La eliminación de las protecciones al hábitat bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción podría retrasar inversiones, incrementar litigios y modificar la forma en que se autorizan proyectos de infraestructura energética.
La decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar la definición regulatoria de «daño» al hábitat dentro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA) enfrenta ya una fuerte batalla legal que podría tener consecuencias directas para el desarrollo de proyectos de petróleo, gas, electricidad, minería e infraestructura en Estados Unidos.
Tres demandas federales presentadas el 14 de julio por organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas buscan revertir la nueva regulación, argumentando que contradice cinco décadas de política ambiental y vulnera tanto la propia ESA como la Ley de Procedimiento Administrativo.
Más incertidumbre para el sector energético
Paradójicamente, aunque diversas asociaciones de la industria energética respaldaron la modificación regulatoria por considerar que reduce cargas administrativas, especialistas legales advierten que el cambio podría generar justamente el efecto contrario: una mayor incertidumbre para inversionistas y desarrolladores.
Hasta ahora, las agencias federales evaluaban no sólo el impacto directo sobre especies protegidas, sino también el daño potencial a sus hábitats durante los procesos de autorización de proyectos. Con la nueva norma, la definición de «daño» desaparece sin que exista un criterio alternativo que establezca cómo deberán realizarse dichas evaluaciones.
Expertos consultados consideran que las empresas deberán mantener un diálogo constante con las autoridades regulatorias para conocer cómo se aplicará la nueva interpretación en cada proyecto, ya que podrían presentarse criterios distintos entre agencias, regiones e incluso entre tribunales federales.
Litigios podrían prolongarse durante años
Diversos abogados especializados en regulación energética estiman que las controversias judiciales podrían extenderse durante varios años.
Incluso si la nueva norma permanece vigente, cada autorización de captura incidental de especies protegidas podría convertirse en objeto de nuevas impugnaciones legales, prolongando los tiempos para obtener permisos ambientales de grandes obras de infraestructura energética.
Los especialistas consideran que el conflicto probablemente sólo podrá resolverse mediante una decisión definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos o mediante una reforma legislativa impulsada por el Congreso estadounidense.
Organizaciones ambientales buscan revertir la norma
Las demandas fueron presentadas por organizaciones como el Centro para la Diversidad Biológica, Sierra Club, Columbia Riverkeeper y diversas comunidades indígenas del estado de Washington, quienes sostienen que eliminar la protección del hábitat pone en riesgo especies como el salmón, los osos pardos y diversas aves protegidas.
Los demandantes solicitan que los tribunales declaren inválida la regulación y restablezcan la definición de «daño» utilizada durante décadas por las agencias federales.
La industria respalda la modificación
Del otro lado, el Instituto Americano del Petróleo (API) y otras organizaciones empresariales sostienen que la interpretación anterior ampliaba excesivamente el alcance de la ley al considerar como «daño» modificaciones al hábitat que no implicaban una afectación directa a la fauna.
Para la industria petrolera, la nueva regulación brinda una interpretación más apegada al texto original de la legislación y evita restricciones innecesarias para proyectos de desarrollo energético.
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Un debate con implicaciones regulatorias
El conflicto también reabre el debate sobre el alcance de las facultades de las agencias federales para interpretar las leyes ambientales, particularmente después del fallo de la Corte Suprema en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo(2024), que limitó la deferencia tradicional otorgada a los organismos reguladores.
La administración Trump sostiene que la nueva norma se ajusta al texto literal de la ESA, mientras que los demandantes afirman que contradice un precedente vigente de la propia Corte Suprema establecido desde 1995.
Proyectos sostenibles: Hay escasez de especialistas ambientales
Factor Energético | Análisis
Más allá del debate ambiental, este litigio representa un tema estratégico para el sector energético estadounidense. Los desarrolladores de infraestructura requieren certidumbre regulatoria para planificar inversiones de largo plazo en exploración, producción, transmisión eléctrica, gasoductos, terminales e instalaciones industriales.
Si los tribunales suspenden o modifican la aplicación de la nueva norma, numerosos proyectos podrían enfrentar retrasos en sus autorizaciones ambientales, incrementando costos, riesgos legales y tiempos de ejecución. En un contexto donde Estados Unidos busca fortalecer su seguridad energética y mantener el liderazgo en producción de hidrocarburos y desarrollo de infraestructura, la evolución de estos litigios será uno de los temas regulatorios más relevantes para la industria durante los próximos meses.
Análisis publicado por S&P Global
Liga para acceder material original.
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