En años recientes, el sector fintech mexicano ha crecido a pasos agigantados, pasando de ser un pequeño cúmulo de empresas dispersas a lo largo del territorio nacional a ser el segundo ecosistema más próspero de América Latina, tan sólo después de Brasil.
De acuerdo con estimaciones de Finnovista en 2020, este sector crece a una tasa promedio anual de 23%, al tiempo que su tasa de mortalidad va en descenso, lo cual señala un sector sano de rápido crecimiento.
No obstante su potencial económico, al representar estas empresas un nuevo jugador en el entorno financiero mexicano, las autoridades reconocieron la necesidad de regular sus operaciones, de la misma manera en la que se hace en otros países. Fue así que en 2018 se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como “Ley Fintech”.
Con este marco regulatorio el país busca generar certidumbre jurídica hacia las empresas de este giro para garantizar su óptima operación, transmitir seguridad y confianza a sus usuarios e inversionistas y promover la inclusión financiera y la competencia leal.
No todas las fintech están reguladas por esta ley. Para fines prácticos, su regulación se divide en dos grupos: las empresas que ya estaban operando antes de que se publicara la Ley Fintech y las que no.
En palabras de Víctor Aguirre López, socio fundador de BlackBox Startup Law, firma legal especializada en dar asesoría a startups en México, “a las primeras les aplica el beneficio del Artículo 8 transitorio que les permite la continuidad de sus negocios hasta que reciban autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pero para las empresas que arrancaron luego de la ley la situación es completamente diferente”.
Resolver las solicitudes de regulación de estas empresas es un trabajo conjunto que compete tanto a CNBV como al Banco de México (Banxico) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el más reciente reporte, hasta abril de este año se han otorgado 11 autorizaciones, de las cuales tres son entidades que ya operaban a amparo del Artículo 8 transitorio y ocho corresponden a empresas de nueva creación.
Asimismo, hay otras 15 entidades con autorizaciones sujetas a condición suspensiva, lo cual significa que tendrán que cumplir con algunas regulaciones como la Constitución de Nuevas Sociedades Subsidiarias, la inscripción en el Registro Público de Comercio y la celebración de actos corporativos que conllevan aumentos en su capital social, entre otras.
¿Nueva ley, nuevas oportunidades?
A pesar de los importantes avances en cuestión del marco regulatorio para las Fintech mexicanas, es necesario señalar que las nuevas instituciones que buscan una resolución favorable se enfrentan a un gran reto.
De acuerdo con el especialista de BlackBox Startup Law, las fintech que no estaban operando antes de la Ley Fintech no pueden iniciar hasta que no cuenten con la autorización de la CNBV, además de que deben tener todos los elementos regulatorios para la conformación de una institución financiera.
“Esto implica que la regulación de las nuevas fintech es muy amplia en materia de controles operativos de prevención de lavado de dinero, justificación de la identidad financiera y del modelo de negocios de la empresa. Pero al no poder operar y tener que presentar previamente su solicitud, las nuevas fintech van a necesitar sí o sí de financiamiento, porque de lo contrario no podrían realizar ningún tipo de transacción”, añade Víctor Aguirre.
Según estimaciones del abogado, el financiamiento que requieren las nuevas fintech podría ascender al equivalente a una inversión de hasta por dos años de operación, ya que las solicitudes de autorización de la CNBV tardan entre 6 y 12 meses.
Además, la fintech debe preparar un proyecto para presentar ante la comisión. No se trata de una solicitud de regularización ordinaria, dicho informe debe contener una documentación amplia conformada por manuales, planes detallados de operación, proyectos, descripciones del negocio, convenios, contratos, así como el acta constitutiva de la empresa, por mencionar algunos.
“Una fintech que hoy quisiera comenzar sus servicios tendría que tener garantizado el financiamiento de sus colaboradores y el proyecto por dos años.
Adicionalmente, tiene que garantizar que sus operaciones en la vida real sean tal cual lo estipula en la descripción del funcionamiento del sistema.
Entonces es mucho trabajo, porque al final lo que se busca es que cualquier fintech que esté en el mercado esté regulada o autorizada y tenga todos los controles necesarios para no poner en riesgo las inversiones”, afirma Aguirre.
Estos desafíos para los nuevos jugadores del ecosistema fintech mexicano pueden significar una gran carga tanto regulatoria como financiera; no obstante, el experto en startups afirma que la regulación es para fortalecimiento del sector, ya que si bien podría implicar una limitante para muchas fintech que desean competir en el mercado mexicano, lo cierto es que incentiva el crecimiento y desarrollo de aquellas que están dispuestas a cumplir con los requerimientos que se necesitan y tienen los elementos para convertirse en empresas sólidas.
¿Qué hay de las multas?
Cabe destacar que Ley Fintech también contempla sanciones para las empresas que incumplan con la regulación o que operan sin el aval de la CNBV. Según lo estipula la Ley Fintech, las sanciones en Unidad de Medida y Actualización (UMA) puede ir desde 5 mil hasta 20 mil UMA; es decir, desde 448 mil 100 pesos hasta casi 1.8 millones de pesos.
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido sanciones para 12 personas físicas y morales por infringir la Ley Fintech.
