Luego de cuatro años y medio de trabajo del proyecto “Protección de Recursos Naturales Selva Maya”, que nació con el fin de implementar una iniciativa regional, ha logrado promover el bienestar de su gente y la conservación del patrimonio natural y cultural del lugar.
Las acciones de varios organismos gubernamentales y de la sociedad civil dieron como resultado la sostenibilidad de la Selva Maya, así como marcar las pautas del camino a seguir en materia de conservación y manejo sostenible.
La Selva Maya, uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia a nivel mundial, comprende parte del territorio de Belice, el norte de Guatemala y el sureste de México. Alberga una diversidad ecológica y cultural incomparable, en ella confluyen extensas áreas de bosque y comunidades locales. Después de la Amazonía, la Selva Maya es el bosque tropical más extenso del continente americano.
El Proyecto
El proyecto fue implementado por la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en conjunto con las instituciones de áreas protegidas de los tres países que conforman la Selva Maya: el Departamento Forestal de Belice (FD por sus siglas en inglés), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (CONAP) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP).
La directora de la Oficina Regional de la UICN para México, América Central y el Caribe, Úrsula Parrilla, destacó que “este proyecto ha sido un verdadero reto para todos, pero también una enseñanza para demostrar que el trabajo conjunto y coordinado es la opción más sostenible, no la más fácil, pero sí la más duradera”.
El proyecto ha generado importantes impactos, tanto a nivel regional como en los tres países que participaron en la implementación, en especial en lo que se refiere al fortalecimiento del manejo efectivo de las áreas protegidas que fueron priorizadas.
Los resultados
Se destacó las medidas más importantes de impacto del proyecto como las mejoras en la infraestructura y movilidad a las áreas protegidas que permitieron el aumento en las actividades de control y vigilancia; y se fortaleció la operatividad en el territorio, a través del acondicionamiento de campamentos y centros de operaciones en campo, la adquisición de vehículos y equipamiento de guardaparques.
Asimismo, se logró mayor eficiencia y operatividad institucional para la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas que cuentan con planes de manejo vigentes y actualizados que involucran a las comunidades.
Se desarrollaron y promovieron guías innovadoras que brindan recomendaciones metodológicas para incluir el enfoque de género y mejorar la participación social inclusiva en la elaboración, monitoreo y evaluación de planes de manejo. Ver presentación
Por otra parte, se logró contar con un equipo tecnológico para hacer más eficiente la prevención y control de los incendios en las áreas protegidas de la selva; y con tecnologías que contribuyen al control y liquidación de incendios, la compra de drones y capacitación en el uso.
También es importante destacar la prevención de la deforestación y monitoreo biológico de los ecosistemas en la selva con capacitaciones y equipo adecuado de alto nivel para sistematizar información.
Sostenibilidad económica de las comunidades
Como parte de los resultados, se fortaleció la sostenibilidad económica de las comunidades presentes en las áreas protegidas y las zonas de influencia por medio del desarrollo de actividades productivas:
-Familias apoyadas con capacitación, intercambio de experiencias, análisis en la detección de nuevas oportunidades de ingresos
-La adquisición de equipos y diversos insumos para dar sostenibilidad a empresas comunitarias en la producción de miel
-Prestadoras de servicios turísticos y creadoras de artesanías.
Acciones de respaldo
Finalmente, en temas de comunicación se generaron campañas y producción de materiales de comunicación multilingüe que dieron mayor visibilidad para las áreas protegidas a nivel local, regional e internacional.
También se fortaleció la gobernanza regional por medio de la participación institucional y coordinación regional y se logró aplicar la perspectiva de género en los procesos institucionales, con lo cual se incrementó la participación de mujeres de manera equitativa en todos los procesos de toma de decisiones.
