En el último foro de la primera ronda del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, se puso el tema central a discusión: las empresas necesitan reglas claras y certeza juídica para invertir en el sector energético, pero también se necesita un mercado ordenado a prueba de la especulación.
En el Foro 19. Misión social y desarrollo productivo de la CFE, el autoabasto volivió a ser tema de controversia, por un lado, que la figura es ilegal ,y por otro, piden que migre y robustecerlo, haciendo cambios a manuales y reglamentos.
Por primera vez, surgieron voces en defensa de las Pymes que piden piso parejo para competir con las grandes empresas, que tienen una diferencia de tarifas eléctricas en un rango de 5.4 y 1.5 pesos el kilowatt.
Respetar contratos firmados con el sector privado
El director general de Zugastek Wind Energy, Sergio Zugasti Mattac, se pronunció por que haya reglas claras para el desarrollo del Estado y atracción de inversiones. Dijo que no debe haber una retroactividad de la ley y que se deben respetar los contratos ya firmados con el sector privado.
Expresó que la propuesta vulnera los capítulos del T-MEC referentes a la inversión y a la gestión de empresas del Estado. Planteó que se exijan reglas claras para el futuro del sector y se garantice la transparencia en las tarifas eléctricas.
Destacó la importancia de la inversión en energía para el desarrollo del sector, y dar certeza jurídica y reglas claras a los inversionistas, “quienes tienen discrepancias con la reforma porque tiene vacíos en los que entraron ciertos esquemas”.
Se pronunció por atraer inversión al sector, que las empresas puedan producir, se logre la autosuficiencia y que tanto la CFE como los privados generen la derrama económica en caminos, escuelas y desarrollo de comunidades.
Esquemas de autoabasto son ilegales
El abogado general de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez, se pronunció a favor de la iniciativa presidencial porque plantea la insubsistencia de los autoabastos irregulares. Expresó que hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que esa actividad es para el autoconsumo, y que la generación para venta a terceros, “disfrazados de socios”, es contraria a la esencia y límites legales del autoabastecimiento.
Refirió que los permisos de generación “que amparan ese fraude a la ley, son total y definitivamente ilegales”, que es falsa la versión propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte había declarado válidos y legales los autoabastos irregulares.
“No hay forma de resolver “esta trabazón de tipo judicial y la cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica, si no es a través de una reforma constitucional”. Indicó que “la energía constituye para el Estado mexicano una reserva que está fuera del T-MEC”, y que en el capítulo 8 del acuerdo comercial, identificado como el de energía, señala que México se reserva el derecho de modificar su Constitución.
Añadió que la mayoría de las centrales tiene operaciones irregulares y venden energía a 77 mil “socios de paja” en un mercado paralelo que daña los intereses legítimos de la CFE. Se pronunció por preservar la seguridad y autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional. Indicó que el modelo impuesto a la CFE ocasiona una pérdida económica de 438 mil millones de pesos y que los CEL han pagado seis mil millones de pesos a 335 mil centrales privadas y si siguen vigentes en 20 años serán 100 mil millones de pesos.
Refirió que transformar a la CFE en un organismo del Estado preserva los intereses de la nación y reasigna las funciones de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía, en la Secretaría de Energía y la CFE; no implica una merma del Estado constitucional y democrático de derecho, sino la reivindicación de atribuciones al Ejecutivo Federal y que “serán las y los legisladores quienes, por medio de la legislación reglamentaria, consignen elementos, candados y controles para evitar un ejercicio disconforme de las nuevas funciones”.
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En contra, Katya Somohano Silva, directora general de Energía en Deacero, consideró que el marco jurídico que hoy tiene la CFE posibilita su misión social y contribuye al desarrollo competitivo y productivo del país. Agregó que la Comisión tiene un portafolios de activos de generación diversificados en lugares estratégicos que pueden ser optimizados y modernizados para seguir compitiendo de manera exitosa. “Existen retos importantes en las tarifas, hay que invertir en transmisión, se requieren cerca de 300 mil millones de pesos para la expansión de la red en los próximos 15 años”
Afirmó que una red resiliente y con redundancia contribuirá a la seguridad energética y es uno de los pilares del futuro tecnológico para dar un brinco y ver hacia el futuro en tecnologías de electro-movilidad e hidrógeno verde. Respecto a las tarifas reguladas, expresó que la CFE no recibe todos los recursos que debiera a través de los subsidios que entregan los hogares de bajo consumo, “este es un tema que está en manos de ser resuelto por el regulador para destinarle recursos presupuestales, no se requiere una reforma constitucional y darle estas herramientas a la CFE”.
La CFE tiene un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, mecanismo que funciona con las aportaciones que hacen todos los participantes del mercado mayorista. Puntualizó que se debe atender el régimen fiscal y el tema del avance tecnológico y de la sustentabilidad, “en el que tarde o temprano tenemos que avanzar, no solamente las energías variables como la eólica y la solar, sino también la geotérmica y la hidroeléctrica”.
Respecto de la transmisión, detalló que hay dos regímenes, el que establece la Ley de Servicio Público Universal antes de 2014, que se refiere a todo lo que es autoabasto, que se le conoce como el porteo. El porteo es donde está el debate de si la CFE está recibiendo lo justo por el uso de esa red.
La reforma del 2013 es perfectible, adaptable, susceptible de mejoras, “es una reforma que va a cumplir 10 años, la Ley de la Industria Eléctrica fue expedida en 2014 y es susceptible de revisión y de incorporar temas que requiere”, pero el marco constitucional es todavía válido.
Sistema especulativo de precios y vental de CELs ; reforma ordena el mercado
A favor, Francisco López Herrera, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, expresó que la legislación vigente enfrenta los siguientes problemas: los generadores privados no se responsabilizan de la confiabilidad en el suministro, se usa el ahorro nacional y de los trabajadores para construir plantas eléctricas privadas, hay una balcanización, desintegración y endeudamiento de la CFE, hay un modelo de despacho que subsidia a productores independientes, y se ha generado un sistema especulativo con los precios y la venta de Certificados de Energía Limpia.
Puntualizó que la iniciativa propone garantizar el suministro de energía barata y segura, fortalecer la seguridad energética y la seguridad nacional, apoyar el crecimiento y desarrollo económicos para acabar con la pobreza y desigualdad, y fortalecer a la CFE con efectos positivos para la hacienda pública en general. “La revisión de los contratos no ataca la inversión privada. La transición energética será ordenada preservando la soberanía nacional”.
López Herrera mencionó que pueden competir los privados, tanto mexicanos como extranjeros, porque no se trata de excluirlos. La competitividad no es solo un tema de economía ni del sector energético, es también importante para el desarrollo de la competitividad general en el país.
“En lo que hace al sector energético en particular, carga con los costos que no son pagados ni reconocidos, lo que va en detrimento de sus finanzas y se afecta su rentabilidad social, porque drena recursos que podrían permitir su desarrollo”.
Reiteró que la competitividad que promueve la ley tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, incluyendo las propias empresas que ya participan para que compitan entre ellas. “La nueva ley hace un reordenamiento, propone, tiene una agenda hacia el futuro, trata de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, para que refleje su propio potencial para competir, pero limitando su competencia con el objetivo de garantizar el abasto”.
Migrar autoabasto y robustecerlo, y abrir las subastas
Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, dijo que la iniciativa plantea retirarle a la CFE su mandato principal, que es el generar valor económico, rentabilidad con sustentabilidad. “La CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola, no vemos claros los contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica”.
Indicó que con esta reforma, la CFE estaría en una posición administrativa que dificultaría a las personas físicas y morales acceder y defender sus derechos. “Consideramos que es necesario modificar manuales y reglamentos para migrar los autoabastos y robustecerlo, abrir de nuevo las subastas, confiar en el mercado como un mecanismo de asignación de los recursos de manera eficiente, porque lo que necesita la población es energía barata y de calidad”.
Lla transición energética en la CFE es una responsabilidad excesiva para un ente gubernamental, porque este es un proceso y establecerlo en la Constitución es, incluso, un poco contradictorio. “Esta transición requiere del involucramiento de todos los actores de la sociedad, privado, social, público”.
Dijo que preocupa que la CFE deje de ser empresa y su mandato cambie de manera radical a un triple mandato, que la sobrecarga de responsabilidades y que la exime de dos cosas importantes: generar valor y sostenibilidad, y de competir.
Pymes piden piso parejo en costo de energía, las empresas grandes están subsidiadas
Gustavo Morton Barrera, presidente del Consejo de los Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional, comentó que estamos solicitando leyes que solamente atañen a las Pymes. “Nosotros decimos que las cámaras grandes y las Pymes no podemos estar en el mismo costal; tenemos problemáticas precisamente porque no se nos juzga ni trata igual, hay una total inequidad en el concepto económico”.
Señaló que una Pyme es desde uno hasta 250 empleados, pero representamos el 85 por ciento del PIB del país, somos los que más trabajo damos. “Siguiendo los foros y viendo las participaciones que tenían las personas que venían aquí, principalmente de las cámaras de empresarios, consideramos que no estaban con lo que nosotros pensamos”.
Morton Barrera dijo que son 5 millones de Pymes que pagan la tarifa más alta. “Yo pago 5.4 pesos el kilowatt, 76 mil usuarios calificados pagan 1.5; hay una tremenda mortandad de Pymes porque el piso no es parejo”.
“No he visto a lo largo de los foros a nadie de las cámaras que hable sobre ese tema, no podemos estar pagando 5.4 pesos contra empresas grandes, que hacen exactamente lo mismo que nosotros, que están subsidiadas”, agregó.
Video completo del Foro 19. Misión social y desarrollo productivo de la CFE
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