Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, aprobaron, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
La votación en lo general, por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, fue de 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones
Mientras que en la Comisión de Energía, encabezada por el diputado Manuel Rodríguez González, se emitieron 25 votos en pro, 19 en contra y cero abstenciones.
Se determinó que el voto particular del diputado Salvador Caro Cabrera (MC) pasará de manera íntegra junto con el dictamen para que sea considerado por el Pleno.
Para la discusión en lo particular se reservó el artículo 28 constitucional. Los Artículos Transitorios: Tercero fracción XII, Cuarto y Décimo. Además de una propuesta de adición al artículo 4º constitucional.
Dictamen. Los Artículos
El dictamen precisa en el artículo 25 de la Carta Magna, que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
En el artículo 27 constitucional considera al litio y demás minerales como estratégicos para la Transición Energética.
Indica que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias, a fin de llegar a esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.
En al artículo 28 destaca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, será responsable de la electricidad y del Sistema Eléctrico Nacional, su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta.
La CFE generará al menos, el 54% de la energía eléctrica que requiera el país. El sector privado participará hasta en el 46% de la generación. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.
Precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas: del litio y demás minerales estratégicos, electricidad y las industrias requeridas para la Transición Energética. Añade que el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos respecto de las vías de comunicación mantendrá su dominio de acuerdo con las leyes de la materia.
Los Transitorios
En los artículos transitorios se señala que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de este Decreto, se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el mismo día de la entrada en vigor se instalará dicho Sistema.
Precisa que el Sistema se instala en los siguientes términos: la CFE se convierte en organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control. Adoptará las medidas necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente Decreto. La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFEnergía, CFE International y CFECapital, y podrá crear las que considere convenientes.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpora a la CFE, en lo que corresponda. La CFE queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.
Además, la CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación: de generadores, de las centrales eléctricas de la CFE en por lo menos el 54 por ciento de la energía eléctrica requerida por el país; y de las centrales eléctricas del sector privado hasta el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción.
El porcentaje de la energía eléctrica que se reconoce a la inversión privada es la que se generaba al amparo de los permisos y contratos cancelados a las empresas que operaban a la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no será reconocida ni adquirida por la CFE.
La generación excedente de los Productores Independientes de Energía derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida ni adquirida. Precisa que las solicitudes de permisos pendientes de resolución no serán autorizadas.
Subraya que la CFE adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de producción.
La CFE establecerá, por medio de disposiciones generales, las modalidades de contratación necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento, establecerá las modalidades necesarias en la contratación de bienes, servicios, obras y combustibles, determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas a usuarios finales y se cancelan los certificados de energías limpias, agrega.
En el Transitoria Cuarto, señala que los órganos reguladores coordinados en materia energética, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, se suprimen. Su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía, en lo que corresponda.
En el Transitorio Quinto, la participación en la generación eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control a cargo de la CFE y a la regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad; lo anterior a efecto de garantizar en todo momento la continuidad de la generación hacia la prestación del servicio público de electricidad.
En el Transitorio Sexto, para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la electricidad, desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos de usos finales; ciencia y tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos; financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional, a fin de crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional.
El Transitorio Séptimo menciona que para los efectos de la reforma del artículo 25 y del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución a que se refiere este Decreto, las concesiones mineras otorgadas por el Estado Mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservan en los términos que fueron otorgadas. Estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio ni de otros minerales denominados de tierras raras, en los términos de la legislación minera.
Subraya que a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en aquellas que a la fecha existan antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior.
En el Transitorio Octavo, se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt.
Los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE. Lo anterior, considerando las necesidades de control y planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
El Transitorio Noveno, subraya que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la Ley.
El Transitorio Décimo, abunda que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto.
Temas en lo Particular
Con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, avalaron el dictamen en lo particular.
De la Comisión de Energía, encabezada por el diputado Manuel Rodríguez González, la votación en lo particular fue de 24 en pro, 18 en contra y cero abstenciones.
Robledo Ruiz precisó que el dictamen con proyecto de decreto se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.
Las Reservas aceptadas
En lo particular, se aceptaron las reservas del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena), al artículo 28 constitucional, y los Artículos Transitorios: Tercero fracción XII, Cuarto y Décimo. Así como, la adición del artículo 4º Constitucional al proyecto de decreto.
Mier Velazco dijo que la finalidad es integrar las propuestas de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, a fin de darle certeza jurídica a la inversión, propiciar la generación de energía limpia suficiente bajo un sistema de planeación y que el control lo tenga el Estado mexicano con la participación del sector privado, hasta con un 46 por ciento.
Detalló que las modificaciones plantean que se establezca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, garantizar el acceso a la energía eléctrica a través de la autogeneración y bajar las tarifas de uso agrícola al no tener un trato de zona industrial o general. Además, reducir los costos a los sistemas operadores y los comités locales de agua potable.
Indicó que las adecuaciones también promueven la transición energética, se corrigen los errores y los excesos del pasado, al revisar los contratos legados para el caso de los productores de autoabasto e independientes, además de que se abre la oportunidad para que negocios y empresas pequeñas puedan acceder al mercado energético con costos más bajos o energía limpia.
El diputado Mier Velazco expuso que también se fortalece la regulación del mercado, se reafirma la rectoría del sector energético con el Centro Nacional de Energía Eléctrica, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad para que sea el organismo público responsable del control de la energía eléctrica y se fomenta el uso de energías renovables.
También, se reformula el modelo de los certificados de energía limpia para alinearlos con lo términos internacionales y se incorporan las observaciones en materia de litio. Por otra parte, aclaró que con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se queda sin materia el punto relativo a robustecer y perfeccionar el mecanismo de otorgamiento de permisos.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) indicó que votarán en contra de estas reservas. “Nosotros vamos porque se respete y fortalezca la libre concurrencia y competencia, misma que es constitucional, porque no se limiten términos porcentuales a los participantes del mercado de generación; no queremos que se elimine el mercado de comercialización, al contrario, queremos ampliar los alcances del mercado eléctrico para que más gente se beneficie; buscamos fortalecer al Estado mexicano”.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (Morena) dijo que la energía es uno de los bienes más preciados de la humanidad dado que es el impulso a todo tipo de actividades, desde las más básicas en el hogar hasta las más complejas en la industria. “Los ciudadanos necesitamos electricidad para atender nuestra salud, movilidad, regar nuestros cultivos, dar de beber a nuestro ganado, acceder a la información y sentirnos seguros con calles iluminadas”.
La diputada de MC, Julieta Mejía Ibáñez, expresó que hay falta al debido proceso, ya que las reservas serían discutidas en el Pleno y no fueron circuladas con antelación. “Lo único que quieren hacer es simular que incluyen las propuestas de otros grupos parlamentarios, cuando en realidad se omite la discusión de todas las iniciativas en la materia; las reservas no cubren las demandas hacia una transición energética”.
De Morena, la diputada Judith Celina Tánori Córdova indicó que la reforma eléctrica tendrá repercusión en el desarrollo del país, abona a la transición energética y a la rectoría del Estado. Además, cuestionó cómo se podrá negar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y tener tarifas bajas; por ello, las reservas son pertinentes.
La diputada Laura Patricia Contreras Duarte (PAN) dijo que el dictamen no incluye la información de los foros de parlamento abierto y que carece de claridad y certeza sobre la metodología de la transición energética, porque la CFE no tiene capacidad de cumplir los objetivos de la propuesta. Cuestionó cómo se brindará seguridad, autosuficiencia y abastecimiento de energía eléctrica limpia a bajo costo, si se cancela el mercado eléctrico y limita la inversión.
El diputado Miguel Torruco Garza (Morena) afirmó que el dictamen es el reconocimiento y consagración del modelo de transición energética que sentará las bases constitucionales para consolidar la soberanía y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París. Además, protege el derecho al medio ambiente sano y establece las condiciones, a fin de enfrentar la emergencia climática del planeta.
