El reciente informe presidencial de Claudia Sheinbaum ha puesto nuevamente en el centro del debate nacional la necesidad de avanzar hacia un sistema energético más justo, sostenible y tecnológicamente resiliente. Entre las promesas clave, entre otras cosas buscan garantizar que la electricidad llegue a las comunidades más necesitadas de México, muchas de ellas en zonas rurales e indígenas donde la cobertura aún es limitada y donde la infraestructura tradicional resulta inviable por costos o complejidad técnica como la Sierra de Durango e impulsar y Michoacán.
Este compromiso no solo responde a una deuda histórica con millones de mexicanos que carecen de acceso confiable a la energía, sino que se alinea con los desafíos que enfrenta América Latina en su conjunto. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2024), más de 750 millones de personas aún carecen de acceso confiable a la electricidad, lo que restringe de manera significativa su desarrollo social, económico y ambiental.
En México, según datos de la Secretaría de Energía (SENER, 2021), más de 1.2 millones de habitantes todavía no cuentan con acceso pleno a electricidad. La mayoría se concentra en comunidades dispersas y de difícil acceso, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Huasteca Potosina, aunque hay muchas más. En estos territorios, la extensión de la red convencional resulta costosa y poco viable, lo que hace indispensable explorar soluciones de generación distribuida, microrredes principalmente, que representan soluciones técnicas viables y sostenibles.
Estas tecnologías permiten integrar fuentes de energía renovable como; solar fotovoltaica, eólica de pequeña escala, biomasa o minihidráulica, junto con sistemas de almacenamiento y generación de respaldo. Además de mejorar la resiliencia energética, fomentan la autonomía local y contribuyen a la mitigación del cambio climático.
Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum: Economía, Energía y Sustentabilidad I Lo destacado
América Latina y el Caribe (ALC) presentan importantes avances en electrificación, con una cobertura superior al 95% de la población. Sin embargo, persisten brechas significativas en comunidades indígenas, zonas amazónicas y territorios insulares. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023), alrededor de 16 a 17 millones de personas en la región carecen de acceso adecuado a electricidad.
En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha liderado históricamente la expansión de la red. No obstante, en áreas aisladas la extensión de líneas de transmisión resulta financieramente inviable. Por ejemplo, conectar comunidades en la Sierra de Oaxaca o en la península de Yucatán puede costar entre US$20,000 y US$50,000 por kilómetro de red instalada según datos del Banco Mundial, (2020). Entonces, cuando se hace mención del monto total de la inversión de CFE, en 2025, es de 90 mil millones de pesos pareciera que aun resulta insuficiente, sobre todo cuando la institución se encuentra en un proceso clave de reestructura.
Frente a ello, programas como el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) y proyectos de cooperación internacional han impulsado soluciones descentralizadas. Un ejemplo es la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos en comunidades de Chiapas, donde se combina generación solar con baterías y, en algunos casos, con generadores diésel de respaldo.
Dejando de lado la inversión, otro punto relevante es cómo se llevará acabo; en el informe también se hace mención sobre que “la generación privada cuenta hoy con una capacidad instalada de 29 mil 344 megawatts y tendrá una expansión de por lo menos 6 mil megawatts adicionales”, también se menciona “el proyecto de ampliar la capacidad de generación eléctrica del Estado mexicano en 54 mil 823 a 77 mil megawatts en el sexenio con 40 plantas nuevas. Al concluir el 2025, se habran puesto en operación, de las plantas que venían del sexenio del Presidente López Obrador, cuatro plantas nuevas de generación eléctrica con una capacidad de 2 mil megawatts adicionales, y el próximo año serán otros 350, pero ya iniciaron las licitaciones para los nuevos proyectos de inversión” Entonces, si en esos planes esta el Estado de México, debido a que se encuentra uno de los nodos estratégicos del Sistema Interconectado Nacional (SIN) debido a que su ubicación central y la densidad de la demanda hacen que funcione como un punto neurálgico de transmisión y distribución hacia varias regiones y que a través de la Red Nacional de Transmisión (RNT) interconecta con nodos principales de CDMX, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Michoacán y Guerrero, entonces estamos hablando de por fin focalizar esfuerzos de manera estratégica.
En términos de planeación, la PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) identifica al Estado de México como centro de gravedad de la red porque ahí confluyen líneas de transmisión de 400 kV y 230 kV que alimentan buena parte del corredor industrial del centro y occidente del país. Es por ello que, tomando este ejemplo, esperamos que su incorporación, así como los centros de generación involucrados en este plan sea eficiente y eficaz.
En este contexto, para que las promesas presidenciales se conviertan en resultados tangibles, esperamos acciones inmediatas, planificadas y estratégicas en coordinado entre entes reguladores, iniciativa privada y comunidades locales, de manera que las transformaciones se visualicen en resultados tangibles, reales y expeditos que exigen alinear la política pública con las soluciones tecnológicas más avanzadas y adaptadas al contexto local, aprovechando la experiencia regional y global que ya demuestra que es posible llevar electricidad limpia, confiable y asequible a quienes más la necesitan.
La electrificación de comunidades aisladas mediante energías renovables representa una oportunidad transformadora, pero también plantea retos técnicos que requieren soluciones específicas y un diseño cuidadoso de los sistemas.
Uno de los principales desafíos es la intermitencia de los recursos renovables. La variabilidad natural de la radiación solar y del viento genera fluctuaciones en la generación de electricidad, lo que compromete la continuidad del servicio. Sin sistemas de almacenamiento o generación firme de respaldo, estas variaciones se traducen en cortes frecuentes que reducen la confiabilidad y afectan directamente la vida cotidiana de los usuarios.
A ello se suma la debilidad de la infraestructura eléctrica existente en comunidades rurales. Las redes locales suelen ser rudimentarias, con un bajo nivel de protección y sin sistemas de control avanzado. Esta fragilidad impacta en la calidad de la energía, generando tensiones inestables y armónicos que pueden dañar equipos sensibles, desde refrigeradores hasta sistemas de telecomunicación.
Otro reto crítico es el de los costos de almacenamiento y operación. Aunque los sistemas de baterías (BESS) han avanzado notablemente, su inversión inicial sigue siendo considerable. Además, en comunidades remotas, la logística de transporte, instalación y mantenimiento eleva los costos operativos y pone a prueba la sostenibilidad financiera de los proyectos.
La gestión de la demanda es otro aspecto fundamental. En zonas aisladas, el consumo energético suele concentrarse en momentos específicos, como la iluminación nocturna o el bombeo de agua. Sin una estrategia de gestión eficiente, los sistemas deben sobredimensionarse para cubrir los picos de consumo, lo que encarece innecesariamente los proyectos y dificulta su escalabilidad.
Finalmente, la capacitación técnica local es clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Muchas instalaciones fracasan porque la comunidad no cuenta con el entrenamiento necesario para operar y mantener los equipos. La falta de personal capacitado conduce al deterioro de la infraestructura y, en algunos casos, al abandono de proyectos que originalmente buscaban mejorar la calidad de vida.
Superar estos desafíos no solo exige innovación tecnológica, sino también experiencia práctica en el diseño, implementación y acompañamiento de proyectos. Empresas especializadas en soluciones energéticas, con conocimiento en microrredes híbridas, almacenamiento avanzado y estrategias de gestión de demanda, se posicionan como actores clave para transformar estas barreras en oportunidades y asegurar que la transición energética llegue también a los territorios más remotos.
En esta ocasión queremos enfocarnos en comparar las enseñanzas que nos han dejado otras prácticas latinoamericanas con resultados positivos, toda vez que pueden ser comparados bajo condiciones similares a las de México como son su geografía, condiciones climáticas, población, estilo de vida, etcétera. En espacios anteriores, nos dimos la oportunidad de compartir las ventajas que tienen los desarrollos tecnológicos en Australia, sin embargo, nuestra realidad es que estamos a años luz de un sistema político que permita una coordinación entre las diferentes entidades, legislación y de la justa participación ciudadana para lograrlo.
Electrificación rural en América Latina: experiencias y aprendizajes
La transición hacia sistemas energéticos sostenibles en comunidades aisladas de América Latina ha dejado lecciones valiosas. Casos en Chile, Colombia y México muestran cómo la combinación de innovación tecnológica, financiamiento adecuado y participación comunitaria puede transformar la vida social y económica en territorios apartados.
En Chile, la región de Atacama ha sido pionera en el desarrollo de microrredes solares con almacenamiento. Estas soluciones garantizan la operación continua tanto en comunidades mineras como en destinos turísticos que dependen de un suministro confiable en condiciones climáticas extremas.
Por su parte, en la Amazonía colombiana, el Ministerio de Minas y Energía implementó en 2021 programas de electrificación rural con apoyo del Banco Mundial. Estos proyectos integran paneles solares comunitarios y generadores diésel de respaldo, ofreciendo energía limpia y segura en zonas de difícil acceso.
En México, Oaxaca ha sido un referente de autogestión energética. Comunidades indígenas zapotecas han desarrollado proyectos basados en paneles solares y sistemas de baterías, disminuyendo su dependencia de la red de la CFE y generando un modelo replicable de independencia energética. A su vez, en Baja California Sur, la Isla Natividad ha adoptado una microrred híbrida que combina energía solar, eólica y diésel, garantizando electricidad constante para actividades pesqueras y servicios comunitarios. La pregunta es ¿Qué salió mal?, ¿Por qué no se replicaron estas muestras de desarrollo ingenieril?
Los impactos trascienden lo técnico. El acceso a electricidad impulsa el desarrollo económico, al permitir la operación de talleres, la refrigeración de alimentos, el acceso a telecomunicaciones y la expansión de servicios turísticos. En el plano social, la electrificación mejora la educación (con escuelas equipadas con computadoras e internet) y fortalece la atención en salud, gracias a clínicas con refrigeración adecuada para vacunas. A nivel ambiental, la sustitución de generadores diésel por fuentes renovables ha reducido de manera significativa las emisiones de CO₂ y la contaminación local, al tiempo que incrementa la resiliencia climática frente a fenómenos naturales.
No obstante, para que estos proyectos sean sostenibles, es indispensable contar con modelos financieros y de gestión sólidos. Los esquemas público-privados (PPP) han demostrado ser efectivos, combinando inversión gubernamental, capital privado y apoyo de organismos multilaterales. Asimismo, la implementación de tarifas sostenibles y diferenciadas permite equilibrar recuperación de costos con asequibilidad para usuarios de bajos ingresos. La participación comunitaria ha emergido como un factor clave: cuando los habitantes administran los sistemas, se fortalece el sentido de propiedad y se asegura su continuidad en el tiempo.
El financiamiento internacional ha jugado un rol decisivo. Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Verde para el Clima han respaldado proyectos en toda la región, convirtiéndose en motores para la electrificación rural. En este contexto, América Latina avanza hacia un modelo en el que la energía no solo ilumina hogares, sino que también abre caminos de desarrollo inclusivo y sostenible.
La integración de energías renovables en zonas aisladas de México y América Latina es tanto un desafío como una oportunidad. Los retos técnicos como; la intermitencia, debilidad de infraestructura y altos costos iniciales, pueden superarse mediante microrredes híbridas, almacenamiento energético, gestión inteligente de la demanda y modelos de financiamiento innovadores.
Los casos de Chile, Colombia y México demuestran que la combinación de tecnologías renovables con respaldo confiable puede garantizar un suministro estable, generar beneficios sociales tangibles y contribuir a la descarbonización regional.
Para México, el avance hacia comunidades energéticamente resilientes (no solo las rurales) requieren: Impulsar políticas públicas que fomenten las microrredes, promover alianzas público-privadas con visión de largo plazo, invertir en capacitación técnica local para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Que si bien, al enunciarlo resulta familiar con lo planteado en el informe presidencial pero la pregunta es: ¿Cómo una promesa se convierte en realidad?
La experiencia demuestra que ninguna de estas soluciones, por sí sola, es suficiente. La clave está en integrarlas de manera estratégica y adaptarlas a las condiciones técnicas, sociales y económicas de cada comunidad sin importar si es en Durango, Michoacán o Oaxaca. En este punto, el papel de empresas especializadas en infraestructura energética resulta crucial: contar con el conocimiento para diseñar sistemas híbridos, seleccionar la tecnología adecuada y asegurar una operación confiable a largo plazo marca la diferencia entre un proyecto exitoso y uno insostenible.
En este contexto, en Grupo Mictlán con sus cinco divisiones de especialización, estamos listos para soportar proyectos con empresas privadas, gobiernos, interactuar con respeto y resiliencia con las comunidades indígenas y trabajar en conjunto para dar soluciones de infraestructura energética, gestión de riesgos y estrategias de sostenibilidad, ya que sabemos que este conjunto juega un papel clave para transformar la realidad de las comunidades aisladas y acelerar la transición hacia un sistema energético más inclusivo y resiliente.
