La reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo de 2021, busca beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en relación con los productores particulares de energía, así como también contempla garantizar un plan tarifario que será actualizado sólo conforme a la inflación, señaló la firma legal y de negocios BC&B.
Ante esta perspectiva, BC&B destacó las 5 implicaciones de esta reforma:
Reforma a la LIE viola diverso derechos, principios y compromisos
1.Uno de los argumentos de jueces para otorgar una suspensión provisional, es que podrían afectar derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento a los usuarios finales del suministro básico de energía eléctrica.
“Esta medida cautelar tiene efectos generalizados puesto que de otorgarla sólo a los peticionarios no sólo estaría concediéndole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, además de que podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, señaló Raúl Herrera, socio de BC&B, firma legal y de negocios.
2.Las reformas a la ley van contra lo resuelto por nuestros tribunales, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la CRE desde 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.
3.La inconstitucionalidad y anticonvencionalidad se basa en que viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.
4.Es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidas en el T-MEC; a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros acuerdos internacionales al poner en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en el Acuerdo de París.
Por este motivo, “se prevé, como ya está sucediendo, la interposición de amparos contra su aplicación, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en el escenario nacional. En caso de aplicarse y ponerse en marcha dicha reforma, podrían iniciar arbitrajes de inversión derivados de acuerdos internacionales firmados por nuestro país y que establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus inversiones en nuestro territorio (Tratados de Libre Comercio, T-MEC, APPRIs)”, indicó Raúl Herrera.
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