Como un grave retroceso para el campo nacional y una traición para los agricultores mexicanos por parte de funcionarios federales, calificó Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), la publicación del decreto presidencial para prohibir el glifosato que permite proteger los cultivos de alimentos, determinación que –alertó- coloca al país al borde de una grave crisis alimentaria.
“La publicación del decreto es una afrenta directa, abierta y ventajosa, afectando a todo el campo mexicano y poniendo en riesgo la estabilidad de precios y la disponibilidad de alimentos estratégicos como el maíz”, expresó el directivo quien estableció que la prohibición del herbicida, impulsada por funcionarios federales de la SEMARNAT, el CONACYT y la CONAMER, condena a nuestros productores a la pérdida de competitividad frente a los agricultores de naciones donde sí se utiliza glifosato, como lo es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.
En pocas palabras, agregó, a los productores les cortaron las esperanzas de tener más y mejores cosechas. Hoy sus siembras están en grave riesgo de perderse, lo que además de generarles pérdidas económicas, pone al país al borde de una crisis alimentaria porque la producción de maíz, cítricos, tomate, café, chile y frijol, entre otros, podría caer hasta 40 por ciento, señaló.
Por ello, García de Paz hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para revertir los efectos negativos que conlleva dicho decreto, y a no permitir que en su gobierno se realicen actos que atentan contra el sustento, la vida y el trabajo de miles de agricultores, y contra el derecho a la alimentación suficiente y de calidad de los más de 127 millones de mexicanos.
Dijo además que no fue casualidad que la publicación del citado decreto se haya realizado en pleno 31 de diciembre por la tarde, a escasas horas de concluir el 2020: “Fue un albazo dogmático-político, una alevosía que nos hace recordar los peores tiempos de nuestra historia; aquellos en que prevalecía la sinrazón, la cerrazón y el desprecio por el diálogo”.
Agregó que el documento también está plagado de errores y falsas premisas, y está caracterizado por la censura, pues en ningún punto toma en cuenta los cientos de comentarios que realizaron agricultores, investigadores y expertos en malezas durante la consulta pública en la página de la CONAMER. “A pesar de ello, tras meses de argumentos científicos expuestos, e intentos fallidos de dialogo con las autoridades, los funcionarios publicaron lo que quisieron”, lamentó.
Estableció que el decreto representa un claro desprecio no sólo a las mujeres y los hombres del campo, sino también a la comunidad científica, pues a pesar de que sus investigaciones han demostrado que el glifosato no causa daño a la salud ni al medio ambiente, ese trabajo desarrollado durante cuatro décadas simplemente se omitió.
Cristian García de Paz afirmó que los agricultores están sumamente preocupados por el desabasto de glifosato, lo que ya es una realidad, porque la pérdida de sus cultivos tendrá graves consecuencias para México. “Podremos ver escasez de alimentos como maíz, cítricos, tomate, café, chile, frijol, entre otros, así como encarecimiento de estos. No es exagerado decir que con este decreto, se pone en riesgo la alimentación de más de 127 millones de mexicanos”, expresó.
En ese sentido consideró un despropósito que en el propio Decreto se hable del objetivo de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, y al mismo tiempo se condene a los agricultores y a la población en general a que ello sea una meta prácticamente inalcanzable.
El directivo recordó que el glifosato es el herbicida más extensamente estudiado en términos de efectos en la salud humana y ambiental, y existen más de 800 estudios científicos que lo demuestran. En México, dijo, ese herbicida cuenta con registro de uso en más de 50 cultivos agrícolas desde 1975, y no hay evidencia alguna que sustente su prohibición.
Agregó que autoridades regulatorias de 160 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia y México han reafirmado públicamente que no hay evidencia que vincule al glifosato con ninguna enfermedad humana.
El Director Ejecutivo de PROCCYT apuntó que es muy extraña la forma en que los titulares de la SEMARNAT, el CONACYT y la CONAMER se han conducido para impedir a toda costa el uso del glifosato, cuando el propio presidente López Obrador ha declarado abiertamente que no es posible prohibir ese herbicida, puesto que se caería la producción de alimentos.
Para concluir, refrendó que los opositores al glifosato han montado una estrategia de mitos y mentiras para hacerle creer a la población que el herbicida causa enfermedades y daños ambientales: “A diferencia de los agricultores que siembran desarrollo económico para el país, los detractores están sembrando miedo entre la población. Su ímpetu basado en una cuestión estrictamente ideológica, dogmática, desechando las evidencias científicas que existen en todo el mundo, ha colocado en un punto de quiebre la anhelada seguridad alimentaria nacional”.
