Este fin de año será uno de los más desastrosos que hayamos vivido en los últimos años, empezando por los desastres meteorológicos sobre Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Por el lado de los desastres económicos, empezaremos con una deuda acumulada de más de 50% y un techo de endeudamiento de 2 billones de pesos. Lo cual nos podría acarrear una mayor presión sobre las finanzas públicas, sobre todo ante un contexto de una política fiscal expansiva. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno Federal gastará mucho más de lo que le va a ingresar. Y consecuentemente, va a propiciar un relanzamiento de la inflación. Que aunque el INEGI nos diga que es de 4.44% para el año próximo probablemente volverá a ubicarse en alrededor de 7%.
Cabe destacar que la economía mexicana se está sobrecalentando ya que estamos creciendo más rápido de lo que podemos sostener. Lo cual también afectará al nearshoring, pues no tenemos ni la capacidad eléctrica ni de infraestructura ni de otros servicios para cubrir la demanda de las empresas que se están relocalizando. Lo que podría llevar a contraer la inversión extranjera directa.
La política fiscal expansiva no tiene fundamentos ya que se prevé que la recaudación podría descender el próximo año entre 1.5 y 2%. No obstante, el Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprobará antes del 15 de noviembre está reasignando cuantiosos recursos a los apoyos al bienestar. Lo que se convierte en gasto corriente y no en gasto de inversión. Cabe recordar que este presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, mientras que la Ley de Ingresos la dictamina la Cámara de Senadores exclusivamente.
Ante este entorno, la política monetaria se está volviendo más restrictiva en su afán de controlar o de contener la inflación por lo que no bajará las tasas de interés de referencia, probablemente hasta mayo de 2024. Aunque tampoco va a ser un descenso precipitado. En síntesis, este final de año amenaza con ser una amarga navidad, en los aspectos fiscales y monetarios.
