La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la “Estrategia de garantía de suministro de gas…”, provocaría disrupciones en la cadena de suministro del gas natural, lo que podría resultar en incrementos de precios y en un deterioro en las condiciones de oferta de esta importante fuente de energía.
Mediante una opinión, el órgano percibe riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados de la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Estrategia), establecida por la Secretaría de Energía (Sener) en el oficio SENER.100/195/2022.
En dicho oficio, se establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), deben acreditar que reciben el suministro por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o sus empresas filiales y subsidiarias; y que la prestación del servicio esté asegurada mediante la contratación de capacidad de transporte en ductos con cualquiera de estas empresas del Estado.
Al respecto, el Cenagas envió el oficio CENAGAS-UGTP/00434/2022 a los usuarios de transporte de gas natural, en el que señala que aquellos que tengan un contrato de servicio, tendrán la obligación de entregar evidencia documental de que cumplen con los requisitos establecidos en la Estrategia, a más tardar el 13 de agosto de 2022.
La Cofece destacó que el Cenagas es la entidad responsable de la gestión, administración y operación, con independencia de sus usuarios, de la infraestructura del Sistrangas, así como de garantizar su acceso abierto no indebidamente discriminatorio.
En ese sentido, consideró que “de seguir la Estrategia se afectarían de manera grave e irreparable las condiciones de competencia en el mercado del gas natural y el de electricidad”, sobre todo al considerar que:
1.- Impediría a los usuarios (comercializadores y usuarios industriales) que decidieran no contratar con las empresas del Estado antes referidas, el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del Sistrangas, beneficiando artificialmente a Pemex y CFE.
Es necesario mencionar que la capacidad de este sistema es limitada y constituye un insumo indispensable para competir en el mercado del gas natural, dado que este sistema cuenta con la infraestructura más importante tanto para el transporte como para la importación de gas natural.
2.- Desincentivaría la entrada de potenciales comercializadores de gas natural y anularía la capacidad de competir de los participantes actuales en este eslabón. Esto, porque la Estrategia impide contratar al proveedor más eficiente y, en cambio, establece una intermediación obligatoria que afecta sustancialmente las condiciones de suministro.
3.- Generaría distorsiones para los competidores de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, toda vez que los usuarios que utilicen gas natural para producir electricidad y requieran el servicio de transporte estarían obligados a adquirir este insumo a través de la CFE, que a su vez es su competidor. De esta forma, la CFE podría tener incentivos para incrementar los costos del gas natural a sus competidores.
Efectos adversos
Estas tres acciones podrían resultar en incremento a los precios de este combustible que serían transferidos a los consumidores finales, así como en un deterioro en las condiciones de oferta. Adicionalmente, la seguridad energética podría verse afectada derivado de la posición que asumirían tanto la CFE como Pemex, en lugar de que se diversifiquen las fuentes de abasto.
En este escenario, la Cofece exhortó a la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y al Cenagas a no implementar la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistrangas y hacer valer los principios de competencia previstos en el marco jurídico vigente.
Finalmente, la Cofece reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.
