Si bien un conjunto de lideresas han concitado la atención pública mundial por su impactante respuesta al COVID-19, menos de una de cada tres mujeres ocupan los principales cargos de liderazgo en la administración pública a nivel global, según los nuevos datos que recogen el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Laboratorio de Investigación sobre Desigualdad de Género (GIRL, por su sigla en inglés) de la Universidad de Pittsburgh. La exclusión de las mujeres de estas importantes funciones y procesos de decisión, incluidos los esfuerzos contra el COVID-19, supone una amenaza para una recuperación verde e inclusiva de la pandemia.
El último informe Igualdad de Género en la Administración Pública (GEPA, por su sigla en inglés) —la primera investigación integral exhaustiva sobre el tema que cubre 170 países— encuentra que las brechas de género persisten y que las mujeres siguen topándose con techos y muros de cristal que frenan su promoción a los más altos puestos de poder e influencia. Si bien en muchos países se ha registrado un progreso en la representación de las mujeres en la administración pública en términos generales, los hombres en todas las regiones del mundo todavía superan en número considerable a las mujeres en los cargos de liderazgo y decisión. En promedio, las mujeres representan el 46% de las personas que se desempeñan en la administración pública, pero solo el 31% ocupa los cargos más altos de liderazgo y conforman únicamente el 30% del personal directivo superior.
Las mujeres ocupan en promedio el 27% de los puestos y están al frente del 18% de dichos equipos. Apenas el 6% de los equipos de tareas contra el COVID-19 presentan paridad de género, mientras que increíblemente casi en el doble de ese porcentaje, el 11%, no hay ninguna mujer: Informe Igualdad de Género en la Administración Pública
La igualdad de género es fundamental para una administración pública inclusiva y capaz de rendir cuentas. Cuando las mujeres asumen funciones de liderazgo en la administración pública, los Gobiernos demuestran mayor receptividad y rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos mejora notablemente, según la investigación descrita en el informe. Por ejemplo, los datos muestran que cuando las mujeres están en el poder, aquellas políticas más soslayadas (como las orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, o los servicios de cuidado infantil y de atención médica) cobran mayor atención, y a menudo hay menos corrupción en el Gobierno y los partidos políticos son más proclives a trabajar de forma mancomunada. Dado que la crisis del COVID-19 impone desafíos sin precedentes a los Gobiernos y su ciudadanía, la toma de decisiones efectiva en las instituciones públicas y los servicios públicos receptivos e innovadores se hacen más necesarios que nunca.
Estos nuevos datos se presentan cuando muchos países continúan luchando contra las consecuencias de la crisis del COVID-19 y sus preocupantes efectos económicos y sociales en las mujeres y las niñas: desde el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas hasta la enorme pérdida de empleo e ingresos, lo que amenaza con detener el progreso hacia la igualdad de género. Hasta 105 millones más de mujeres y niñas —que ya de por sí son la mayoría de quienes viven en la pobreza extrema en el mundo— podrían verse empujadas a la pobreza de aquí a 2030 a causa de la pandemia, según el análisis del PNUD.
“Los efectos del COVID-19 no son neutros en materia de género, por lo tanto, resulta fundamental que los Gobiernos respondan a las necesidades, los derechos y las expectativas de las mujeres y las niñas. Las mujeres deben también tener plena participación en las instituciones públicas y sentarse a la mesa cuando los Gobiernos formulan las respuestas políticas y determinan el mejor camino para salir de la crisis”, declaró Achim Steiner, Administrador del PNUD. “Las decisiones fundamentales que se tomen hoy afectarán el bienestar de las personas y el planeta de las generaciones venideras. La recuperación sostenible solo es posible cuando las mujeres desempeñan plenamente su papel en la configuración de un mundo post-COVID-19 propicio para todas las personas”.
las mujeres ejercen un rol muy limitado en la adopción de decisiones sobre la política sanitaria, incluidas las respuestas de los países al COVID-19. Si bien el 58% de quienes se desempeñan en los ministerios de salud son mujeres, estas ocupan en promedio solo el 34% de los cargos de decisión.
En el informe GEPA se muestra que las mujeres ejercen un rol muy limitado en la adopción de decisiones sobre la política sanitaria, incluidas las respuestas de los países al COVID-19. Si bien el 58% de quienes se desempeñan en los ministerios de salud son mujeres, estas ocupan en promedio solo el 34% de los cargos de decisión.
La representación de las mujeres también es escasa en los equipos de tareas de los Gobiernos para combatir el COVID-19, quienes son los que encabezan la respuesta a la pandemia. De los 300 equipos de tareas nacionales contra el COVID-19 examinados en 163 países y territorios, las mujeres ocupan en promedio el 27% de los puestos y están al frente del 18% de dichos equipos. Apenas el 6% de los equipos de tareas contra el COVID-19 presentan paridad de género, mientras que increíblemente casi en el doble de ese porcentaje, el 11%, no hay ninguna mujer.
En el informe también se señala que las mujeres de la administración pública están apartadas de ciertas áreas de la labor política, donde se topan con “muros de cristal” además de los techos de cristal. El número de mujeres es más alto en los ministerios abocados a las cuestiones de las mujeres, la salud y la educación, pero se mantiene en niveles bajos en otras áreas del quehacer político.
Por ejemplo, pese a que la crisis climática afecta en desproporción a las mujeres, su participación en los ministerios para la protección del medio ambiente es una de las más bajas de las 20 áreas políticas examinadas. Esta promedia el 33% a nivel global, y la paridad en la toma decisiones relativas a la protección ambiental es escasa, lo que potencialmente dificulta una acción por el clima y una recuperación verde más efectivas. De forma similar, en el área de la política socioeconómica, los datos revelan que las mujeres ocupan en promedio solo el 36% de los puestos de decisión en los ministerios de economía.
Resultado de seis años de colaboración, el informe busca mejorar la calidad y accesibilidad de los datos sobre igualdad de género en la administración pública en todo el mundo para propiciar un cambio en las políticas basado en evidencias.
“La igualdad de género y la diversidad son clave para mejorar la función gubernamental y la calidad de vida de todas las personas. Para lograrlo necesitamos más y mejores datos, y colaboraciones como estas entre la Universidad de Pittsburgh y las Naciones Unidas pueden ayudarnos a alcanzar esa meta”, afirmó Ann E. Cudd, Rectora y Vicecanciller Superior de la Universidad de Pittsburgh. “Esta alianza de investigación ha generado información nueva e importante que no solo pone de manifiesto el problema, sino que además brinda la evidencia necesaria para solucionar estas disparidades”.
Sin la participación de las mujeres y con una subrepresentación de estas en los cargos de liderazgo en las tres áreas críticas de acción —la crisis sanitaria, la recuperación socioeconómica y el clima— es prácticamente imposible reconstruir mejor. Conforme los Gobiernos diseñan y perfeccionan las políticas para adaptarlas a la pandemia, el PNUD y la Universidad de Pittsburgh los instan a considerar los efectos de género de la crisis y a garantizar la participación plena e inclusiva de las mujeres en la administración pública, entre otros puestos, en los cargos de liderazgo y adopción de decisiones.
En el informe GEPA se brindan cinco conjuntos de recomendaciones para ayudar a corregir el desequilibrio de poder y romper estos techos y muros de cristal, como por ejemplo las siguientes:
1. Fortalecer las leyes, los marcos y las políticas vigentes y presionar para la sanción de estos instrumentos cuando no los hubiera, como por ejemplo, las cuotas y medidas especiales de carácter temporal y la creación de un presupuesto nacional de género;
2. Generar un cambio institucional, entre otras cosas, a través de la reforma del lugar de trabajo, políticas de recursos humanos inclusivas y la sanción del sexismo y el acoso laboral;
3. Mejorar la disponibilidad de datos de calidad sobre igualdad de género y mujeres en la administración pública;
4. Aprovechar las alianzas en curso y forjar otras nuevas, como por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales y movimientos de mujeres y alianzas empresariales, y
5. Promover sinergias entre la agenda para la igualdad de género, entre otras cosas, a través de la concienciación y el apoyo a la educación y preparación de las mujeres para una carrera en la función pública.
Aquí puede consultar informe: Informe mundial sobre la igualdad de género en la administración pública
