En medio del consenso global para combatir el cambio climático, el gobierno mexicano ha formalizado su intención de ir a contracorriente.
A lo largo de la campaña presidencial y en los primeros años en el cargo, el Presidente López Obrador ha expresado que la prioridad para la política energética es lograr la autosuficiencia y seguridad energética del país con las empresas del Estado al centro. En el camino para lograr estos objetivos, el gobierno encuentra como principal obstáculo la Reforma Energética del 2013, la cual abrió el sector a la competencia (local e internacional) y buscó impulsar las energías limpias.
La estrategia hasta ahora ha sido la de no revertir los cambios establecidos en la constitución a partir de 2013 y ha preferido usar el poder político para influir sobre las decisiones de reguladores, inversionistas y el público en general.
Usando el argumento de la seguridad, el gobierno ha estigmatizado a las energías limpias y enaltecido los beneficios de los hidrocarburos. Mientras que en favor de la autosuficiencia destaca el nacionalismo de las empresas del Estado, sembrando desconfianza en las empresas que hoy tienen parte del mercado energético.
La primera embestida del gobierno a las energías limpias fue la cancelación de las subastas de largo plazo. Este
mecanismo instaurado con la Reforma Energética del 2013 se diseñó para incentivar la inversión en proyectos de
generación con vista al largo plazo. Las tres subastas que se llevaron a cabo fueron muy exitosas y atrajeron los
reflectores a nivel mundial pues se colocaron proyectos de solar y eólica al menor precio por MWh hasta ese momento (2017).
El cambio a las reglas para el otorgamiento de Certificado de Energías Limpias (CELs) vino unos meses después
(octubre 2019). Estos certificados acreditan la producción de 1MWh de energía eléctrica limpia y, según las reglas
establecidas en el 2013, se otorgan a la energía generada por tecnologías limpias que entren en operación a partir de 2014.
La Secretaría de Energía anunció que plantas legadas de propiedad estatal (hidroeléctricas) también podrán
recibir CELs. El impacto de esta medida sobre el precio de los CELs sería negativo, reduciendo el retorno esperado de las inversiones en energías limpias.
En medio de la pandemia, el Centro Nacional de Control de Electricidad (CENACE) emitió una resolución en la que se suspendía temporalmente la interconexión de proyectos renovables y se daba prioridad a plantas convencionales.
Unos días después la Secretaría de Energía publicó la política de confiabilidad bajo la cual se cambiaban las reglas de despacho de manera permanente: de un criterio de eficiencia (prioriza la energía más barata) a uno de confiabilidad (da preferencia a las energías convencionales, independientemente de su costo), argumentando que la intermitencia de las energías renovables lo hacen inseguro e inestable.
En julio, una carta del Presidente enviada a los reguladores y funcionarios del sector energético solicitaba que no se emitieran más permisos a los competidores de las empresas de energía del Estado e impulsaba a que sus acciones y decisiones beneficiaran a las mismas.
Todos estos intentos por intervenir en el mercado energético hasta ahora han encontrado contrapesos institucionales basados en el marco legal vigente. Así, el siguiente paso por parte del gobierno fue introducir un cambio legislativo.
Al inicio del 2021, el Ejecutivo envío una iniciativa al Congreso de la Unión con cambios a la Ley de la Industria
Eléctrica con la que se revierten algunos aspectos de la reforma del 2013. La iniciativa fue aprobada en marzo del
2021, convirtiendo en ley los elementos planteados tanto en la carta a los reguladores y funcionarios para evitar la competencia en el sector como en las políticas de despacho que desincentivan el desarrollo de las energías limpias.
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