La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser considerada desde 2 perspectivas para nuestro país; por un lado, como la empresa de energía responsable del suministro eléctrico a un precio razonable para los mexicanos, y por el otro, como una entidad pública que implica un costo financiero para la SHCP (principalmente por los subsidios a ciertos segmentos de las tarifas eléctricas).
Asimismo, el marco legal vigente implica tres monopolios regulados para la CFE que son transmisión, distribución y suministro básico, y una apertura al mercado para la competencia en la parte de generación y suministro calificado. Con base en las consideraciones anteriores es que se presentan diez recomendaciones que podría considerar la CFE para el futuro:
Estabilizar los resultados financieros. Los resultados de la CFE han sido muy volátiles entre el 2019 y el 2023 incluyendo pérdidas anuales de 64 mil millones de pesos (MDP) en algunos años y ganancias de 126 mil MDP en otros años dentro del mismo periodo. Si bien los ingresos han mantenido una inercia de crecimiento razonable, los egresos han presentado impactos significativos en distintos periodos principalmente por el pasivo laboral y el costo de los combustibles. Ambos rubros deberían ser revisados para buscar la optimización de los gastos relacionados.
Alinear el rol de la CFE en el marco del PRODESEN. Si bien es facultad de la Secretaría de Energía la emisión del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), es importante la coordinación con la CFE en la elaboración anual de dicho documento. Los proyectos que el PRODESEN recomienda en generación son indicativos, mientras que los proyectos sugeridos en transmisión y distribución son vinculantes. La importancia de las inversiones tanto en transmisión (por ejemplo, la potencial línea de corriente directa entre Oaxaca y Morelos, o la línea que podría conectar al sistema aislado de Baja California con Sonora) como en distribución deberían generar proyectos de rentabilidad para la CFE (tarifa regulada).
Definir el estatus de la Empresa Productiva del Estado. La CFE vive en dos universos paralelos que deben unificarse en favor del sector energético mexicano y con un costo -o rentabilidad cuando aplique- razonable para la SHCP. El marco legal vigente considera que es una empresa productiva del estado (cuyo objetivo es generar valor económico para el estado mexicano como su único accionista), pero al mismo tiempo convive con el hecho de ser una empresa pública de carácter social. CFE tendría que ubicarse en el justo medio de ambos conceptos, lo cual sería factible en la medida que se sigan identificando las áreas que generan una mayor rentabilidad dentro de toda la cadena de valor (generación, transmisión, distribución y suministro).
Monitorear el impacto de los gasoductos en el balance de la CFE. La CFE incorporó a sus estados financieros en el ejercicio fiscal de 2019 los conceptos de “activos por derecho de uso” y “pasivos por arrendamiento a largo plazo”, con lo que el tamaño de su balance superó por primera vez los 2 billones de pesos. Sin embargo, el impacto fue exclusivamente en el activo y en el pasivo sin modificar el tamaño del patrimonio (capital) provocando que el apalancamiento de la CFE se incrementara de manera importante. Al corte de junio de 2024 el monto del pasivo por este concepto llegó a 840 mil MDP, mientras que el activo relacionado fue de 780 mil MDP con lo cual el tamaño del balance superó los 2.7 billones de pesos hace unos meses. Es importante dar seguimiento a esta situación al interior de CFE para mantener la calidad crediticia y evitar poner en riesgo las calificaciones de la entidad en los próximos años (tanto la que tiene respaldo del gobierno como la de “stand alone”).
CFE y Pemex. Con el mandato de liderar el sector energético en México pero con limitados recursos
Mantener la separación por unidades de negocio y centros de costos. Si bien las subsidiarias y filiales de la CFE siguen operando de manera independiente bajo el control central del corporativo, es importante señalar que el marco legal actual pareciera eliminar la separación que se hizo hace algunos años para poder identificar -por tipo de actividad- la rentabilidad (o costo) de las distintas empresas que forman parte de la CFE. En términos agregados, el segmento de generación se encuentra en punto de equilibrio (algunas subsidiarias ganan y otras pierden dependiendo de las plantas de generación con las que cuentan, pero en general se mantiene un buen balance entre todas), los segmentos de transmisión y distribución son sumamente rentables (basados en una tarifa regulada determinada por la Comisión Reguladora de Energía, que permite a la CFE recuperar los costos asociados a ambas actividades) y el segmento de suministro presenta pérdidas importantes (a pesar de los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas eléctricas en algunos sectores).
Optimizar el uso de filiales y entidades adicionales. El marco legal vigente permite a CFE utilizar a sus filiales y a otras entidades (CFE Capital, CFE Calificados, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Telecom) para cumplir con sus metas y objetivos. Si bien cada una de estas tiene un posicionamiento y enfoque distinto, es importante maximizar su potencial para poder mejorar la rentabilidad de la CFE. En particular, mediante la conveniente inversión de los recursos de CFE Capital y el adecuado uso operativo de CFE Energía se podrían generar sinergias adicionales positivas para CFE.
Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en transmisión y distribución. Si bien los niveles de pérdidas técnicas (pérdidas de voltaje en alta y baja tensión por temas de infraestructura) en ambas áreas de la CFE son razonables según los parámetros de la OCDE, aún existen áreas de oportunidad y herramientas tecnológicas para mejorar los procesos operativos. Sin embargo, los niveles de pérdidas no técnicas (robo de energía principalmente) hacen que tanto las áreas de transmisión como de distribución no operen en los niveles de eficiencia deseados. La tecnología actual y el correcto monitoreo de ambos tipos de pérdidas por parte de CFE permitirían mejorar el resultado operativo de la empresa.
Gestionar eficientemente las coberturas. En los dos últimos ejercicios fiscales la CFE acumuló pérdidas cambiarias superiores a los 115 mil MDP, asimismo la volatilidad en el precio de los energéticos (en particular el gas natural) generó costos por 585 mil MDP en el mismo periodo. Los pasivos a tasa variable, los pasivos en moneda extranjera y el costo de la molécula de gas generan incertidumbre para CFE ya que las coberturas han tenido un costo elevado, dichas coberturas no han sido suficientes para cubrir los
riesgos y la pérdida financiera no se ha logrado contener.
Analizar una potencial redistribución del subsidio de SHCP. Entre 2019 y 2023 el subsidio a las tarifas eléctricas ha oscilado entre 70 y 80 mil MDP y para junio de 2024 dicho monto ya es cercano a los 50 mil MDP. Este gasto para la SHCP es necesario en aras de mantener tarifas eléctricas competitivas y mejorar las finanzas de la CFE, sin embargo, la distribución del subsidio se aplica de manera genérica por tipo de tarifa y no necesariamente para atender (en algunos casos) a la población más desfavorecida en términos económicos. Se podría optimizar el uso del subsidio de SHCP con una segmentación más detallada y con información más granular por tipo de usuario.
Invertir en energías renovables en coparticipación con privados. La CFE es líder en la generación hidroeléctrica y geotérmica; sin embargo, no ha conseguido tener una participación relevante en la parte eólica y solar. Actualmente estas últimas dos fuentes renovables representan menos del
10% del total de la matriz de generación de nuestro país. En seguimiento al cumplimiento de los compromisos de México en términos de cambio climático y transición energética, la CFE debería ser un actor preponderante para conseguir dichos objetivos. Lo anterior no puede realizarse de manera exclusiva con recursos públicos y es importante -conforme al marco legal vigente y manteniendo la soberanía energética- encontrar esquemas de participación con la iniciativa privada particularmente en temas eólicos y solares.
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