente, ello conlleva a que las
actividades económicas en la medida de lo posible se efectúen con el menor impacto adverso al ambiente y sus componentes, derivando en evitar alterar de manera significativa los ecosistemas.
De modo que, para lograr un desarrollo sustentable en nuestro desenvolvimiento de actividades cotidianas e industriales, tanto los gobiernos como la sociedad en general debemos emprender acciones que posibiliten eficientar el aprovechamiento de los recursos naturales y con ello coadyuvar a contrarrestar progresivamente el desgaste ambiental generado en décadas pasadas a nuestros ecosistemas.
Ahora bien, en materia energética, el desarrollo sustentable da paso al concepto denominado como ‘sustentabilidad energética’, mismo que conceptualizo como el uso eficiente de los recursos naturales para su aprovechamiento energético, priorizando que dicho aprovechamiento sea respetuoso con el medio ambiente,
esto, a través del fomento e implementación de proyectos de energías renovables, y dejar de utilizar las fuentes de energías fósiles. Además, la sustentabilidad energética implica que el suministro de la oferta energética debe ser seguro, ello refiere a que se mantenga la calidad y continuidad en el despacho de energía, garantizando así la accesibilidad de los bienes y servicios energéticos a toda la población, propiciando que estos sean asequibles para todos los individuos, evitando discriminaciones.
La sustentabilidad energética está integrada por tres pilares que son:
1.- Seguridad Energética: Es la gestión eficaz para garantizar seguridad, intensidad y resiliencia, principalmente en el suministro energético a través de una diversidad de fuentes de generación renovable o limpia de energía. Con la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura por parte de los proveedores
energéticos hacia los consumidores de energía, trayendo implícita la calidad en el suministro energético.
2.- Sostenibilidad Ambiental: Representa que la producción de energía sea “limpia” o lo menos contaminante posible, es decir, que al momento de la generación de energía se reduzcan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Dióxido de carbono (CO 2 ). Refleja la consecución de la eficacia en materia energética, tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda, por medio del desarrollo de proyectos energéticos derivados de fuentes renovables y poco dependientes del carbono, así como la producción y consumo de bienes y servicios energéticos “amigables con el medioambiente”.
3.- Equidad Energética: Conlleva al aseguramiento en el acceso a toda la población de los bienes y servicios energéticos a precios asequibles para el consumo generalizado de la oferta energética. Cada componente previamente descrito, tiene una correlación, función particular, y relevancia en la conformación de la sustentabilidad energética. Estos elementos se ven representados en un “Trilema Energético”. Este Trilema muestra los vínculos entre los actores públicos y privados, gobiernos bajo su función reguladora y los particulares, aunado a los factores económicos y sociales, recursos naturales nacionales, preocupaciones ambientales y comportamientos ecológicos, económicos y sociales tanto individuales como colectivos que están inmersos en el desenvolvimiento energético de un gobierno, lugar o región en
específicos 1 .
Es así que, el Trilema Energético ayuda a los países a analizar bajo parámetros más integrales su capacidad de proporcionar energía sustentable a través de las 3 dimensiones previamente explicadas: (seguridad energética, sostenibilidad ambiental y equidad energética), proporciona una retroalimentación independiente
en las políticas energéticas y ambientales empleadas en cada país, incluida una métrica de calificación que permite a los responsables de las políticas públicas en las materias de energía y medio ambiente a identificar las problemáticas, compensaciones, objetivos y metas energético-ambientales de un país para
mejorar y perfeccionar sus oferta energética en apego de sus obligaciones ambientales para la producción de energía limpia 2 .
Una vez comprendido el concepto de sustentabilidad energética y sus implicaciones en el desenvolvimiento energético de los gobiernos y sociedades alrededor del mundo, resulta indispensable asimilar la actualidad y prospectivas de nuestro país en materia energética, en particular en el desarrollo de proyectos
derivados de energías renovables.
Todo parte de las políticas gubernamentales en las materias energética y ambiental, mismas que deben estar enfocadas en desarrollar estrategias para una transición energética viable en los aspectos social, económico y ambiental.
Consecutivamente, es necesario sentar las bases legales que faciliten la inversión y desarrollo de los proyectos de energías renovables, a la par de implementar instrumentos normativos óptimos que permitan a los interesados en gestionar ese tipo de proyectos, cumplir íntegramente en el plano fáctico con la normatividad aplicable, principalmente, en la materias ambiental, energética, tributaria y administrativa. Finalmente, las autoridades competentes deben llevar a cabo sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia para garantizar que las actividades de los proyectos de energías renovables sean seguras y cumplan a cabalidad con lo estipulado en la normatividad vigente.
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En la actualidad en México, se puede apreciar un rezago en el desarrollo de proyectos renovables, toda vez que diversos factores han contribuido al estancamiento de este tipo de proyectos.
Desde la parte gubernamental la deficiencia en la estructura de los instrumentos normativos aplicables a las energías renovables es un factor primario que va en contra de la esencia de un proyecto renovable, misma que versa en que estos proyectos sean “limpios” o menos contaminantes en comparación con los
combustibles fósiles. Esto deriva en que se les dé un tratamiento de renovables a proyectos que tanto en la teoría como en la práctica no lo son, v.g. La energía generada por centrales de cogeneración, bajo los términos y criterios de eficiencia emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE), deriva en una cuestión
bastante subjetiva, que da lugar a incluir energías o tecnologías que en realidad resultan altamente contaminantes. Otro ejemplo es que un proyecto hidroeléctrico de gran magnitud puede ser catalogado como renovable pero no sería correcto afirmar que es “limpio”, ya que la afectación al entorno ambiental donde se desarrollará el proyecto puede ser más perjudicial que benéfica.
De forma que, la legislación aplicable a las energías renovables, en concreto la Ley del Sector Eléctrico (LSE), misma que sustituyó a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y, la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE), la cual reemplazó a la Ley de Transición Energética (LTE), deben ser congruentes y corregir la inadecuada conceptualización que persiste en su contenido respecto a las definiciones de energías renovables y limpias.
Se reitera que, de no modificar tal situación normativa, en la práctica, algunos proyectos energéticos van a seguir contraviniendo los objetivos de la transición energética, mismos que son incentivar el uso de energías renovables y limpias, con el afán de disminuir el uso de energías fósiles. Por ende, resulta indispensable esclarecer los conceptos alusivos a las energías renovables y limpias en las leyes
que contemplen en su contenido a estas definiciones, en particular la LSE y la LPTE; y así alinear la normatividad mexicana con lo que internacionalmente es reconocido como energías renovables y energías limpias.
Asimismo, se ha dejado de incentivar la participación e inversión de la iniciativa privada en proyectos energéticos renovables, esto a causa principalmente de conflictos legales entre el Estado mexicano con la empresas que invirtieron en el desarrollo de proyectos renovables en territorio nacional, ya que no se respetaron los términos de los acuerdos suscritos bajo el esquema de la reforma energética de 2013, con el cambio de ideología política en 2018 y hasta la fecha, no se ha podido conciliar la participación conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno mexicano a través de sus Empresas Públicas del Estado en este tipo de proyectos.
En adición al punto anterior, hace falta que se actualicen los instrumentos económicos que permitan aumentar el desenvolvimiento de proyectos renovables en el país, es decir, modernizar los estímulos fiscales, los mecanismos financieros y de mercado, con el objetivo de hacer más atractiva la inversión en proyectos de
esta naturaleza.
En lo que respecta a la parte alusiva a la iniciativa privada, ha hecho falta un compromiso mayúsculo con la sociedad mexicana, en concreto con las comunidades donde se llevan a cabo los proyectos renovables, no basta solo con retribuir económicamente a dichas comunidades, es menester de las empresas coadyuvar con la mejora del entorno de las comunidades e integrar una participación más activa de la población, ello, a través de la contratación local de personal como mano de obra en los proyectos, programas que permitan involucrar de lleno a la población en la toma de decisiones en beneficio de las comunidades, fomentar la capacitación de los profesionales nacionales que intervengan en todas las etapas de un proyecto renovable (desde el diseño, hasta el cierre, desmantelamiento y abandono de los proyectos), por citar algunos ejemplos.
Por último, en el entorno social es necesario dejar atrás los tabús que propician el rechazo a los proyectos renovables, siendo primordial que, tanto el gobierno mexicano como las empresas, muestren y expliquen minuciosamente a los integrantes de las comunidades todas las ventajas ambientales, económicas y
sociales que los proyectos renovables traerán consigo a los sitios donde habitan, beneficiando así a la población de los lugares donde se efectúen estos proyectos y se aporte a la preservación del entorno ambiental de esos lugares dentro del territorio mexicano.
Por otra parte, las condiciones geográficas de México, dan lugar a que el desarrollo de proyectos de energías renovables sea bastante viable en la mayoría por no afirmar que, en la totalidad del territorio nacional, las ventajas geográficas de nuestro país permiten implementar múltiples tecnologías aplicables a los proyectos renovables, esto es, desde las energías solar y eólica, pasando por la mareomotriz y geotérmica, hasta la bioenergía, por citar algunos ejemplos.
En este sentido, considero que algunas propuestas para maximizar el desarrollo de proyectos de energías renovables en México consistente en:
Mejorar la normatividad aplicable a las energías renovables, realizando una correcta distinción entre los conceptos de A) Energías Renovables (aquellas que se pueden considerar inagotables y menos contaminantes en comparación con las fuentes fósiles), B) Limpias (consideradas como las que no emiten gases de efecto invernadero, cuya contaminación es mínima o nula al medioambiente), C) De transición (son las que facilitan el cambio de fuentes de energía tradicionales hacia otras más sustentables, y a su
vez resultan menos contaminantes que las fuentes altamente contaminantes) y D) Fósiles (las fuentes de energía más contaminantes y que su uso excesivo en décadas pasadas ha derivado en las complicaciones ambientales de la actualidad). Permitiendo identificar de esta forma a cada tipo de energía en su respectiva clasificación a la que pertenece y así dar certeza jurídica a cada proyecto energético desarrollado
en México.
Actualizar y en su defecto crear nuevos instrumentos económicos (de carácter fiscal, financiero o de mercado), que incentiven el desarrollo de proyectos renovables, la fabricación de productos y oferta de servicios sustentables, así como el consumo de los mismos.
Generar un plan de desarrollo aplicable a las energías renovables donde se pueda “seccionar” el territorio mexicano por tipo de energía renovable, ello implica que se analicen los tipos de energías renovables más viables a implementar en las distintas zonas del territorio mexicano, esto, de facto, aumentará la matriz energética en México, misma que debe ser en su mayoría renovable, coadyuvando a su vez a eficientar la seguridad energética y aumentar la oferta energética que requieren los habitantes del país.
Establecer un nuevo ente gubernamental (Empresa Pública del Estado, anteriormente denominada Empresa Productiva del Estado) para el desarrollo exclusivo de proyectos renovables en México, con esto se propicia una especialización clave en el desarrollo de actividades derivadas de las energías renovables en nuestro país. Permitiendo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se aboque netamente a la parte de transmisión y distribución de energía eléctrica, asimismo, Petróleos Mexicanos (PEMEX), además de sus actividades petroleras, se enfoque más en el negocio del Gas natural y sus derivados como el Gas Natural Licuado (GNL) y el Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Natural Vehicular(GNV).
Fomentar en la sociedad mexicana la participación activa en la sustentabilidad de sus actividades energéticas, ello, al adquirir productos y servicios más sustentables, igualmente llevar a cabo acciones que les permitan generar su propia energía eléctrica, captación de agua, mejora en el manejo y disposición de residuos, por citar algunas acciones sustentables.
Con lo abordado y explicado en el presente artículo, nos damos cuenta que el panorama en materia de energías renovables en México luce con claroscuros, por una parte se tienen ventajas geográficas para potenciar la implementación de múltiples proyectos renovables, pero, por otro lado, las inconsistencias normativas, el abandono gubernamental a planes y estrategias nacionales en materia de energías renovables, el desinterés de la iniciativa privada por invertir y desarrollartecnología y proyectos renovables, entre otros factores, culmina con un estancamiento y posiblemente un retroceso en las metas y compromisos
internacionales de los que México forma parte en materia ambiental.
Ante tal situación, es vital que el gobierno mexicano reconfigure sus políticas energéticas y ambientales con el objetivo de incentivar la participación de los particulares en proyectos renovables, a la par de crear esquemas que permitan la coexistencia del capital privado y las Empresas Públicas el Estado en este tipo de
proyectos.
También es fundamental incluir y apoyar a la población en general para que adquiera bienes y servicios más sustentables, esto a través de establecer ventajas fiscales y mecanismos financieros que los vuelvan realmente asequibles y estén al alcance de toda la población.
De tal manera que, con la puesta en marcha de las propuestas expuestas con antelación, se abre la posibilidad de que nuestro país puede llegar a ser un ejemplo en sustentabilidad energética y convertirse en una potencia a nivel global en el desarrollo de proyectos derivados de energías renovables.
1 Cfr. WORLD ENERGY COUNCIL, “Trilema Energético”, s.f. [en línea],<https://wecpanama.org/acerca/trilema-
energetico/#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20Trilema%2C%20proporciona%20una,trilema%20energ%C3%A9tico%20en%20su%20pa%C3%ADs.>, [consulta: 23 de noviembre, 2025].
2 Cfr. Idem.
